Personal policial y judicial allanó ayer por la mañana un galpón donde se acopian alimentos destinados a asistencia social. Según informaron fuentes municipales, durante el procedimiento fueron detenidas tres personas y se secuestró documentación. El intendente Jorge Ferraresi decretó la intervención provisoria del lugar y hoy será informado por la Justicia sobre el estado de la causa.
Bajo las ordenes del fiscal Castro, de la UFI IV del Polo Judicial de Avellaneda, personal de la policía de la provincia de Buenos Aires allanó ayer un depósito municipal utilizado para el almacenamiento de mercadería y alimentos, en el marco de una causa que investiga irregularidades administrativas y la presunta comercialización de productos destinados a asistencia social.
El procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana en un galpón ubicado al 4000 de la calle Salvador Soreda, de Villa Dominico, y fueron detenidas tres personas.
Según informaron anoche fuentes oficiales, de los implicados sólo uno es empleado municipal; mientras que del resto por ahora se desconoce su vinculación con la causa (se trata de un fletero y de un empresario).
En paralelo con la revisión del lugar, de donde se secuestró documentación sobre el manejo que se hace de la mercadería que llega allí procedente del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, se realizaron pesquisas en una heladería de Avellaneda y en el domicilio particular de tres de las personas involucradas.
La sospecha de la Justicia, que se especula habría surgido de la denuncia de un empresario local dedicado a la producción y venta de helados, es que dos de los productos recibidos por el Municipio para repartir en zonas carenciadas (azúcar y leche) sean comercializados por personal que trabaja en el depósito.
Tras conocer la noticia, el intendente Jorge Ferraresi ordenó por decreto, como “medida preventiva”, la “intervención” del lugar hasta que la “Justicia compruebe o no” las irregularidades investigadas.
Asimismo, en declaraciones a medios nacionales, el mandatario aseguró desconocer el presunto desvío y posterior comercialización de los alimentos, y no dudó a la hora de comprometer públicamente su apoyo a la fiscalía para lograr el esclarecimiento de la causa.
Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial, a cargo del ex jefe municipal y referente máximo del PJ local, Baldomero Álvarez de Olivera, algunos allegados despegaron a la cartera del escándalo y advirtieron que la responsabilidad es “exclusivamente” de la comuna.
