{"id":90200,"date":"2019-10-01T14:23:23","date_gmt":"2019-10-01T17:23:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=90200"},"modified":"2019-10-01T14:24:59","modified_gmt":"2019-10-01T17:24:59","slug":"la-corte-suprema-obligo-al-estado-nacional-a-asumir-toda-la-rebaja-de-iva-y-ganancias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-corte-suprema-obligo-al-estado-nacional-a-asumir-toda-la-rebaja-de-iva-y-ganancias\/","title":{"rendered":"La Corte Suprema oblig\u00f3 al Estado Nacional a asumir toda la rebaja de IVA y Ganancias"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El m\u00e1ximo tribunal hizo lugar a medidas cautelares de quince distritos para que no se afecten de manera inconsulta recursos coparticipables. La Naci\u00f3n tendr\u00eda que pagar unos $5.660 millones. <\/p>\n\n\n\n

La Corte Suprema dict\u00f3 una medida cautelar en contra del Estado \nNacional y oblig\u00f3 al Gobierno a asumir las rebajas del IVA y el Impuesto\n a las Ganancias que anunci\u00f3 el presidente Mauricio Macri \u00absin afectar \nla coparticipaci\u00f3n que corresponde a las provincias\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La mayor\u00eda compuesta por los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dio lugar a un reclamo de la provincia de Entre R\u00edos y dict\u00f3 la misma soluci\u00f3n para el resto de los distritos que iniciaron demandas: Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucum\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

La Corte Suprema estableci\u00f3 hoy que la reducci\u00f3n del IVA y del Impuesto a las Ganancias, incluida en las medidas econ\u00f3micas anunciadas por el gobierno nacional tras las PASO del 11 de agosto pasado, \u201cno puede afectar los fondos de coparticipaci\u00f3n que corresponden a las provincias\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El Centro de Informaci\u00f3n Judicial (CIJ) inform\u00f3 este martes que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, con la firma de los Ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti (Rosenkrantz vot\u00f3 en disidencia), dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicaci\u00f3n de los decretos n\u00b0 561\/19 y n\u00b0 567\/19 del Poder Ejecutivo Nacional\u00a0 y de las resoluciones generales AFIP n\u00b0 4546\/19 y n\u00b0 4547\/19 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipaci\u00f3n que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre R\u00edos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Ant\u00e1rtida e Islas del Atl\u00e1ntico Sur y Tucum\u00e1n.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa decisi\u00f3n fue adoptada en una causa en la que la Provincia de \nEntre R\u00edos impugn\u00f3 el decreto 561\/19 en tanto encomend\u00f3 a la \nAdministraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) una reducci\u00f3n en la \nbase de c\u00e1lculo de las retenciones para el c\u00e1lculo del impuesto a las \nganancias a determinados sujetos; y una reducci\u00f3n de un 50% de los \nanticipos que deban ingresar los trabajadores aut\u00f3nomos en concepto de \nimpuesto a las ganancias en los meses de octubre y diciembre del \nejercicio 2019. Tambi\u00e9n plante\u00f3 la inconstitucionalidad del decreto \n567\/19 en tanto dispuso una al\u00edcuota del 0% en el Impuesto del Valor \nAgregado para la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria \nhasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive\u201d, se\u00f1ala el CIJ.<\/p>\n\n\n\n

Sostuvo la provincia actora que mediante esas normas, el Poder \nEjecutivo Nacional detrajo unilateralmente montos de la masa de \nrecaudaci\u00f3n de impuestos coparticipables, sin tener competencia para \nello, por lo que tales decretos y resoluciones violan los principios del\n federalismo de concertaci\u00f3n y el principio de legalidad en materia \ntributaria.  <\/p>\n\n\n\n

Se\u00f1al\u00f3 que las normas impugnadas provocaban un perjuicio actual y \ndirecto a la provincia de Entre R\u00edos.  En tal sentido, invoc\u00f3 un informe\n de la Comisi\u00f3n Federal de Impuestos, que estima que el impacto de las \nmedidas adoptadas sobre la provincia actora supera la suma de $ \n1.000.000.000.  Expuso que esta situaci\u00f3n la coloca en un escenario de \nextrema gravedad y dificultad para cumplir con las obligaciones y \ndeberes a su cargo, pues las sumas que dejar\u00edan de ingresar a las arcas \nprovinciales ya se encontraban incorporadas como recursos corrientes en \nel presupuesto de gastos para el presente ejercicio 2019, para proyectos\n sociales, destinados a la poblaci\u00f3n de la provincia. <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, precis\u00f3 que esta ostensible disminuci\u00f3n de ingresos afectaba sus\n cometidos constitucionales b\u00e1sicos. Entre ellos cita aquellos que \nconstituyen el n\u00facleo de la garant\u00eda federal del art. 5\u00b0 de la \nConstituci\u00f3n Nacional (administraci\u00f3n de justicia, r\u00e9gimen municipal y \neducaci\u00f3n) y los que importan la esfera prestacional de derechos \nfundamentales (alimentaci\u00f3n b\u00e1sica, vivienda digna, salud, protecci\u00f3n de\n la ni\u00f1ez y ancianidad). 3. Para conceder la medida cautelar, la Corte \nSuprema consider\u00f3 que exist\u00eda, con el grado de conocimiento propio de \nuna pretenci\u00f3n cautelar, verosimilitud en el derecho invocado por la \nprovincia, y un peligro acreditado que podr\u00eda producirse en caso de \ndemorarse su otorgamiento. <\/p>\n\n\n\n

\u201cLa mayor\u00eda del Tribunal fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la regla b\u00e1sica de la \nConstituci\u00f3n Nacional que organiza un estado federal y, en particular, \nla significaci\u00f3n del r\u00e9gimen de coparticipaci\u00f3n federal de impuestos, al\n cual los constituyentes reformadores de 1994 otorgaron un expl\u00edcito \nreconocimiento constitucional como uno de los instrumentos en cuya \nobservancia descansa la efectiva vigencia de ese sistema\u201d, se\u00f1ala. <\/p>\n\n\n\n

La Corte subray\u00f3 la trascendencia de las leyes-convenio como \nherramienta de coordinaci\u00f3n entre las provincias y el Estado Nacional en\n el marco del proyecto federal que establece la Constituci\u00f3n Nacional, y\n destac\u00f3 que tales leyes se ubican con una singular jerarqu\u00eda dentro del\n derecho federal, de manera tal que sus previsiones no pueden ser \nmodificadas unilateralmente. El tribunal record\u00f3 con especial \nreferencia a la posibilidad de detraer \u2013como excepci\u00f3n- recursos \ncoparticipables, que ello debe ser dispuesto por el Congreso y \ncumpliendo los requisitos constitucionales.  <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, el tribunal consider\u00f3 que las medidas tomadas por el Poder \nEjecutivo Nacional, sin contar con competencia para ello, podr\u00edan \nimportar una erosi\u00f3n de la masa coparticipable a las provincias.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, el tribunal estim\u00f3 acreditado el peligro en la demora \nsobre la base de la alegaci\u00f3n de la provincia  y su referencia a un \ninforme de la Comisi\u00f3n Federal de Impuestos, seg\u00fan el cual las medidas \ntributarias en crisis redundar\u00edan en una disminuci\u00f3n de aproximadamente \nmil millones de pesos ($ 1.000.000.000) de sus recursos, lo que pondr\u00eda \nen riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales, y \nla atenci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas de su poblaci\u00f3n.  Al efecto tuvo \nespecialmente en cuenta lo argumentado por la actora en torno a que el \nda\u00f1o podr\u00eda resultar irreparable, en la medida en que \u2500seg\u00fan explica\u2500 \nlos fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la \nhacienda provincial y se encuentran comprometidos a la ejecuci\u00f3n de \npol\u00edticas p\u00fablicas en curso, algunas de ellas de car\u00e1cter social, lo que\n evidencia la necesidad de acceder a la pretensi\u00f3n cautelar.  <\/p>\n\n\n\n

En s\u00edntesis, concluy\u00f3 que frente a la concreta dificultad de \nfinanciamiento de necesidades p\u00fablicas provinciales de significaci\u00f3n \nsocial alegadas por la actora, la magnitud del perjuicio invocado y lo \nse\u00f1alado en cuanto a la verosimilitud en el derecho, cabe tener \nacreditada la configuraci\u00f3n de los extremos exigibles a toda pretensi\u00f3n \ncautelar con el fin de resguardar los derechos invocados hasta tanto \nexista la posibilidad de dirimir la cuesti\u00f3n de fondo debatida, por  lo \nque los costos fiscales de la aplicaci\u00f3n de los decretos y las \nresoluciones impugnadas sean asumidos con recursos propios del Estado \nNacional, sin afectar la coparticipaci\u00f3n que corresponde a las \nprovincias actoras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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