{"id":45920,"date":"2014-10-02T00:19:40","date_gmt":"2014-10-02T03:19:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=45920"},"modified":"2014-10-02T00:19:40","modified_gmt":"2014-10-02T03:19:40","slug":"codigo-civil-eliminan-el-servicio-de-agua-potable-como-derecho-humano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/codigo-civil-eliminan-el-servicio-de-agua-potable-como-derecho-humano\/","title":{"rendered":"C\u00f3digo Civil: eliminan el servicio de agua potable como derecho humano"},"content":{"rendered":"

\"agua-potable\"<\/a>El Gobierno nacional borr\u00f3 de la iniciativa original el art\u00edculo 241, que determinaba la responsabilidad del Estado para garantizar este servicio. Ante los cuestionamientos, aseguran que ya est\u00e1 contemplado en tratados internacionales.<\/em><\/p>\n

Seg\u00fan el Censo de 2010, 16 por ciento de la poblaci\u00f3n no ten\u00eda todav\u00eda acceso al agua potable en sus hogares. En Mendoza, obtener, cuidar y administrar este recurso ha sido tanto un desaf\u00edo como un problema, al punto tal que s\u00f3lo 60 por ciento de la poblaci\u00f3n estaba conectada a la red p\u00fablica seg\u00fan el mismo estudio nacional. Por eso se ve\u00eda como promisorio que la reforma del C\u00f3digo Civil jerarquizara el agua potable como derecho humano. Sin embargo, este apartado significativo fue directamente evaporado del texto por el Gobierno nacional antes de enviarlo al Congreso de la Naci\u00f3n.<\/p>\n

El anteproyecto formulado por los juristas Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco \u2013ambos magistrados integrantes de la Corte Suprema\u2013 y por la mendocina A\u00edda Kemelmajer de Carlucci \u2013ex jueza de la Suprema Corte local\u2013 colocaba el acceso al agua potable como un servicio cuya responsabilidad era indelegable para el Estado en el art\u00edculo 241. Sin embargo, luego de la presentaci\u00f3n que hizo la presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner junto con los autores de la reforma, el Ejecutivo se tom\u00f3 un tiempo para introducir algunos cambios al cuerpo de la normativa.<\/p>\n

De esta forma, cuando el proyecto ingres\u00f3 al Congreso de la Naci\u00f3n para ser tratado ya se hab\u00eda eliminado en el texto este reconocimiento.<\/p>\n

Sobre la superficie, una de las argumentaciones que se esgrimieron desde el oficialismo es que si el Estado no pod\u00eda cumplimentar con esta responsabilidad, entonces, un gobernador o un intendente se convert\u00eda pr\u00e1cticamente en un violador de los derechos humanos.<\/p>\n

\u201cEstuve a favor de respetar el anteproyecto de los juristas, porque el agua es, efectivamente, un derecho humano. Nadie puede sostener que si en alg\u00fan lugar, el Estado no presta el servicio, eso puede transformarse en una violaci\u00f3n. En todo caso, que figure en el c\u00f3digo es un est\u00edmulo para que el Estado llegue con agua potable adonde todav\u00eda no ha llegado\u201d, argument\u00f3 el radical Ernesto Sanz.<\/p>\n

En este punto, varios legisladores de la oposici\u00f3n han visto una relaci\u00f3n pol\u00edtica en esta eliminaci\u00f3n y otra modificaci\u00f3n importante, la que apunta a la responsabilidad civil del Estado en caso de accidentes colectivos, como el ocurrido en la estaci\u00f3n de trenes de Once, el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

Su correligionaria Laura Montero ya adelant\u00f3 su rechazo a las reformas que el oficialismo est\u00e1 implementando en el texto. Y agreg\u00f3 que, adem\u00e1s de eliminar esa prioridad, tambi\u00e9n se modific\u00f3 el dominio p\u00fablico de los recursos naturales, que son potestad de las provincias.<\/p>\n

Este punto es denunciado precisamente por el abogado ambientalista Enrique Viale, al subrayar que las actuales modificaciones limitar\u00edan el acceso p\u00fablico a los r\u00edos, de 35 a 15 metros. Seg\u00fan el abogado que asesora a ONG ambientalistas, tal como ha quedado redactado, s\u00f3lo los due\u00f1os de los terrenos colindantes con r\u00edos p\u00fablicos podr\u00edan acceder a sus costas. Seg\u00fan Viale, la postura oficial que justific\u00f3 la eliminaci\u00f3n del art\u00edculo se bas\u00f3 en sostener que el agua pertenece al derecho administrativo y no a esta reforma.<\/p>\n

\u201cLejos de ser federal, el C\u00f3digo ignora derechos de las provincias al no permitir que Estas establezcan el car\u00e1cter de dominio p\u00fablico de los bienes que son recursos naturales de su dominio, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 124 de la Constituci\u00f3n Nacional; ignora la importancia del agua, los glaciares y el ambiente periglaciar\u201d, argument\u00f3 Montero.<\/p>\n

Como contrapartida, el justicialista Adolfo Bermejo sostuvo que \u201chay suficiente legislaci\u00f3n internacional, hay protecci\u00f3n en tratados y en la Constituci\u00f3n para que el agua sea considerada derecho humano, est\u00e9 o no en el C\u00f3digo Civil\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el senador del Frente para la Victoria record\u00f3 que Mendoza es pionera en legislar sobre agua, ya que tiene una norma que crea el Departamento General de Irrigaci\u00f3n y establece sus usos. El maipucino record\u00f3 que tambi\u00e9n se encuentra la Ley de Glaciares sobre presupuestos m\u00ednimos, que se complementa con el resto para garantizar este recurso.<\/p>\n

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Fuente: El Sol<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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