Córdoba:Presos VIP, con acceso a celulares, dinero y drogas

presos-vip1Un interesante artículo se publicó en el portal Crimen y Razón sobre presos VIP en la provincia de Córdoba y hago la aclaración al respecto porque el artículo entiendo debería abrir el debate de lo que es la corrupción en los servicios penitenciarios en general, porque no solo tienen acceso a los beneficios que el título del artículo indica y que hemos respetado, tienen acceso a mujeres, armas de fuego y la posibilidad obvia de recibir visitas sin horario ni controles.

La nota

Que el dinero trae favores y ciertos beneficios claros en la vida de un preso dentro de un penal nunca quedó tan evidente como la denuncia  a la que accedió  Crimen y Razón. La acusación la realiza la secretaria general del Sindicato Penitenciario y Policial SEPPA (Córdoba), Adriana Rearte. Los presos VIP tienen  acceso a determinados elementos de lujo, algunos de los cuales vulneran las reglas más elementales de la seguridad carcelaria.

El interno de la Unidad Penitenciaria Número 5 de Villa María, Gabriel R. (con antecedentes por hechos contra la propiedad)  subió las fotos a la red social Facebook y en las que claramente se pueden observar que en los pabellones que ellos habitan hay teléfonos celulares, internet, televisión satelital, dinero en efectivo y drogas. Elementos que pudieron sortear no solo la vulnerabilidad del penal, sino cualquier tipo de requisa posterior, todos elementos prohibidos para los presos en cualquier institución carcelaria del país.

El sindicato denuncia los privilegios de determinados presos en detrimento de la seguridad de reclusos y penitenciarios: “Las fotos de los detenidos son muy osadas, es un descaro. Están detenidos, y es algo desafiante. Gozan de impunidad. Chocan al sistema, droga, cocaína y celulares. Esta todo prohibido y sin embargo lo tienen. Ellos muestran lo prohibido. Le falto mostrar un arma nomás”, indica la secretaria.

Fuentes del Servicio Penitenciario de la provincia indican que en realidad los presos que acceden a esos módulos tenían que pagar indirectamente entre 1.500 y 3.500 pesos para poder acceder a esos beneficios.

“La justicia de Córdoba tiene que actuar de oficio. Tienen esas bolsas conocidas como lágrimas de cocaína y no pasa nada.  El tribunal de conducta también debería de actuar de oficio. El penitenciario común no lo permite. Esto es por un sector mínimo corrupto, y el director del penal de Villa María no lo puede no saber”, concluye Rearte.

La Justicia ahora deberá investigar cómo pudieron entrar tantos elementos prohibidos al penal de Villa María, eludiendo todo tipo de controles que técnicamente debe haber en la institución. También  deberán establecer cómo era la relación entre los presos VIP y algunos los guardias cárceles: si ellos arreglaban directamente con los que estaban de guardia en ese sector, o si la red de corrupción estaba más extendida adentro del penal. Incluso si abarca también a otros módulos.

En la cárcel de Villa María las celdas tienen dos metros y medio por cuatro y medio, y en ellas conviven un mínimo de cinco personas, varias tienen seis o siete, hasta ocho. Según el último censo penitenciario del establecimiento de Villa María tienen una capacidad de 400 personas. Pero en realidad hay 510; una sobrepoblación de 110 internos.

Hasta el momento, el Servicio Penitenciario Provincial a cargo del Jefe Inspector Gral. Juan María Bouvier no tomo ninguna medida. El Servicio Penitenciario depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Tampoco se dio intervención a la fiscalía competente, ni a la Policía de la Provincia y al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba.

La salud y la vida de las personas detenidas como así también de los penitenciarios son responsabilidad del Poder Judicial, el estado provincial y el tribunal de disciplina.  La cárcel de Villa María está abarrotada de personas, existe un alto grado de hacinamiento, en espacios sumamente reducidos, pero también existe otra contra cara: corrupción, presos vips con celulares, dinero y drogas.

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Por Ignacio Ramírez

Fuente: Crimen y Razón.

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