{"id":147436,"date":"2026-10-14T00:08:51","date_gmt":"2026-10-14T03:08:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=147436"},"modified":"2026-10-14T00:08:55","modified_gmt":"2026-10-14T03:08:55","slug":"el-poder-judicial-de-la-nacion-tiene-266-vacantes-en-proceso-de-cobertura-159-siguen-en-el-consejo-de-la-magistratura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/el-poder-judicial-de-la-nacion-tiene-266-vacantes-en-proceso-de-cobertura-159-siguen-en-el-consejo-de-la-magistratura\/","title":{"rendered":"El Poder Judicial de la Naci\u00f3n tiene 266 vacantes en proceso de cobertura: 159 siguen en el Consejo de la Magistratura"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

De los 266 cargos vacantes, 159 se encuentran todav\u00eda en la etapa del Consejo de la Magistratura, 77 ya pasaron al Poder Ejecutivo y 30 est\u00e1n en el Senado. En el Consejo hay, adem\u00e1s, 75 concursos en tr\u00e1mite, que pueden abarcar una o m\u00e1s vacantes. Ante este escenario, Alfonso Santiago, constitucionalista de la Universidad Austral, propone acelerar y transparentar los procesos de selecci\u00f3n, medir el impacto de las reformas procesales y evaluar peri\u00f3dicamente el desempe\u00f1o de los jueces.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La cobertura de las vacantes judiciales contin\u00faa siendo uno de los desaf\u00edos del funcionamiento de la Justicia nacional y federal. El Mapa Din\u00e1mico de Concursos del Consejo de la Magistratura registra actualmente 266 cargos vacantes<\/strong> distribuidos en distintas etapas del proceso de selecci\u00f3n y designaci\u00f3n: 159 permanecen en tr\u00e1mite dentro del Consejo, 77 se encuentran en el Poder Ejecutivo y otros 30 en el Senado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Los n\u00fameros permiten tambi\u00e9n distinguir entre vacantes y concursos. Actualmente existen 75 concursos en tr\u00e1mite en el Consejo de la Magistratura<\/strong>, pero esa cifra no representa otros 75 cargos que deban sumarse a los 266: un mismo concurso puede involucrar una o m\u00e1s vacantes<\/strong>. El mapa oficial informa por separado la cantidad de concursos y la de cargos vacantes en cada etapa.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, plantea cuatro reformas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial<\/strong>: modificar el sistema de concursos, evaluar emp\u00edricamente las reformas procesales, establecer mecanismos de evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o de los magistrados y fortalecer una cultura de servicio judicial. Las propuestas fueron publicadas en un art\u00edculo en El Derecho<\/em>.<\/p>\n\n\n

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Concursos anticipados y menos discrecionalidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los principales focos est\u00e1 puesto en el mecanismo para seleccionar magistrados<\/strong>. Santiago sostiene que las demoras y la falta de transparencia de parte de los concursos constituyen obst\u00e1culos para el funcionamiento del Poder Judicial y se\u00f1ala la discrecionalidad existente en la conformaci\u00f3n de las ternas.<\/p>\n\n\n\n

Como respuesta, destaca el proyecto de nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4\/2026<\/strong>, que fue remitido al Consejo de la Magistratura para su tratamiento. La iniciativa propone que los concursos anticipados sean la regla<\/strong>, de modo que puedan iniciarse sin esperar a que se produzca una vacante, adem\u00e1s de introducir un legajo digital auditable y criterios tabulados para evaluar antecedentes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Otro cambio apunta directamente a reducir la discrecionalidad. El proyecto establece que la entrevista personal puede otorgar un m\u00e1ximo de 20 puntos sobre un total de 200<\/strong>, es decir, el 10% del puntaje, y plantea reglas objetivas para la integraci\u00f3n de ternas y listas complementarias. Tambi\u00e9n propone una evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica en dos etapas con mecanismos destinados a garantizar el anonimato de los postulantes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u00abTodo ello redundar\u00e1 en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortar\u00e1 claramente el n\u00famero y tiempo de las vacantes judiciales\u00bb, sostiene Santiago respecto de la reforma.<\/p>\n\n\n\n

Medir si las reformas realmente aceleran los juicios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El segundo planteo apunta a un problema diferente: conocer si las reformas procesales que se vienen implementando efectivamente reducen los tiempos judiciales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Santiago se\u00f1ala que en los \u00faltimos a\u00f1os se aprobaron numerosas modificaciones procesales, tanto en el \u00e1mbito nacional como provincial, destinadas a agilizar los juicios. Su propuesta es medir su impacto real sobre la duraci\u00f3n y eficiencia de los procesos<\/strong> y utilizar esa evidencia para determinar qu\u00e9 reglas y pr\u00e1cticas deber\u00edan mantenerse o extenderse.<\/p>\n\n\n\n

El enfoque supone pasar de discutir las reformas \u00fanicamente desde el plano normativo a compararlas a partir de resultados: cu\u00e1nto tardaban los procesos antes y despu\u00e9s de los cambios<\/strong> y qu\u00e9 mecanismos consiguieron efectivamente reducir esos tiempos.<\/p>\n\n\n\n

Evaluar el desempe\u00f1o de los jueces<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La tercera propuesta introduce otro eje de discusi\u00f3n: qu\u00e9 ocurre una vez que un magistrado ya fue designado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Santiago sostiene que el sistema argentino desarroll\u00f3 procedimientos para seleccionar, designar, disciplinar y eventualmente remover magistrados, pero que sigue pendiente un mecanismo adecuado de evaluaci\u00f3n peri\u00f3dica de su desempe\u00f1o<\/strong>. Propone que los jueces rindan cuenta objetivamente de su actuaci\u00f3n ante sus superiores, los abogados, los justiciables y la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

El punto de partida es una diferencia que, seg\u00fan el constitucionalista, puede observarse dentro del propio sistema: juzgados que trabajan con cantidades similares de personal, infraestructura y las mismas reglas procesales presentan resultados distintos en eficiencia y calidad de gesti\u00f3n<\/strong>. Para Santiago, medir esas diferencias permitir\u00eda identificar buenas pr\u00e1cticas y mejorar el funcionamiento institucional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Una discusi\u00f3n que llega al Consejo de la Magistratura<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El cuarto eje planteado es menos reglamentario y apunta a promover una cultura de servicio al ciudadano dentro del Poder Judicial<\/strong>. Santiago considera que las reformas institucionales necesitan acompa\u00f1arse de cambios en las pr\u00e1cticas de quienes integran la Justicia y del liderazgo de sus autoridades.<\/p>\n\n\n\n

El debate adquiere adem\u00e1s una dimensi\u00f3n institucional inmediata. El propio Santiago se\u00f1ala la pr\u00f3xima elecci\u00f3n de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura<\/strong> como una oportunidad para discutir el funcionamiento, la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n

La magnitud de las vacantes coloca esa discusi\u00f3n sobre datos concretos: 266 cargos se encuentran actualmente en alguna instancia del proceso de cobertura y 159 de ellos todav\u00eda permanecen en el Consejo de la Magistratura<\/strong>. La discusi\u00f3n que plantea Santiago es c\u00f3mo reducir esos tiempos<\/strong> y, al mismo tiempo, incorporar mecanismos que permitan evaluar no solamente c\u00f3mo se elige a los jueces, sino tambi\u00e9n c\u00f3mo funcionan los tribunales una vez que esos cargos son cubiertos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Universidad Austral<\/p>\n\n\n\n

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