2.484 personas murieron en instituciones bonaerenses de salud mental entre el 2016 y 2025

Hay números que no pueden pasar de largo. Porque detrás de cada uno hay una persona, una familia y una historia.

El Informe Anual 2026 de la Comisión Provincial por la Memoria revela que 2.484 personas murieron entre 2016 y 2025 mientras estaban institucionalizadas por motivos de salud mental. Solo en 2025 fueron 230 muertes.

Y el dato es todavía más grave: durante ese año se registraron 894 hechos de tortura y otras violaciones de derechos humanos contra 280 personas.

Falta de atención médica, agresiones físicas, sobremedicación, aislamiento, sujeciones, malas condiciones de alojamiento y denuncias de abuso sexual contra mujeres internadas forman parte de una radiografía que obliga a preguntar qué está haciendo el Estado para proteger a quienes más necesitan cuidados.

Algunas personas permanecen internadas durante décadas. Otras son sometidas a prácticas que vulneran su dignidad. También se detectaron instituciones donde niños, niñas y adolescentes compartían espacios con adultos.

Una internación no debería significar perder derechos. Una discapacidad no puede convertirse en una condena.

¿Conocés a alguien que haya sufrido vulneraciones dentro de una institución de salud mental o discapacidad? ¿Creés que estos lugares están realmente controlados?

Compartí. Porque el silencio también puede convertirse en otra forma de encierro.

Diputados: pidieron declarar la emergencia en salud mental en la provincia

A principios de abril, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en salud mental en toda la provincia de Buenos Aires durante los próximos tres años, con el objetivo de fortalecer el sistema de prevención, atención y tratamiento para personas con trastornos mentales, conductas suicidas y consumos problemáticos.

En rigor, la propuesta busca que el Ministerio de Salud fortalezca la red provincial de atención en salud mental, amplíe los dispositivos de prevención y tratamiento, mejore la disponibilidad de recursos humanos especializados, garantice la atención oportuna en situaciones de crisis, implemente sistemas de información epidemiológica y desarrolle políticas públicas de prevención comunitaria.

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