Un aumento del 20,5% en los casos de sífilis expone un crecimiento que lleva más de una década y que golpea con fuerza a jóvenes y mujeres en edad fértil.

La sífilis, una enfermedad perfectamente prevenible y tratable, volvió a encender alarmas en Argentina con un aumento del 20,5% de casos respecto del mismo período de 2024. El dato surge del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y confirma una tendencia inquietante: desde 2011 la curva no deja de subir, pero a partir de 2015 se acelera de manera marcada. Entre 2015 y 2019, los casos directamente se triplicaron. Nada de esto ocurre por sorpresa. Nada de esto, tampoco, es nuevo. Pero el incremento de 2025 revela que el país sigue sin una estrategia sólida para frenar una infección que avanza con fuerza entre jóvenes y grupos vulnerables.

Según el informe, este año se registraron 36.702 casos en la población general. Y si bien el aumento es generalizado, algunas provincias se convirtieron en verdaderos focos rojos. Neuquén encabeza la lista con un aumento del 110%, seguida por Entre Ríos (72%) y Tierra del Fuego (57%). En paralelo, otras jurisdicciones -Formosa (-42%), San Luis (-18%), La Pampa (-14%) y Santa Fe (-2%)- muestran descensos relativos, aunque se trata de territorios con menor volumen absoluto de casos.

La mayor carga se concentra en personas de 15 a 39 años, que representan el 76% del total. El impacto más fuerte se observa entre los 20 y 29 años, una franja crucial donde las tasas alcanzan niveles particularmente altos. En el grupo de 30 a 34 años la situación también es crítica, con 146,7 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por adolescentes de 15 a 19, donde la tasa llega a 108,2 por 100.000. A partir de los 35 años, los casos empiezan a descender, especialmente entre mujeres.

La cartera sanitaria asegura que este aumento forma parte de una tendencia global y regional, y que afecta con mayor intensidad a jóvenes y mujeres en edad fértil. Pero más allá del contexto internacional, el brote local expone una realidad incómoda: la falta de campañas masivas de prevención, la caída en los controles periódicos y los vacíos en el acceso al diagnóstico, especialmente en el primer nivel de atención.

El Ministerio de Salud sostiene que trabaja con las provincias para fortalecer la vigilancia epidemiológica, sistematizar datos y anticipar escenarios. También afirma que mantiene un análisis constante de las notificaciones, en embarazadas y expuestos perinatales, para detectar brotes y evaluar respuestas sanitarias. Sin embargo, la enfermedad sigue creciendo y las cifras muestran que las estrategias, hasta ahora, resultan insuficientes.

El Estado distribuye reactivos para pruebas rápidas y penicilina benzatínica -tratamiento indispensable- bajo un sistema de abastecimiento continuo. Sobre el papel, la lógica parece robusta: monitoreo de consumos, proyección de demanda y priorización de áreas críticas. En la práctica, la realidad es más áspera: demoras, faltantes intermitentes y desigualdad territorial marcan la experiencia cotidiana de los centros de salud. 

El propio Ministerio reconoce la necesidad de fortalecer el uso de pruebas rápidas en el primer nivel de atención para reducir barreras y facilitar diagnósticos en pocos minutos. Pero la implementación avanza con lentitud, sin una estrategia de comunicación pública que acompañe, y sin un refuerzo presupuestario que permita sostener equipos y garantizar acceso universal. Mientras el Estado insiste en que «viene trabajando» y que los datos «permiten caracterizar poblaciones afectadas», la curva epidemiológica le responde con una crudeza difícil de ignorar: la enfermedad crece más rápido que las políticas para frenarla. La sífilis no irrumpe de golpe: avanza a plena luz, año tras año, sin demasiada resistencia. Y el brote actual, lejos de ser una sorpresa, es la consecuencia directa de un sistema sanitario que sigue reaccionando tarde.