Un fiscal federal apuntó contra empresarios, funcionarios y una universidad por un presunto esquema para eludir licitaciones y desviar fondos millonarios.
El caso se suma a otras investigaciones y a una serie de denuncias cruzadas en torno al negocio de las multas.
La denuncia apunta un entramado destinado a desviar fondos públicos y pagar coimas a cambio de habilitaciones para instalar radares.
Una denuncia judicial puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires. El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a empresarios, funcionarios y actores del ámbito académico de integrar un entramado destinado a desviar fondos públicos y pagar coimas a cambio de habilitaciones para instalar radares.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de causas que en los últimos meses expusieron irregularidades en el negocio de las multas. Entre ellas, el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos, en una investigación que también analiza maniobras vinculadas a fotomultas y la VTV.
Los acusados por Marijuan son Leandro Camani, dueño de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras de la tecnología de fotomultas, y Diego Kampel, Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señalado como el nexo institucional para facilitar las
Una denuncia judicial puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires.
Los acusados por Marijuan son Leandro Camani, dueño de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras de la tecnología de fotomultas, y Diego Kampel, Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señalado como el nexo institucional para facilitar las contrataciones.
Asimismo, el fiscal menciona la presunta connivencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hasta del propio titular de del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Martín Marinucci, quien justamente sucedió a D’Onofrio en el cargp. Todos estarían implicados en la causa por gestionar las autorizaciones para instalar los radares a cambio de coimas.
Camani ya había quedado en el centro de otra causa tras ser denunciado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta maniobra de extorsión vinculada a la instalación de cámaras. El enfrentamiento escaló semanas después, cuando el propio Camani denunció a Tapia por presunto abuso de autoridad.
En paralelo, la investigación de Marijuan avanza sobre un presunto mecanismo sistemático para eludir los controles en la contratación de radares. Según la denuncia, el esquema se apoyaba en convenios entre municipios y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), lo que permitía evitar licitaciones públicas.
A partir de allí, se habría montado una triangulación de fondos a través de una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de manera directa a empresas privadas. En ese circuito, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de los intermediarios, mientras que los municipios recibían una porción menor.
