El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi emitió una resolución que paraliza la investigación por la criptoestafa $LIBRA, donde están implicados empresarios cercanos a Milei. En diez páginas, el magistrado justificó su inacción, negó el acceso del Congreso al expediente y dejó en evidencia la protección judicial al poder de turno.
El “no fallo” de Comodoro Py
Mientras los tribunales federales se mueven con una celeridad asombrosa cuando se trata de perseguir opositores, la causa que compromete al entorno presidencial de Milei se detiene en seco bajo el despacho del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
El 29 de octubre de 2025, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 emitió una resolución en la causa CFP 772/2025, conocida como “Causa $LIBRA”, uno de los expedientes más sensibles del año por sus ramificaciones políticas, financieras y tecnológicas.
En diez páginas, el juez logró lo que en los pasillos de Comodoro Py se llama un “no fallo”: una pieza formalmente impecable que justifica todo para no resolver nada.
El congelamiento de la causa
La investigación, señala el periodista Martín Velázquez desde EnOrsai, apunta al presunto uso de una criptomoneda —promovida por figuras cercanas a Milei— para manipular el mercado y obtener ganancias especulativas. Sin embargo, De Giorgi rechazó las medidas clave: no indagó a los empresarios Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, y además le negó el acceso al expediente a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
El periodista Juan Alonso lo resumió con precisión quirúrgica en su cuenta de X (ex Twitter):
Causa $LIBRA: el juez Martínez De Giorgi rechazó la detención y la indagatoria de Novelli y Terrones Godoy. También le negó el acceso a la causa a la comisión investigadora de Diputados. Diez páginas de excusas para dilatar el trámite del expediente.
Y tenía razón. El texto judicial está plagado de formalismos procesales y justificaciones circulares: se invocan medidas cautelares vigentes para no avanzar en la instrucción, y se bloquea el control institucional del Congreso bajo el argumento de “no entorpecer” la investigación.
El Congreso, afuera
La Comisión Investigadora, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), había solicitado acceso irrestricto a la documentación probatoria, en coordinación con la causa 574/2025 “Milei Javier Gerardo y otros s/ averiguación de delito”, donde se indagan posibles maniobras de especulación con criptomonedas.
El planteo era claro: garantizar el control institucional sobre una causa que toca al Ejecutivo. Pero De Giorgi cerró la puerta. Alegó que la intervención parlamentaria podría “afectar la preservación de pruebas”, aunque en la misma resolución reconoce que no existen riesgos procesales porque las medidas cautelares —como el congelamiento de activos y la prohibición de innovar— ya garantizan esa preservación.
En otras palabras, el juez reconoce que no hay riesgos, pero igual impide el acceso y frena la investigación. Resultado: un cerrojo judicial perfecto.
Novelli, Terrones Godoy y la trama cripto
Los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los mismos a quienes el juez decidió no indagar, aparecen vinculados en plataformas exchange como KIP Protocol, donde se habría ensayado un mecanismo de pump and dump: comprar barato, inflar el activo con propaganda mediática y vender justo antes del derrumbe.
El esquema se habría repetido luego con $LIBRA, dejando ganancias estimadas en más de 600 mil dólares. Pero en lugar de profundizar la investigación, el juzgado optó por paralizar todo.
El blindaje político y judicial
La decisión de De Giorgi tiene una lectura política inmediata. En lugar de garantizar la transparencia, envía una señal de protección al entorno de Milei, justo cuando el gobierno enfrenta acusaciones por conflictos de interés y negocios financieros vinculados al Estado.
La Comisión Investigadora buscaba precisamente eso: seguir el rastro del dinero, las wallets y las transferencias entre funcionarios, asesores y empresarios. El juez decidió que eso no suceda.
Su argumento central es casi una ironía: sostiene que “las medidas cautelares actualmente vigentes resultan idóneas para prevenir cualquier entorpecimiento”, y por tanto no hace falta actuar. Pero esas mismas cautelares son el pretexto para no abrir el expediente al control público.
La vieja costumbre de Comodoro Py
El fallo de De Giorgi se inscribe en una tradición muy conocida: dictar resoluciones largas para no hacer nada.
El formalismo se convierte en escudo. Las subordinadas, en coartadas. Las frases impersonales, en excusas.
Así, el expediente se enfría.
Los sospechosos no son imputados porque no hay riesgo de fuga.
El Congreso no accede porque podría entorpecer.
Y la justicia no avanza porque las medidas ya son “suficientes”.
Otro caso más archivado con prolijidad, sello y firma.
Un sistema que se tokeniza
La gravedad del asunto trasciende la causa $LIBRA.
Cuando un juez actúa con severidad selectiva —duro con los opositores, complaciente con el poder— el sistema judicial deja de ser árbitro y se convierte en actor político.
En la Argentina de Milei, la impunidad también se tokeniza: se fragmenta, se intercambia, se vende como libertad de mercado.
El $LIBRA no fue sólo una criptomoneda, fue un ensayo del modelo libertario aplicado al poder: convertir la política en un activo especulativo.
Y Martínez De Giorgi, con su pluma cuidadosa y su silencio institucional, acaba de garantizar que esa cotización siga en alza.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
