El Gobierno puso en venta dos de las centrales térmicas más eficientes que construyó el Estado en las últimas décadas. Se trata de Manuel Belgrano, en Campana, y José de San Martín, en Timbúes, dos ciclos combinados que suman cerca de 1.740 MW y nacieron de una ingeniería bastante poco libertaria: el Estado reunió recursos del propio mercado eléctrico, organizó el financiamiento, sentó a los generadores privados en la mesa y construyó las centrales. Ahora las privatiza.

El decreto 1107 publicado este lunes en el Boletín Oficial, autorizó la venta mediante licitación pública nacional e internacional de todas las acciones que Energía Argentina (ENARSA) tiene en ambas compañías. El Estado posee el 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín. La misma norma prepara además la posterior privatización de la central Guillermo Brown, una vez que termine de liquidarse su fideicomiso.

La historia de Belgrano y San Martín es importante porque explica qué es exactamente lo que ahora se vende. Las dos centrales nacieron del FONINVEMEM, el Fondo para Inversiones Necesarias que permitan incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, diseñado por el entonces ministro de planificación, Julio De Vido.

El mecanismo nació tras la crisis de 2001, cuando la pesificación y el congelamiento habían acumulado deudas con los generadores y frenado la inversión. En lugar de pagar y liberar esos recursos, el Estado armó otra alquimia: los privados convirtieron parte de lo que les debía CAMMESA en aportes para construir nueva generación. Así nacieron las sociedades Manuel Belgrano y José de San Martín y, en 2006, los fideicomisos que financiaron las obras. CAMMESA aportó las acreencias, el BICE administró los fondos y los generadores participaron de la construcción y recibieron acciones según sus aportes.

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El resultado fueron dos centrales de ciclo combinado de enorme escala. Las turbinas comenzaron a generar en ciclo abierto en 2008 y los ciclos combinados quedaron habilitados comercialmente a comienzos de 2010. Actualmente San Martín tiene una potencia instalada de unos 865 MW y Manuel Belgrano, de 873 MW. Una está en Timbúes, Santa Fe, y la otra en Campana, provincia de Buenos Aires.

En el sector energético existe un consenso poco habitual alrededor de aquella experiencia. Incluso ejecutivos que cuestionan buena parte de la política energética kirchnerista reivindican el FONINVEMEM como una solución inteligente para un momento en que faltaban inversiones y sobraban acreencias impagas.

Fue probablemente una de las mejores ideas que tuvo el Estado en el mercado eléctrico: agarró una deuda que tenía con los privados y la convirtió en fierros y megavatios.

«Fue probablemente una de las mejores ideas que tuvo el Estado en el mercado eléctrico: agarró una deuda que tenía con los privados y la convirtió en fierros y megavatios», resumió a LPO una fuente del sector.

El modelo tenía otra particularidad. El Estado no expulsó al capital privado ni entregó simplemente el negocio. Organizó un esquema en el que CAMMESA, el BICE, la Secretaría de Energía y las generadoras compartieron funciones y riesgos. Es decir, la deuda del sistema terminó transformada en dos centrales que todavía producen electricidad casi veinte años después de iniciado el proyecto.

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La privatización tampoco aparece de la nada. El Gobierno incluyó en el Presupuesto un beneficio impositivo para transferir el patrimonio de los fideicomisos Manuel Belgrano y Timbúes a las respectivas sociedades generadoras. La medida alcanza al Estado, pero también a los accionistas privados. Entre ellos está Central Puerto, vinculada a Nicolás «Nicky» Caputo, que participa en las dos compañías.

El decreto de este lunes completa el movimiento. ENARSA pondrá en venta sus participaciones del 65,01% y 68,83%. Los privados conservarán las suyas y los pliegos deberán respetar los derechos de preferencia establecidos en los estatutos de las compañías. No habrá Programa de Propiedad Participada para los trabajadores. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que conduce Diego Chaher, asistirá al Ministerio de Economía en el proceso.

Ahí aparece la pregunta más delicada: cuánto valen las dos joyas que el Gobierno decidió sacar a remate. No es un detalle contable. Como reveló LPO, Economía desplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación de varios procesos privatizadores y puso las valuaciones en manos del BICE. El banco creó recién en julio de 2025 una Unidad de Valuaciones y utiliza, entre otras herramientas, el método de flujo de fondos descontados.

La diferencia puede valer cientos de millones de dólares. El Tribunal de Tasaciones tradicionalmente analizó centrales mediante criterios de ingeniería: cuánto cuestan las turbinas, las instalaciones electromecánicas, los edificios, terrenos y demás componentes; cuál es su vida útil y cuánto costaría reponerlos. El flujo de fondos descontados mira principalmente la caja que el activo podría generar hacia adelante y la trae a valor presente mediante una tasa. Cuanto más elevada es esa tasa, menor puede resultar la valuación.

El antecedente de la central Ensenada de Barragán muestra hasta dónde puede llegar esa diferencia. En 2018, el Tribunal de Tasaciones calculó un valor de reposición de 856,6 millones de dólares y un valor actual de 688,3 millones. Después de descontar una deuda con la ANSES, llegó a un valor patrimonial de 305,9 millones. Un ejercicio de flujo de fondos de ENARSA, en cambio, arrojaba 270,86 millones de dólares utilizando una tasa de descuento en dólares del 12,57%.

En el informe del Tribunal de Tasaciones había incluso algo todavía más llamativo. En la proyección financiera en base al flujo que realizó Enarsa, al finalizar los 25 años considerados la central quedaba con valor residual cero. Para el Tribunal de Tasaciones ocurría exactamente lo contrario: calculaba que para 2042 todavía quedarían 320,1 millones de dólares de obra electromecánica, 82,2 millones de obra civil y, sumando el terreno, un valor residual total de 408,1 millones.

Barragán finalmente se vendió en 2019 por 229,4 millones de dólares. La Auditoría General de la Nación cuestionó después aspectos del proceso y sostuvo que sus debilidades habían impedido una gestión efectiva, económica y eficiente. Frente al valor actual de 688,3 millones determinado por el Tribunal, el precio final de venta quedó 458,9 millones de dólares abajo.

Por Luciana Glezer

Fuente: La Política Online