La denuncia se da en el caso del asesinato de una joven Oficial de policía asesinada y que se intentó cubrir como si fuera un suicidio, por parte de dos efectivos policiales.
La familia de una joven policía, que fue asesinada en septiembre de 2001 en la localidad platense de Ringuelete en un hecho que se intentó encubrir como un suicidio, denunció que los dos detenidos, con prisión preventiva, y compañeros en la fuerza de la víctima “fueron beneficiados” por decisiones de los encargados de investigar el caso. “A la ex sargento Débora Ruth Vizcarra se la favoreció con salidas transitorias y ahora con el arresto domiciliario, mientras que el ex oficial Juan Carlos Veck fue alojado en la nueva alcaidía, en condiciones que nada se parecen a las de una cárcel”, manifestó Orlando González, padre de Valeria Alejandra González. La chica, entonces de 23 años y que cumplía funciones como oficial en la comisaría 8° de La Plata, apareció muerta, con un disparo en la cabeza, tirada sobre la calle 1, entre 518 y 519. En principio, hubo indicios sobre que se había quitado la vida, pero una serie de irregularidades en la instrucción policial del caso y las fundadas sospechas de los familiares de Valeria González derivaron en un giro en la investigación. El resultado de las pericias comenzaron a desvanecer la hipótesis del suicidio y la acusación hacia el novio de la joven, el también policía Juan Carlos Veck, más la complicidad de una “amiga” de ella, la sargento Vizcarra, llevaron a determinar que se estaba en presencia de un crimen. Casi diez años más tarde, se ordenó las detenciones de Veck y Vizcarra en la causa, que ya no estaba caratulada como “averiguación de causales de muerte” y sí como “homicidio agravado”. Ambos fueron procesados con prisión preventiva y si bien, tanto los abogados defensores de los imputados, como la querella, solicitaron nuevas medidas de prueba para seguir avanzando, el expediente aún no fue elevado a juicio.
Noticias desagradables
En este contexto, “nos encontramos con estas desagradables noticias, como que a ella le otorgaron el arresto domiciliario, al argumentar que tiene una hija pequeña a quien cuidar, mientras él goza de ciertos privilegios en su lugar donde se supone está preso”, manifestó el padre de Valeria González. “A nosotros, como particulares damnificados presentados en la causa, ni a nuestro abogado Martín Valenzuela, se nos notificó sobre que Vizcarra fue sometida a un examen psicológico para darle salidas transitorias y ahora, que cumpla la detención en su casa, por decisión del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y el aval del juez de Garantías Guillermo Atencio”, indicó Orlando González, quien también agregó que “con Veck pasó otra cosa extraña, solicitó una pericia complementaria y cuando llegó la fecha de realización, no se presentó”.
“Desde un primer momento estuvimos convencidos de que mi hija no se había suicidado, que había sido un asesinato. Con las detenciones de los considerados autores materiales del crimen entendíamos que todo se iba a encaminar a conocer la verdad, a una condena a los responsables. El tiempo sigue pasando, pero mientras esperamos el juicio, se presentan estas situaciones que tenemos que salir a denunciar. Ya nada, ni nadie nos va a hacer callar y todo esa cadena de complicidades de otros policías también deben esclarecerse. La muerte de Valeria no quedará impune”, concluyó el padre de la víctima.
