Como consecuencia de las medidas que adoptó el PAMI, recortes de medicación con descuentos al 100%, quita de beneficios a más de 1,6 millones de afiliados, las demoras de meses en la entrega de prótesis, la falta de médicos especialistas, etc.
El subsidio social que recibía 1,6 millón de jubilados afiliados se cortó de forma abrupta para el 80%, de los cuales se estima que el 40% abandonó el tratamiento y ya no toma su medicación. “Es humillante que los jubilados deban demostrar pobreza para recuperar un derecho”, aseguró Christian D’Alessandro, abogado previsional y especialista en adultos mayores, sobre la medida que tomó en enero último el PAMI que conduce Carlos Regazzoni.
En vez de auditar primero cada caso y cortar el servicio a quien corresponda después, el PAMI tomó el camino inverso y con una resolución cortó la cobertura a casi todos los jubilados que accedían a los remedios con el 100% de descuento, porque no cumplen con ciertos requisitos (ver abajo a la derecha).
La primera consecuencia es que “muchos jubilados están dejando de realizar los tratamientos o compran menos cantidad de los remedios que necesitan. Algunos los toman un día sí y otro no”, contó quien es también director del Instituto de las Personas Mayores, del Colegio de Abogados de Morón.
“Lo vemos todos los días, los jubilados están acudiendo a las familias para comprar la medicación”, continuó. De hecho, un reciente estudio reveló que el 39% de los jubilados nacionales que perdió el beneficio total sobre los remedios dejó de adquirirlos. Entre los que siguen comprando, el 69% sólo se lleva algunos de los recetados y apenas el 31% continúa adquiriendo todas las drogas.
El dato surge de un sondeo realizado este mes por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Los centros de jubilados perciben la misma realidad. “El estudio expresa lo que ocurre a nivel general en todo el país”, sostuvo el especialista. Para colmo de males, se calcula que los remedios más necesarios o de consumo masivo subieron su precio muy por encima de la inflación, en algunos casos hasta el 132%, con picos que llegaron a 236%. Surge de la comparación entre 2015 y 2016 y “como resultado de la desregulación de los precios que fijan los laboratorios. Antes necesitaban la autorización de la Secretaría de Comercio”, explicó D’Alessandro.
Por eso, en los primeros meses del año muchos jubilados debieron presentarse a realizar el trámite para recuperar la quita del beneficio.
