Anoche, tal como estaba anunciado por las redes y algunos medios locales, familiares, amigos y vecinos de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, marcharon con un solo grito y consigna ¡Justicia por Pablo!.
La convocatoria era en la intersección de las calles Madariaga y Luis María Campos, donde se produjo el «accidente» que le costara la vida a Pablo Harra, en manos de quien conducía el auto que arrolló su moto y su cuerpo Melina Mayra Suchetti, los vecinos se concentraron a las 19:30 hs. para luego marchar por la Av. Mitre hasta la comisaría 4ta de Sarandí, ya que la causa se vio seriamente complicada en la instrucción de la misma por una sumatoria de irregularidades que la mamá de Pablo Daniela, no considera por sus más de 10 años de oficial de la Policía Bonaerense le permiten con fundamente sospechar existió algo detrás de ese incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Todo se desarrollaba con total normalidad, la gente con dolor solo querían demostrar con su presencia que apoyan a la familia y que todos quieren lo mismo, Justicia, más seguridad, que no es solo la que evita los delitos, sino que cuando ocurren hechos criminales la policía este a la altura de las circunstancias y no queden dudas de la profesionalidad que se supone tiene.
Lamentablemente hechos como estos, demuestran lo que desde El Sindical venimos sosteniendo, y que la seguridad no pasa por más policías o móviles si luego no se van a realizar los procedimientos policiales como los establece la Ley. En este caso a todas las irregularidades que ameritan un sumario administrativo por parte de los superiores policiales, se suma la necesidad de que la justicia investigue otros delitos, como ser posible comisión del delito de encubrimiento, de cohecho e incluso hurto con el agravante de ser cometido durante un accidente, ya que a Pablo que circulaba con su caso colocado, como se pudo probar gracias a cámaras de seguridad privadas, alguien le sustrajo su casco, sea por el motivo que sea, ese acto es un claro delito.
Una vez más quedó en evidencia la ineficiencia y la calidad de las cámaras del municipio, que además de demorar en entregar los videos a la Fiscalía que investiga, la calidad de las imágenes son pésimas, se gasta en cámaras que cuestan carísimas y se compra lo peor.
Al llegar a la esquina de la comisaría 4ta, todos nos encontramos con una desagradable sorpresa, la policía había montado un operativo policial, cortado la calle con cintas de seguridad e intentó evitar que la gente se colocara en la puerta de la comisaría para manifestarse, un Comisario intentó a los gritos frenar el avance de la gente, pero la rápida actitud del Jefe Distrital Javier Villar de detectar que la gente solo quería ser escuchada y permitir el pase de ellas e incluso recibir a la mamá y a la concejal Verónica Juárez, la única concejal que según palabras de la madre, se ocupó de ayudar en la causa a sanear dentro de sus limitaciones los escollos.
En la reunión privada entre el Jefe Distrital, la mamá y la concejal, se charlaron temas vinculados a la investigación y a las sospechas de la mamá sobre el accionar de algunos policías, luego de la reunión la mamá les comunicó al resto de la gente que se quedó pidiendo justicia en la puerta que desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires, representada por el titular de la Jefatura Distrital era la de no tolerar ninguna acción injustificada en el accionar policial y que se iniciarían los sumarios que correspondan, también se le pidió que realice la denuncia judicial contra el efectivo que es acusado de incumplir sus funciones policiales de apellido Román.
Ahora está pendiente qué hará el Fiscal del caso de la UFI Nº 3 Rojas, sobre quien pesan varios reclamos brinde explicaciones sobre los motivos por los cuales aún o se secuestro el auto de la conductora, la falta de pericias, la inacción en extraer testimonios para que se investigue el accionar policial, ya que el responsable de la investigación penal preparatoria es el Fiscal y su responsabilidad es indeclinable, salvo que haya solicitado las medidas y el Juez de Garantías las hubiera rechazado.
Desde la familia, denuncian connivencia de la policía, de políticos y sindicalistas en encubrir los hechos, será el tiempo y la justicia los encargados de aclarar un hecho que vuelve a dejar en la mira a las actores sociales del partido de Avellaneda.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
