{"id":40432,"date":"2014-01-24T00:50:59","date_gmt":"2014-01-24T03:50:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=40432"},"modified":"2014-01-24T00:50:59","modified_gmt":"2014-01-24T03:50:59","slug":"el-procedimiento-disciplinariosumario-e-investigaciones-administrativas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/el-procedimiento-disciplinariosumario-e-investigaciones-administrativas\/","title":{"rendered":"El procedimiento disciplinario,sumario e investigaciones administrativas"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/a><\/div>\n
El Procedimiento Disciplinario es una garant\u00eda fundamental en el Estado de Derecho. Se materializa en una serie de actos y tareas que tienden a determinar la existencia de faltas de servicio e incumplimientos de parte de los funcionarios p\u00fablicos. Tambi\u00e9n obra, como se dijo, como una garant\u00eda fundamental para que los empleados estatales no sean perseguidos con arbitrariedad por los jefes.<\/div>\n
<\/div>\n
Esta garant\u00eda no existe, en plenitud, en el Derecho Laboral y se relaciona, especialmente, con el Derecho Penal, aunque no pertenece a esa rama sancionatoria pura del Derecho.<\/div>\n
<\/div>\n
Todos los d\u00edas observamos, en los diferentes medios, la realizaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n sumaria o sumario administrativo y, en algunos casos, se condena por la opini\u00f3n p\u00fablica antes de la finalizaci\u00f3n del procedimiento. El sumariado es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Y en este trabajo intentamos destacar esas caracter\u00edsticas fundamentales.<\/div>\n
<\/div>\n
PALABRAS CLAVES: BUSCADORES<\/b><\/div>\n
    \n
  1. DERECHO<\/li>\n
  2. CONSTITUCI\u00d3N<\/li>\n
  3. FUNCIONARIO<\/li>\n
  4. PROCEDIMIENTO<\/li>\n
  5. DISCIPLINARIO<\/li>\n
  6. DEBERES<\/li>\n
  7. GARANT\u00cdAS<\/li>\n
  8. SUMARIO<\/li>\n
  9. INVESTIGACI\u00d3N<\/li>\n
  10. AMPARO<\/li>\n
  11. ADMINISTRATIVO<\/li>\n
  12. PENAL<\/li>\n
  13. FALTA<\/li>\n
  14. ESTADO DE DERECHO<\/li>\n
  15. ADMINISTRACI\u00d3N<\/li>\n
  16. BECARIO<\/li>\n
  17. PROCESO<\/li>\n
  18. ETICA<\/li>\n
  19. CORRUPCI\u00d3N<\/li>\n
  20. ACTO<\/li>\n
  21. CONTRATOS<\/li>\n<\/ol>\n
    El ORDEN DE LOS BUSCADORES ES EN IMPORTANCIA A LOS EFECTOS DE SER LOCALIZADO POR EL USUARIO<\/div>\n
    <\/div>\n
    <\/a>I ) EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COM\u00daN<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    1) CONCEPTO<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    Si bien el objeto del presente es el Procedimiento Disciplinario, resulta imprescindible ingresar al estudio del Procedimiento Administrativo com\u00fan. Ello se justifica porque aqu\u00e9l, si bien es especial en tanto es un procedimiento punitivo interno, es tambi\u00e9n un procedimiento administrativo al que le son aplicables los principios enumerados en el art. 2 del Decreto 500\/91. As\u00ed, el art. 168 de ese cuerpo reglamentario dispone que el Procedimiento Disciplinario \u00bb se regular\u00e1 por las normas del presente libro (dos) sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n, en lo pertinente, de las contenidas en el anterior.<\/div>\n
    <\/div>\n
    Por lo expuesto, consideraremos brevemente los conceptos generales que, por aplicables, nos orientar\u00e1n en este trabajo.<\/div>\n
    <\/div>\n
    El Procedimiento Administrativo ha sido definido diciendo que es el conjunto de tr\u00e1mites que debe observar la Administraci\u00f3n al desarrollar su actividad. Por lo expuesto, no parece sustancial si el procedimiento se documenta de manera tradicional o si se registra electr\u00f3nicamente, salvo las particularidades que emanan del soporte utililzado. En ese sentido el instrumento inform\u00e1tico trata la informaci\u00f3n de una forma especial a la que debe adaptarse los permisos y autorizaciones de ingreso, por los funcionarios, incluido el jerarca, y las comunicaciones a terceros. Toda violaci\u00f3n podr\u00e1 generar responsabilidad siendo de aplicaci\u00f3n el H\u00e1beas Data y la garant\u00eda de los Derechos Humanos de principio.<\/div>\n
    <\/div>\n
    Tambi\u00e9n se lo entiende como : \u00bb la sucesi\u00f3n de actos y tareas materiales y t\u00e9cnicas, cumplidos por una entidad estatal o ante ella, instrumentalmente destinados al dictado o la ejecuci\u00f3n de un acto final de naturaleza administrativa\u00bb. \u00abEl procedimiento com\u00fan al que nos referiremos es el desarrollado en la Administraci\u00f3n Central, que no ha sido objeto de una regulaci\u00f3n particular en raz\u00f3n de su naturaleza (D. 500\/91, art. 1), ni en raz\u00f3n de la especialidad de las reparticiones en las que se aplica (art. 232).<\/div>\n
    <\/div>\n
    Por lo expuesto, el Procedimiento Administrativo com\u00fan es la secuencia de actos, lato sensu, que garantizan las prerrogativas p\u00fablicas y los derechos individuales, desarrollados bajo la direcci\u00f3n de la Administraci\u00f3n , a los efectos de decidir el tema propuesto, o ejecutar el mismo, y para el cual no existe un procedimiento especial expreso.<\/div>\n
    <\/div>\n
    2) PRINCIPIOS<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    Los principios del procedimiento administrativo com\u00fan son del ser mismo de ese instrumento y se derivan de los principios generales de la ley natural.<\/div>\n
    <\/div>\n
    Los principios son verdades primeras y b\u00e1sicas, que sirven de punto de apoyo para todo raciocinio siendo evidentes por s\u00ed mismos. Los mismos tienen una funci\u00f3n fundamental en derecho porque, en primer lugar, son los que ilustran en el supuesto de inexistencia o oscuridad de las normas y, en segundo lugar, toda excepci\u00f3n a un principio general debe efectuarse por texto expreso y es de aplicaci\u00f3n estricta.<\/div>\n
    <\/div>\n
    A) IMPARCIALIDAD DEL \u00d3RGANO QUE CONOCE Y RESUELVE EL ASUNTO.<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    El procedimiento administrativo se rige por ciertos principios que pertenecen al ordenamiento jur\u00eddico EN SU CONJUNTO y, por tal motivo, se aplican tambi\u00e9n en sede administrativa. Otros le pertenecen exclusivamente porque se derivan del ejercicio de la funci\u00f3n administrativa.<\/div>\n
    <\/div>\n
    El principio de imparcialidad surge del primer grupo y se deriva del de igualdad (arts. 8 y 72 de la Carta). Significa que la Administraci\u00f3n debe ser imparcial aunque en el procedimiento est\u00e9 en juego el inter\u00e9s general. El Estado de Derecho impone esa soluci\u00f3n. De la misma manera debe actuar en el conflicto entre los particulares.<\/div>\n
    <\/div>\n
    Por lo expuesto, los funcionarios que inspiren fundadas razones de parcialidad deben excusarse y pueden ser recusados, art. 3 del D. 500\/91.<\/div>\n
    <\/div>\n
    B) LEGALIDAD OBJETIVA<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    Se define en el ac\u00e1pite del art. 2 del D. 500\/91: \u00abla Administraci\u00f3n P\u00fablica debe servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno al Derecho\u00bb .Esto significa reafirmar contundentemente la vigencia plena del Estado de Derecho que regla la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n.- De este principio emana, entonces, la necesidad de permitir al administrado su m\u00e1s amplia defensa.<\/div>\n
    <\/div>\n
    C) IMPULSI\u00d3N DE OFICIO<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    La Administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a dirigir el procedimiento para determinar la verdad material y por ello el car\u00e1cter INSTRUCTORIO del procedimiento administrativo surge claramente de los arts. 65, 71, 83, 110 y 163 del D. 500\/91.<\/div>\n
    <\/div>\n
    De este principio se deriva la imposibilidad de caducidad de la instancia para la Administraci\u00f3n que siempre debe decidir el tema planteado (art. 85 del D. 500\/91), sin perjuicio de lo excepcionalmente legislado en sede disciplinaria (art. 223), que determina el archivo de las actuaciones sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto.<\/div>\n
    <\/div>\n
    D) VERDAD MATERIAL<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    El art. 4 del D. 500\/91 dispone que \u00abLa Administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos ni la exima de investigarlos, conocerlos y ajustarse a ellos, la circunstancia de no haber sido alegados o probados por las partes\u00bb.<\/div>\n
    <\/div>\n
    LA VERDAD MATERIAL SE OPONE A LA FORMAL. As\u00ed, mientras en el proceso civil el juez debe ajustarse a decidir de acuerdo a la pruebas aportadas (verdad formal), en el procedimiento administrativo la Administraci\u00f3n debe ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y aun probados porque la prueba puede surgir de otro expediente parecido.<\/div>\n
    <\/div>\n
    E) ECONOM\u00cdA, CELERIDAD Y EFICACIA<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    De acuerdo al art. 8 del D. 500\/91 \u00abEn el procedimiento administrativo deber\u00e1 asegurarse la celeridad, simplicidad y econom\u00eda del mismo y evitarse la realizaci\u00f3n o exigencia de tr\u00e1mites o formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento. Estos principios tender\u00e1n a la m\u00e1s correcta y plena aplicaci\u00f3n de los otros principios enunciados en el art\u00edculo 2\u00ba\u00bb.<\/div>\n
    <\/div>\n
    Creemos que no es necesario extenderse sobre el tema dada la claridad de concepto de la disposici\u00f3n transcripta.<\/div>\n
    <\/div>\n
    F) INFORMALISMO EN FAVOR DEL ADMINISTRADO: ART. 9 del D. 500\/91<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    El principio legitima el incumplimiento de formalidades por el INTERESADO, que no sean esenciales, y que puedan ser cumplidas posteriormente subsanando el vicio. Debe considerarse esencial la formalidad que sea imprescindible para la validez del acto de que se trate. El principio, entonces, es una garant\u00eda que evita la p\u00e9rdida del derecho del administrado por aplicaci\u00f3n de formalismos intrascendentes, pero que no puede ser invocado al pasar, sin un an\u00e1lisis concreto para cada caso en particular.<\/div>\n
    <\/div>\n
    G) FLEXIBILIDAD, MATERIALIDAD Y AUSENCIA DE RITUALISMOS<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    Con el principio se pretende desterrar un estado de \u00e1nimo en el personal burocr\u00e1tico, que se traduce en el apego a ritos consuetudinarios en los que se exalta la forma por la forma misma, con prescindencia del contenido y fin perseguidos.<\/div>\n
    <\/div>\n
    La flexibilidad subraya el car\u00e1cter instrumental del procedimiento y pone el acento en la b\u00fasqueda del fin perseguido.- As\u00ed se permite concertar soluciones pero sin caer en extremos, que puedan llevar a violentar las normas. La flexibilidad autoriza cierta discrecionalidad en cuanto a la exigencia de requisitos y cuestiones de detalle, que no sean fundamentales y que permitan solucionar problemas pr\u00e1cticos. La ausencia de ritualismo se traduce en la necesidad de \u00abevitarse la realizaci\u00f3n o exigencia de tr\u00e1mites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitarios que compliquen o dificulten (el) desenvolvimiento \u00bb del procedimiento administrativo, art. 8 in fine.<\/div>\n
    <\/div>\n
    Respecto de la materialidad VER: art. 131 del TOCAF que establece el principio de materialidad o trascendencia en el sentido contable propio de la auditor\u00eda.<\/div>\n
    <\/div>\n
    H) DELEGACI\u00d3N MATERIAL<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    Es un principio que, a trav\u00e9s de las distintas modalidades de la centralizaci\u00f3n, busca agilizar el funcionamiento de la Administraci\u00f3n. El Decreto 500\/91 lo recoge en varias disposiciones, especialmente, arts. 180, 181, 185 y 186, etc..<\/div>\n
    <\/div>\n
    I) DEBIDO PROCEDIMIENTO<\/b><\/div>\n
    Es un principio que pertenece al ordenamiento jur\u00eddico todo y, sin perjuicio del an\u00e1lisis que desarrollaremos infra, se traduce en: a) Derecho a ser o\u00eddo, b) Derecho de Defensa, c) Derecho a ser asistido por un abogado, d) Derecho a ofrecer y producir pruebas y e) Derecho a una decisi\u00f3n fundada.<\/div>\n
    <\/div>\n
    J) CONTRADICCI\u00d3N<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    Existen ciertos procedimientos que son de esencia contradictorios como por ejemplo las licitaciones o concursos. En ellos la Administraci\u00f3n debe tratar a los interesados con imparcialidad ofreci\u00e9ndoles participaci\u00f3n igualitaria.<\/div>\n
    <\/div>\n
    K) BUENA FE, LEALTAD Y PRESUNCI\u00d3N DE VERDAD<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    El art. 6 del D. 500\/91 reza: \u00bb Las partes, sus representantes, los funcionarios p\u00fablicos y, en general, todos los part\u00edcipes del procedimiento, ajustar\u00e1n su conducta al respeto mutuo y a la lealtad y buena fe\u00bb.<\/div>\n
    <\/div>\n
    Creemos que la disposici\u00f3n transcripta es sumamente clara y hace innecesario comentario alguno, salvo subrayar los deberes impuestos a los funcionarios y que la presunci\u00f3n de verdad, salvo prueba en contrario, significa eliminar la actitud de sospecha de la Administraci\u00f3n que motiva ritos y controles innecesarios.<\/div>\n
    <\/div>\n
    L) MOTIVACI\u00d3N DE LA DECISI\u00d3N<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    Todo acto administrativo debe expresar el motivo del mismo, arts. 123 y 124 del Decreto 500\/91 . Su ausencia o vicio dar\u00e1 lugar a la nulidad del acto.<\/div>\n
    <\/div>\n
    Corresponde tener presente lo dispuesto por el Decreto 30\/03, art. 21<\/div>\n
    <\/div>\n
    LL) GRATUIDAD<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    El procedimiento es gratuito y no da lugar a condenas procesales de especie alguna.<\/div>\n
    <\/div>\n
    M) LIBRE FLUJO DE INFORMACI\u00d3N: art. 14 del D. 500\/91<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    La disposici\u00f3n establece que es de INTERES P\u00daBLICO, para el mejor cumplimiento de los cometidos -ese es el fin-, el INTERCAMBIO de informaci\u00f3n entre todas las reparticiones de la Administraci\u00f3n. A esos efectos se propender\u00e1 a la INTERCONEXI\u00d3N de los equipos electr\u00f3nicos de informaci\u00f3n U OTROS SIMILARES. Destacamos que el principio encuentra su L\u00cdMITE en el DERECHO A LA INTIMIDAD y se vincula con la garant\u00eda y prohibiciones que surgen del HABEAS DATA.. Asimismo, los arts. 694 y ss. de la ley 16736 PERMITIERON que el EXPEDIENTE que documente el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, as\u00ed como los ACTOS que lo formen y finalicen, puedan efectuarse por medios inform\u00e1ticos, encomendando la reglamentaci\u00f3n del tema al Poder Ejecutivo. Este dict\u00f3 el D. 65\/98 que estableci\u00f3 la OPCION de que aquellos se registren por medios inform\u00e1ticos, regulando la firma electr\u00f3nica, digital y penalidades. Por lo expuesto consagr\u00f3, en definitiva y en aquel momento, un eventual expediente electr\u00f3nico con alguna particularidad procedimental derivada del MEDIO empleado, arts. 2 y 4 del D. 65\/98 y 27 inc. 2 del D. 500\/91.- Actualmente no existe opci\u00f3n en virtud de lo dispuesto por la ley 17243, y Decreto 382\/03 .De acuerdo a nuestro objeto de estudio destacamos que el art. 14 del D. 500\/91 establece el principio \u00abSIN MAS LIMITACI\u00d3N QUE LO DISPUESTO EN EL ART. 80\u00bb que refiere a la calificaci\u00f3n de SECRETO que puede efectuarse respecto de determinados documentos. La EXCEPCI\u00d3N DEBE RELACIONARSE con el art. 174 que establece EXPRESAMENTE que \u00abTodos los procedimientos a que refiere el (Libro II Del Procedimiento Disciplinario) ser\u00e1n de car\u00e1cter secreto …\u00bb Por lo expuesto, el principio que nos convoca podr\u00eda proceder a partir de la vista que hace p\u00fablico el Procedimiento.<\/div>\n
    <\/div>\n
    N) PUBLICIDAD, art. 80 del Decreto 500\/91<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    El principio de publicidad se encuentra establecido, para el procedimiento administrativo com\u00fan en el art. 80 del Decreto 500\/91<\/div>\n
    <\/div>\n
    \u00d1)<\/b> TRANSPARENCIA, art. 22 ley 17296<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    El referido principio impone una forma de actuar de la Administraci\u00f3n y sus<\/div>\n
    funcionarios. Por lo expuesto debe considerarse, en lo que refiere a este trabajo en especial, en sede de deberes funcionales.<\/div>\n
    <\/div>\n
    O) PROBIDAD, art. 21 ley 17060<\/b><\/div>\n
    <\/div>\n
    El tema ser\u00e1 analizado cuando estudiemos los deberes funcionales que surgen de la ley anticorrupci\u00f3n<\/div>\n
      \n
    1. Este principio, como los anteriores, importan deberes para los funcionarios encargados de la administraci\u00f3n del dinero p\u00fablico. Surge de m\u00faltiples disposiciones.<\/li>\n
    2. <\/li>\n
    3. EQUILIBRIO DE LA EFICACIA Y EL CONTROL\u00a0<\/b><\/li>\n
    4. OBLIGACI\u00d3N DE DECIDIR<\/b><\/li>\n<\/ol>\n
      La Administraci\u00f3n tiene la obligaci\u00f3n de decidir, especialmente, si se trata de peticiones calificadas, procedimientos recursivos, procedimientos disciplinarios, etc.<\/div>\n
      <\/div>\n
      <\/a>II EL DERECHO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO<\/b><\/div>\n
      <\/div>\n
      1)CONCEPTO<\/b><\/div>\n
      <\/div>\n
      Es, tal vez, una de las ramas m\u00e1s antiguas del Derecho. Este derecho de la disciplina se reconoce en todas las esferas de la relaci\u00f3n humana, desde la \u00abcorrecci\u00f3n paterna\u00bb, permitida sobre los hijos, hasta el severo r\u00e9gimen en los cuarteles.<\/div>\n
      <\/div>\n
      El Derecho Disciplinario es el conjunto de principios y normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan el poder y el procedimiento disciplinario.<\/div>\n
      <\/div>\n
      2) RELACI\u00d3N CON EL DERECHO PENAL<\/b><\/div>\n
      <\/div>\n
      Adelantando nuestra posici\u00f3n debemos decir que sostenemos la tesis que entiende que el Derecho y el Procedimiento Disciplinario son aut\u00f3nomos respecto del Derecho Penal. Por eso, se subraya en este momento, que las transcripciones de normas penales es en lo pertinente. As\u00ed debe entenderse, por ejemplo, en sede de agravantes y atenuantes de la sanci\u00f3n disciplinaria.<\/div>\n
      <\/div>\n
      Como en todo este trabajo el autor refiere espec\u00edficamente al Derecho Disciplinario, que es administrativo y represivo porque su objeto es aplicar una sanci\u00f3n. Este car\u00e1cter nos obliga a estudiar su relaci\u00f3n con el Derecho Penal.<\/div>\n
      <\/div>\n
      Se distingue tres grandes corrientes doctrinarias:<\/div>\n
      A) Un sector entiende que existe una ANTINOM\u00cdA entre el Derecho Penal y el Disciplinario porque, en este \u00faltimo, el fin es conservar el buen funcionamiento del servicio y porque no finaliza en la aplicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n penal. El objeto es diverso y por eso no existe, de principio, relaci\u00f3n entre estas dos ramas del derecho.<\/div>\n
      <\/div>\n
      B) Otro grupo ASIMILA ambas ramas porque ellas obedecen a una misma concepci\u00f3n del Estado: el poder represivo existe para asegurar el cumplimiento de TODO el Derecho, m\u00e1s all\u00e1 de la rama que se considere.<\/div>\n
      <\/div>\n
      En ese sentido Garc\u00eda y Fern\u00e1ndez entienden que \u00abLa distinci\u00f3n entre la potestad sancionatoria (administrativa general) y la penal, actuable por los Tribunales represivos es pr\u00e1cticamente imposible, en un plano general y de principio \u00ab.<\/div>\n
      <\/div>\n
      De acuerdo a esta forma de entender la relaci\u00f3n entre los \u00f3rdenes disciplinario y penal, existir\u00eda una diferencia de matiz y no de naturaleza.<\/div>\n
      <\/div>\n
      C) Finalmente, se dice que ambos derechos SON AUT\u00d3NOMOS, aunque est\u00e1n vinculados porque su funci\u00f3n es hacer respetar las normas sociales y porque, en ciertas hip\u00f3tesis, el derecho penal puede prevalecer respecto del disciplinario, por ejemplo, cuando en sede penal el \u00f3rgano condena por delito.- El autor entiende que se puede diferenciar la represi\u00f3n disciplinaria de la penal porque: 1) La Sanci\u00f3n penal se impone en ejercicio de funci\u00f3n jurisdiccional y la disciplinaria por acto administrativo.<\/div>\n
      <\/div>\n
      2) La sanci\u00f3n disciplinaria no excluye la penal ni \u00e9sta a aqu\u00e9lla porque tutelan \u00f3rdenes jur\u00eddicos diversos y persiguen fines diferentes.<\/div>\n
      <\/div>\n
      En el Derecho comparado la situaci\u00f3n no es un\u00e1nime, en lo que refiere al tema que se est\u00e1 tratando. As\u00ed puede observarse lo que dispone el Decreto 1798\/80, Reglamento de Investigaciones de la Rep\u00fablica Argentina, que establece respecto a la autonom\u00eda de los procedimientos: \u00bb Art\u00edculo 95. \u2013 Si el tr\u00e1mite debiera suspenderse por estar pendiente la causa penal, el instructor informar\u00e1 de ello a su superior, quedando desafectado del mismo hasta su reapertura.No obstante, deber\u00e1 requerir informes peri\u00f3dicos a efectos de conocer la situaci\u00f3n procesal del sumariado. Dicho lapso no operar\u00e1 a los efectos de la prescripci\u00f3n y quedar\u00e1n suspendidos todos los t\u00e9rminos fijados en el presente reglamento.<\/div>\n
      <\/div>\n
      Art\u00edculo 96. \u2013 La sustanciaci\u00f3n de los sumarios administrativos y la aplicaci\u00f3n de las sanciones pertinentes, tendr\u00e1n lugar con prescindencia de que los hechos que las originen constituyan delito. Pendiente la causa criminal, no podr\u00e1 el sumariado ser declarado exento de responsabilidad\u00bb.<\/div>\n
      <\/div>\n
      El D. 500\/91 afilia a la tesis de la autonom\u00eda con atenuantes porque, como se dijo, los dos derechos se vinculan. El tema ser\u00e1 profundizado en los Cap\u00edtulos V y VI, aunque se adelanta que no se est\u00e1 de acuerdo con la suspensi\u00f3n del procedimiento sumarial en el supuesto de procesos penal y disciplinario administrativo concomitantes.<\/div>\n
      <\/div>\n
      <\/a>III DEBERES<\/b>, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES<\/b><\/div>\n
      <\/div>\n
      1) CONCEPTO Y ENUNCIACI\u00d3N<\/b><\/div>\n
      <\/div>\n
      Como precisi\u00f3n previa debe considerarse que en todo este desarrollo vamos a proceder a enunciar los m\u00e1s importantes deberes, prohibiciones e incompatibilidades, que puedan ameritar un procedimiento disciplinario ya que resulta, imposible, hacerlo respecto a todos los tipificados en este momento. Por otra parte, teniendo presente la diversidad de la fuente y su posible derogaci\u00f3n, no corresponde extendernos en cuestiones de detalle.<\/div>\n
      <\/div>\n
      Antes de ingresar al tema propuesto , debemos tener presente que el procedimiento disciplinario se desarrolla, estrictamente, cuando el sujeto pasivo es un funcionario p\u00fablico. Por lo expuesto corresponde tener presente qu\u00e9 se entiende por servidor p\u00fablico.<\/div>\n
      <\/div>\n
      Diversas normas han definido al funcionario p\u00fablico: por ej. el art. 175 del C\u00f3digo Penal; el art. 1 del Decreto-Ley 10388, etc..<\/div>\n
      <\/div>\n
      Nuestra doctrina es partidaria de un concepto amplio de funcionario p\u00fablico, partiendo de la base de que no existe ning\u00fan texto normativo que d\u00e9 un concepto general.<\/div>\n
      <\/div>\n
      En general se entiende como la persona f\u00edsica que ejerce funci\u00f3n p\u00fablica en una entidad estatal incorporada mediante designaci\u00f3n u otro procedimiento legal.<\/div>\n
      <\/div>\n
      Partiendo de la relaci\u00f3n funcional, que es el v\u00ednculo que une al funcionario p\u00fablico con una entidad estatal, su contenido comprende derechos y deberes rec\u00edprocos entre sus sujetos. En v\u00eda introductoria los deberes funcionales consisten en desempe\u00f1ar las tareas inherentes al cargo en el lugar, tiempo, y en la forma establecida por las normas vigentes. Como es el incumplimiento de los mismos lo que dar\u00e1 lugar al ejercicio del Poder disciplinario, nos detendremos brevemente en su estudio.<\/div>\n
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      Corresponde destacar que su determinaci\u00f3n s\u00f3lo puede ser ENUNCIATIVA porque a los expresamente previstos se a\u00f1aden otros que de ellos se derivan.<\/div>\n
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      Los deberes importan, tambi\u00e9n, porque tienen un efecto jur\u00eddico directo sobre las relaciones de los funcionarios con terceros, sede pura de responsabilidad estatal, circunstancia que observaremos con mayor detenimiento en los supuestos de posible repetici\u00f3n de lo pagado por el Estado por su responsabilidad civil.<\/div>\n
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      La doctrina los clasifica distinguiendo aquellos que son inherentes al desempe\u00f1o del cargo de los que se derivan de la organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica.<\/div>\n
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      En el primer grupo encontramos:<\/div>\n
      A) EL DEBER DE DESEMPE\u00d1AR EL CARGO EN FORMA PERSONAL no pudiendo delegar las tareas en personas ajenas a la Administraci\u00f3n. Tampoco corresponde la delegaci\u00f3n en otros funcionarios salvo autorizaci\u00f3n expresa. Lo expuesto se deriva del car\u00e1cter intuitu personae de la relaci\u00f3n funcional.<\/div>\n
      <\/div>\n
      B) EL FUNCIONARIO DEBE DESEMPE\u00d1AR SU FUNCI\u00d3N EN FORMA PERMANENTE Y CONTINUA, concurriendo puntualmente y en forma asidua a los lugares y en los horarios que la Administraci\u00f3n le fije. Debe permanecer en el servicio todo el horario salvo salidas autorizadas, licencias u otros motivos fundados.<\/div>\n
      <\/div>\n
      C) Todo funcionario tiene el deber de SUSTITUIR AL TITULAR SUPERIOR en caso de AUSENCIA TEMPORAL. Es el deber de SUBROGACI\u00d3N consagrado en el art. 27 de la ley 16320. La subrogaci\u00f3n no puede extenderse por un plazo mayor a los 18 meses.<\/div>\n
      <\/div>\n
      D) EL DEBER DE DILIGENCIA consiste en cumplir las tareas en forma escrupulosa, poniendo toda la capacidad f\u00edsica e intelectual a tal efecto, de acuerdo a cada caso concreto, esto es, cargo y tarea.<\/div>\n
      <\/div>\n
      E) EL DEBER DE LEALTAD O DE FIDELIDAD consiste en la obligaci\u00f3n del funcionario de cumplir sus tareas en el \u00fanico beneficio de la Administraci\u00f3n. Respecto a esta obligaci\u00f3n remitimos remitimos a nuestra tesis profesoral 2da edici\u00f3n.<\/div>\n
      <\/div>\n
      F) EL DEBER DE SECRETO, RESERVA