El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo de la investigación, informaron fuentes judiciales.
Se trata de tres expedientes que desaparecieron de la Inspección General de Justicia.
Los tres expedientes habrían desaparecido de la Inspección General de Justicia semanas después de que estallara el escándalo de la ex Ciccone. Estarían vinculados con esta firma o Compañía de Valores Sudamericana, CVS; de London Supply y de The Old Fund, el fondo que se usó para comprar la empresa dedicada a la impresión de billetes.
Fuentes judiciales confirmaron que el Juez Martínez de Giorgi salió sorteado para investigar la denuncia presentada por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, robo calificado, asociación ilícita y encubrimiento agravado.
La denuncia es para que se investigue a Amado Boudou, al ministro Julio Alak, al actual de titular de la IGJ, Norberto Berner, a su antecesor, Marcelo Mamberti, y a los responsables de la ex Ciccone, entre ellos Alejandro Vandenbroele, que fue denunciado como presunto testaferro del vicepresidente.
«Desde la IGJ no se pueden extraviar, solo se pueden robar por los funcionarios a cargo del resguardo de tan importante legajo”, sostuvo Mussa en su presentación.
Según explicaron las fuentes, la denuncia había sido presentada en Comisaría y fue derivada al Juez de turno Sebastián Casanello, pero éste la derivó para sorteo.
Es que una disposición de la Cámara Federal ordena sortear entre otros magistrados las denuncias que ingresan por seccional cuando no se trata de delitos «in fraganti» para evitar el sistema de elección de jueces, conocido como «fórum shopping», por lo que finalmente la causa recayó en Martínez de Giorgi.
La causa de la ex Ciccone unificada, que también abarca un supuesto enriquecimiento ilícito contra Boudou y su entorno, se encuentra a cargo del Juez federal Ariel Lijo.
