Agrupación gremial denuncia irregularidades en la Justicia Laboral

Reproducimos comunicado de prensa:

En un fallo brutalmente escandaloso, donde se hace más que evidente una vez más que “por la plata baila el mono”, Jumbo Retail se “reunió” con la «justicia» para “exponerle” su situación con respecto a lo complicado y las pérdidas de ganancias que significa tener delegados combativos que dirigen una base de compañeros en una multinacional explotadora.

Hace dos meses atrás, el Juez Pablo Candal a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo número 26, fallaba a favor del Delegado del Disco 16 de Palermo (Jumbo) Daniel Romero tras las causas inventadas por la empresa, basándose en todas las pruebas que presentó el delegado (recibos donde Jumbo le practicaba descuentos ilegales de inasistencias inventadas, recibo de sueldo con $0.00, deducciones varias ilegales descontándoles el 75% de su sueldo, la persecución y hostigamiento por su actividad gremial), donde quedaba más que claro que la empresa incurrió reiteradas veces al incumplimiento del art. 53 de la ley 23.551 basado en las prácticas desleales en las asociaciones sindicales tales como: Subvencionar, obstruir, dificultar, impedir, despedir, suspender y modificar las condiciones de su personal o discriminar por su actividad sindical, entre otros puntos (Ver ley completa en http://www.atsatucuman.org.ar/ArchImag/Ley%2023551.pdf ).

Al verse la empresa coartada de libertad para despedir al delegado Daniel  luego de este fallo, decidió apelar hasta conseguir su capricho. Esta vez, la causa cayó en manos del Juez Héctor C. Guisado, el mismo juez que anulara las elecciones de la CTA junto a la Jueza Silvia E. Pinto Varela que también se encuentra en el fallo contra el delegado Daniel. Éste Juez que misteriosamente cuando le llegan causas de Jumbo Retail siempre falla a favor de la empresa, defenestra al trabajador, aunque otro Juez en primera instancia falle a favor del empleado. Sus escandalosos fallos pueden encontrarse en internet. Un mamarracho judicial que ha ninguneado, o mejor dicho desestimado a “todos los testigos a favor del acusado por Jumbo, además de hacer caso omiso de las contradicciones que plantearan los testigos jerárquicos de la empresa.

Si bien Guisado admite que comparte la conclusión del Juez Pablo Candal  cuando invoca el art. 53 de la ley 23.551 en la que se basó para fallar a favor de Daniel Romero, a Héctor Guisado le pareció más conveniente basarse en la declaración de una encargada de seguridad de la empresa “Hunter” Andrea Aliberto (quien además fue despedida por esta empresa) alegando que el delegado Daniel “se había negado reiteradamente a ser revisado por el personal de seguridad” (donde todo empleado debe ser registrado por personal de su mismo sexo, lo que NO ocurre en Jumbo). De esta declaración, no hubo testigos oculares del hecho, pero la empresa impunemente presentó como testigo al jefe de seguridad Barisonzi, que confirmó que el hecho sucedió, pero contradiciéndose al declarar que él “no vio ni escuchó nada, todo lo sabía porque la encargada de seguridad se lo había contado”. Ante esto, Guisado revocó al hacer caso omiso de las declaraciones de los testigos a favor del delegado Daniel, que afirmaron “todos” que el hecho jamás ocurrió, y que el delegado siempre accedió a la revisación. Pero lo más curioso fue con la rapidez que salió este fallo a favor de Jumbo, ya que sólo pasaron dos meses del fallo anterior a favor de Daniel. Queda claro, el peso que tiene el nombre de una multinacional, que cuando quiere aniquilar una organización obrera hace que la justicia de los ricos sea verdaderamente rápida, haciendo que Héctor C. Guisado junto a Silvia E. Pinto Varela dictaran: “Propongo entonces revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda, autorizando a la actora a despedir al demandado”. Con esto, no sólo permite impunemente que la empresa despida a un delegado de base votado democráticamente por sus compañeros y perteneciente al sindicalismo de base al igual que su compañero Diego Vargas, sino que además dicta que Daniel Romero debe hacerse cargo de todas las costas de los profesionales, tanto de la parte demandante como de sus propios abogados, en un 35% y un 25% respectivamente, siendo que este delegado cobra un sueldo de miseria, en la que de ese salario la empresa le practica descuentos ilegales de inasistencias inventadas y de deducciones varias que no precisan qué es lo que se le descuenta, llegando a veces al 75% del sueldo, y no sólo eso, sino que debe afrontar los gastos de un alquiler de $1.000, además de los gastos que significa ser sostén de una familia.

Ahora los compañeros deben esperar sobre la apelación del delegado Diego Vargas, quien también afronta juicio de desafuero, y a pesar que en primera instancia la justicia falló a su favor, habrá que esperar en qué juzgado caerá su causa en la que Jumbo también apeló, y saber si será o no un Juez incorruptible.

Con esto dejan demostrado que, ser pobre, ser desocupado, ser trabajador/ra, ser estudiante, y además de todo eso ser luchador/ra…es “SER UN CRIMINAL”. Mientras los jueces, juezas, instituciones policiales enteras, las empresas y el gobierno son socios inescrupulosos que viven en el margen de la ilegalidad, violando todas y cada una de las leyes que estos mismos jueces de los ricos dictan, contradiciéndose a gusto, total, mientras los brillantes verdes que las empresas les otorgan por hacer el trabajo sucio de desmantelar las organizaciones obrero estudiantiles vayan a sus cuentas bancarias.

Da asco e indignación ver cómo cada día el poder capitalista avanza sobre los derechos y las morales, ver cómo cada día se quiere destruir la clase obrera en pugna contra las multinacionales explotadoras y las empresas nacionales usureras y esclavistas.

Estos tipos de fallos escandalosos cómplices de las empresas, ya han mostrado
precedentes, como en la criminalización de la protesta. Uno de los fallos más ridículos fue el caso de uno de los delegados de la Comisión Interna de Kraft ex
–Terrabusi Javier “Poke” Hermosilla, que fue procesado por el corte de ruta en la Panamericana al manifestarse junto a sus compañeros en repudio de la muerte del compañero Mariano Ferreira y a pagar una suma desorbitante de $210.000, siendo un trabajador que sólo llega a un sueldo de casi $3.000 mensuales. Así mismo, otros integrantes de la CI de Kraft Lorena Gentile y Ramón Bogado fueron procesados por el mismo hecho, donde sólo Bogado fue sobreseído. También se conocieron los casos de otros delegados de base que fueron procesados, como es el caso de Hernán “Bocha” Puddú, candidato a legislador provincial en Córdoba por el FIT, quién se desempeñaba en la fábrica de Fiat Iveco, Puddú afrontó también un juicio de desafuero, en el cual las dos instancias fallaron en su contra, logrando la empresa el permiso para no sólo quitarle los fueros, sino que además lograron despedirlo y dejar a su base sin su representación. Otro caso es el de Víctor Ottoboni, delegado de base en Fate, que hasta estos días se está luchando para que la justicia no falle en su contra, en la que se realizan marchas reclamando que se cesen los ataques de las patronales a todos los delegados y al sindicalismo de base. No sólo los trabajadores sufren este tipo de persecución, sino que además los estudiantes que apoyan y revindican la lucha obrera están en la mira tanto del gobierno nacional como el de la ciudad. Es el caso de tres universitarios que fueron procesados por cortar las avenidas Corrientes y Callao en apoyo a los/as trabajadores/ras de Kraft. En el día 10 de agosto se dictó sentencia, de la cual los tres universitarios Juan Oribe, Jesica Calcagneo y Patricio del Corro fueron absueltos. Pero aún dos compañeros petroleros Víctor Oñate y Juan José Acosta continúan presos tras una redada policial en conjunto con la gendarmería por orden del juez Eduardo Quelín al servicio del poder político santacruceño.

No dejemos pasar ni un proceso más hacia los compañeros que la luchan todos los días. La lucha de los/as trabajadores/ras nos pertenecen a todos. No permitamos que entre el gobierno, la justicia y los poderosos nos marginen en nuestro propio suelo militarizando los pueblos y las ciudades.

Basta de criminalización a la protesta y a esta justicia corrupta!!!  Basta de procesar y perseguir al sindicalismo de base y a los estudiantes en lucha!!!  Basta de militarización de los barrios pactado por Kristina y las fuerzas políticas de oposición por derecha!!!
Viva la lucha obrera y estudiantil!!!!

Agrupación Comercio Despierta
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Un comentario de “Agrupación gremial denuncia irregularidades en la Justicia Laboral

  1. hola, que tal. estaba leyendo su nota y casualmente el dr. guisado dicto un fallo a favor de citytech haciendo un copiado textual de otra sentencia. es garcia susana c/ citytech s/ despido. se dicto el 30/6/17.

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