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Acoso moral en el trabajo
por Alejandro Hernández (*)
Si de situaciones emergentes se trata, el Acoso Moral o mobbing resulta cada vez más frecuente y las consecuencias de este tema está generando personas con discapacidades emocionales, orgánicas e incluso físicas.
En el último tiempo me he especializado en la prevención de este tema, que está generando cada vez más víctimas en empresas y organizaciones enfermas que persiguen a sus trabajadores, los excluyen y discriminan, especialmente cuando tienen perfil de independientes en lo psicológico e inquebrantables en lo ético y humano.
Desde insomnio y estrés, hasta el desarrollo de cardiopatías y cánceres pueden afectar a los empleados que se sienten menoscabados moralmente por sus jefes. Nada nuevo bajo el sol cuando hablamos de estrés o depresión en las organizaciones.
Sin embargo, el grado de preocupación es enorme en las empresas e instituciones, cuando se señala que solo en Europa este problema de Salud Laboral afecta a más de 40 millones de trabajadores y cuando se estima que entre el 70 y 90 por ciento de las consultas de los médicos de atención primaria, tienen al estrés como causa esencial.
Las mayores exigencias laborales aumentan el riesgo de ser víctima de mobbing, principalmente entre las mujeres, ejecutivos jóvenes y las personas mayores de 50 años. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima sólo en la Unión Europea (UE) hay 13 millones de personas que sufren de esta práctica, cifra que se podría duplicar en unos años. La primera sugerencia que doy a través de estas líneas, es que cave denunciar a la Oficina más cercana de la Inspección del Trabajo perdiendo el miedo a desenmascarar a las empresas y sus administradores abusivos.
Invito a los departamentos de Recursos Humanos y Sindicatos de Trabajadores a capacitarse en Mobbing o Acoso Moral, a invertir en cursos que les permitan manejar herramientas eficaces a la hora de ser acosados moral o psicológicamente. Personalmente realizo cursos y asesoro a trabajadores en este sentido porque ahora sí que pueden existir denuncias, porque la Constitución y las leyes laborales protegen al trabajador en su integridad física y moral, por lo tanto cualquier trabajador puede hacer la denuncia de que es acosado psicológicamente.
Si bien aun está en estudio en el Congreso la ley que sanciona el Mobbing o Acoso Laboral, la Dirección del Trabajo recurre a otras normas que sí están establecidas y las liga de forma indirecta a la tutela del trabajador. Entre estas normas destaca la protección a la vida de los trabajadores, el derecho a la privacidad y la prohibición de cualquier tipo de discriminación. Una de las principales prácticas de mobbing es la modificación de las condiciones de trabajo.
Cambios de oficina y/o cargo a uno más incómodo o por debajo de tu capacidad, recarga extrema de labores que no puedes realizar o linchamiento colectivo en público que promueve el jefe "asociado" con otros trabajadores. Si eres un empleado a comisión te van quitando comisión, si eres Dirigente Sindical te pueden acosar y hostigar psicológicamente hasta ofrecerte dinero para abandonar la empresa e invitarte a dejar de luchar por tus derechos y los de tus compañeros de trabajo.
En Chile existen varios casos, destaco especialmente el acoso indebido y discriminación que han sufrido por años los Dirigentes Sindicales de la Corporación María Ayuda, institución "sin fines de lucro". Esta empresa a realizado acciones muy poco cristianas, como son el despedir violentamente al Presidente del Sindicato, dirigente con fuero laboral, no allanar a reintegrarlo reteniéndole su sueldo e interponer demandas indirectas en contra de las trabajadoras afiliadas a la Organización Sindical. Perverso por decir lo menos.
Las presiones afectan más visiblemente a los Dirigentes Sindicales y mujeres embarazadas, en ambos casos existe fuero y en ningún caso pueden ser despedidos mientras dura el período de los Dirigentes o el embarazo de la futura madre. La empresa lo que trata es ejercer una presión indebida para que se vayan voluntariamente. En ese tipo de figura se puede identificar una política empresarial perversa y tóxica que genera enfermedades y discapacidad a sus trabajadores en circulo vicioso violento.
Es innegable que para que exista acoso en una empresa se necesita de la dirección de administraciones y jefaturas psicopáticas. Pero también deben haber empleados inseguros dispuestos a callar frente a los abusos que sufren sus compañeros de trabajo y otros mediocres, dispuestos a acosar junto al empleador a las víctimas por años, haciéndose cómplices de una situación de maltrato sistemático, que termina al menos al interior de las empresas en una misma ceremonia sacrificial: el despido.
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(*) Alejandro Hernández es director de la Fundación Nacional de Discapacitados de Chile, asesor sindical y activista por los derechos humanos. director@fnd.cl
Nota de opinión publicada en el periódico El Mostrador (Chile) 28/08/2005
¿ A QUIÉN LE IMPORTAN LOS TRABAJADORES? (PRIMERA PARTE)
A los males de los trabajadores, la falta de representación sindical, a dirigentes aburguesados y alejados del trabajador en cuanto a ideología y forma de vida, ahora sus aportes se desvían en oscuras campañas políticas, que solo alimentan intereses personales, pero lo curioso es que muchos dirigentes que se dicen opositores de estos sindicatos tradicionales, ong´s y partidos políticos, parecen mirar para otro lado.
(Por Marcelo Ricardo Hawrylciw) Comienzo esta nota, con una pregunta que quizás tenga una respuesta más sencilla que preguntarse, ¿a quién le importa respetar y hacer respetar la Ley?, ya que en nuestro país, el respetar la Ley es algo que no se estila, y preguntar eso, es querer ser tachado de ingenuo.
La realidad es que cuando el año pasado comencé una investigación periodística sobre la actividad sindical en la Argentina, lo primeros comentarios que recibí fueron de que eran todos unos mafiosos y que todos eran unos corruptos, pero que nada se podía hacer, porque nadie hacia nada para que eso cambie, después de un tiempo de investigar e incluso convivir con algunos dirigentes sindicales, afiliados y simples trabajadores(lo de simples es por el hecho de que no participan gremialmente, sino solo trabajan), llegué a la conclusión de que si bien es cierto que muchos sindicalistas son una mutación dañina para los trabajadores, existen algunos aunque pocos que intenta generar un cambio, el problema es el aparato que sostiene a los dirigentes clásicos por llamarlos así, estos sujetos que hace tiempo dejaron la lucha gremial, son hoy profesionales sindicalistas de la simulación, si porque no ganan por carisma o capacidad, sino por “viveza”, esa triste habilidad que aprendieron de los políticos, así se apela a los arreglos, los aprietes, el fraude, y toda modalidad que permita perpetuarse al frente de un sindicato, que ya no trabaja para los trabajadores, sino para intereses personales. Se rodean de inescrupulosos y ambiciosos abogados, que al igual que sus clientes no se destacan por capacidad intelectual, sino que son hábiles “arregladores” no los llamo mediadores porque entiendo la mediación como otra cosa.
De esta manera , los trabajadores solo son una cuota que sostiene a parásitos y delincuentes, lo grave no es su falta de representación, lo grave es que se postulan solo para sostener sus actividades personales, así tenemos dirigentes gremiales que viven como el mejor gerente de una multinacional, que visten como agentes de bolsa y que por nada quieren parecer un trabajador, utilizan vehículos importados con vidrios polarizados para trasladarse y custodia, al mejor estilo burgués (¿o mafioso?).
Tanto intentan diferenciarse que hasta se compran parcelas en cementerios privados, ni muertos quieren estar cerca de los trabajadores que dicen representar, y surge la pregunta ¿para qué los eligen?, si bien uno puede pensar que estos son hábiles para engañar y que todos los trabajadores son unos tontos, la realidad es que no son elegidos por mayoría, basta con investigar un poco en como se desarrollan las elecciones en muchos sindicatos, para entender que es la voluntad de unos pocos y la desilusión de muchos.
Pasa lo que le ha pasado a muchos instituciones en nuestro país, la política ha ido corrompiendo, o mejor dicho los malos políticos han corrompido todo lo que tocan, así los dirigentes sindicales buscaron financiar a políticos y obtener un respaldo a sus acciones a cambio de… y donde todo se mezcla, terminaron reunidos con las patronales negociando en beneficio propio, después de todo los trabajadores son rehenes de las decisiones de estos, estén o no afiliados al sindicato que les corresponde.
Si bien existe la Ley de Asociaciones Sindicales, que aunque escueta, fija que actividades están vedadas a las empresas con respecto a los sindicatos, esta normativa como muchas otras en nuestro país, parecen ser solo letra muerta, y ni que hablar del desprolijo y hasta corrupto actuar del Ministerio de Trabajo de la Nación, con funcionarios ineficaces, corruptos y ociosos. Este ministerio se ha transformado en el respaldo de muchos dirigentes cuestionados, algunos hasta requeridos por la Justicia por sus administraciones fraudulentas, y otras yerbas, pero que siempre encuentran una soga para seguir con algún curiosos dictamen ministerial, en el que la Ley siempre encuentra una interpretación distinta de la que originó la norma, curiosa capacidad en una República, donde funcionarios, administran no solo justicia, sino que interpretan o modifican Leyes, muchas veces sin los conocimientos o la experiencia básica en la materia.
Con esta introducción de algo que todos conocemos, vengo tratando de aportar algo de luz y de información a los trabajadores que no tienen el tiempo, ni la oportunidad de ser informados de lo que realmente ocurre.
Pronto a culminar la investigación periodística actual en la que una vez más los trabajadores de un sindicato son dejados de lado para financiar las campañas electorales de allegados a un infame Secretario General que desprecia a los trabajadores, que ha estafado a los mismos liquidando el patrimonio del sindicato, que asesorado por un inescrupuloso abogado, y dejando de lado la salud de los afiliados que deben esperar meses para los reintegros o no se les otorga los medicamentos prescriptos, ahora juega a financiar a nuevos políticos, pero viejos simuladores, responsables del estado actual de los sindicatos, habiendo perjudicado a muchos trabajadores, pero esto no queda solo en ellos, con la participación de algunos empresarios locales y otros de empresas internacionales, estos no solo obtienen fondos, sino personal para ser “usado” para sus campañas políticas, además de que a estos que “usan” les cancelan los créditos personales con el pago de la retención gremial de los demás trabajadores, resultado, los trabajadores de un establecimiento pagan los créditos de estos “elegidos”, pero al ingresar menos dinero al sindicato, son todos los trabajadores del rubro perjudicados.
Al parecer, en tiempos de campaña todo vale, y esto a nadie le importa, realizando la investigación me comuniqué con diferentes ONG´S y partidos que dicen defender los derechos de los trabajadores, que publican lindos artículos denunciando el fraude de estos dirigentes, pero que al parecer no quieren llegar a más que eso, a reclamar algo sin sustento, a solo ser expresiones, ya que si bien dijeron interesarles el tema no han colaborado con aportar los casos que ellos dicen conocer, entonces surge la pregunta del titular, ¿a quién le importa los trabajadores?. Cuando el informe este terminado, que será en breve, conoceremos todos los nombres de los implicados, y una lista de quienes fueron contactados al respecto, como siempre, encontré en algunos periodistas el apoyo para llegar a la verdad de esto que afecta a miles de trabajadores, pero a muchas más personas que viven del trabajo de estos hombres, que hacen a la producción interna de la Nación, que sostienen la industria, pero que también deben alimentar a estos parásitos disfrazados de sindicalistas. Nunca tan cierta la frase de Jesús, que cito: -Seréis conocidos por sus actos y no por lo que digan.
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Marcelo Ricardo Hawrylciw es Director Editorial del Diario El Sindical, Director Editorial del Periódico Kid´s, Director Periodístico del Semanario El Profeta y Director Periodístico Adjunto del Diario Hechos Policiales, además de colaborador del medio online Tribuna de Periodístas, y otros medios periodísticos nacionales e internacionales, con activa participación en medios radiales de interés general.
EL DERECHO CADA VEZ MÁS LEJOS DE LA SOCIEDAD
Nubes grises rodean la Justicia
No es ninguna novedad que cada día que pasa, la Justicia, por lo menos para el común de los ciudadanos se nos hace más lejana. Desde comienzo de los años 90, en el mundo y en América Latina, se ha comenzado a discutir con más seriedad el tema de los Derechos Humanos, reconociéndose que estos deben tener un lugar de discusión en los temas políticos de los Estados ya que hay derechos que son inherentes al ser humano por su sola condición de persona. Ahora bien, ¿qué es lo qué ha pasado en la Argentina?; al parecer mucho se ha discutido al respecto, para estar en una sintonía internacional o global, en la reforma de 1994 se incorporaron a la Constitución Nacional diferentes Tratados con jerarquía Constitucional y desde esa fecha se han firmado varios Tratados Internacionales y Convenciones, estos por la sola aplicación del Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales (aprobada por la Ley 19.865 y ratificada por el Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980) obliga según la misma CSJN al cumplimiento del Estado de los mismos. De hecho la mismísima Corte se ha expedido al respecto de que estos Tratados en cuanto a derechos básicos del hombre tratan, pueden ser invocados, ejercidos y amparados aún sin el complemento de disposición legislativa alguna. Esto fundado en el deber de respetar los derechos del hombre, axioma central del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Ahora bien, como siempre se dice de nada sirve una hermosa Constitución si esta no es complementada con normas inferiores o no son respetadas sus garantías, lo que transforma sus normas solo en “letra muerta”, situación análoga padecen muchas de nuestras leyes.
Tratando de dar un panorama breve de lo que quiero describir, podemos concluir en que las garantías de nuestra Constitución Nacional son un elemento de control a las arbitrariedades que todo grupo que ejerza el poder intente aplicar a sus administrados. Los jueces, en teoría deberían ser los encargados de hacer cumplir la letra de la Constitución, y las leyes administrando justicia conforme a los derechos y garantías de todo ciudadano, y manteniendo siempre el concepto de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
Otro importante derecho es el de acceso a la Justicia, el cual en teoría permitiría que todos podamos ejercer la tutela y la defensa de nuestros bienes jurídicos protegidos judicialmente, manteniendo de esta manera un orden social basado en el respeto de la Ley. Esto en teoría, junto con otras normas que regulan distintas actividades de la sociedad reguladas por las diferentes ramas del derecho formarían el Estado de Derecho tan necesario para que una Nación o Estado pueda desarrollarse sin desniveles sociales y cumpliendo con los derechos humanos internacionales reconocidos por los Tratados y Convenciones ya enunciados que hacen a la dignidad de todo ser humano.
Aquí, está el punto de arranque de mi nota. En la Argentina, ha sido mucho lo que se ha discutido, hablado, propuesto y prometido, pero en los “papeles” por llamarlo así, es poco lo que ha cambiado. Curiosamente, no se han pronunciado al respecto, ni los colegios de abogados que se supone alguna vez persiguieron una vocación de justicia, ni los periodistas que se supone deberían informar y ser la voz de los que no tienen los medios o los conocimientos en comunicación social para expresar su padecer. Así, la Justicia está cada vez más lejos del común de los argentinos, y hasta encontramos el absurdo de que desde hace años existe en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.183) el Art. 85, párrafo tercero, indica que aquel que no tuviera los medios necesarios para actuar como particular damnificado, el Centro de Asistencia a la Víctima se lo proveerá gratuitamente, a fin de que acceda legítimamente al procedimiento judicial. Esto es obvio que se incorporó al Código con la intención de permitir un acceso a la Justicia de todo ciudadano sin importar su condición económica y además, cumplir con la garantía de igualdad ante la Ley. Art. 16 C.N. Pero, para sorpresa mía, al consultar en diferentes Departamentos Judiciales al respecto de este punto, la respuesta es que no se ha cumplido hasta el momento con este punto y que esto lo saben todos los Fiscales de Cámara de quienes depende, cada Centro de Asistencia a la Víctima.
Ante esto una debe hacer la siguiente reflexión, si en un proceso penal, en el que uno ha sido víctima, intenta solicitar alguna medida judicial ya sea para que esta avance o esta no se archive, encontrará que si no se presenta como particular damnificado o querellante no es tenido como parte del proceso y por tanto no podrá proponer medida alguna u oponerse, ahora bien, para esto necesariamente se necesita de la asistencia de un abogado, lo cual implica el contar con medios económicos que permitan subsistir a la víctima y además poder abonar gastos extras (fotocopias, pagos de tasas, viáticos, etc.) además de los honorarios profesionales. La pregunta es lógica, ¿cómo accede a la Justicia alguien de escasos recursos?, y ¿qué puede hacer alguien en esas condiciones?, la verdad muy poco, la experiencia personal y la investigación realizada, me permite asegurar que la mayoría de los consultorios jurídicos de los colegios de abogados se encuentran limitados a asuntos de familia, a algunos temas civiles y que generalmente quienes concurren a estos salen sin entender bien que se les indicó y el trato dispensado a estos ciudadanos, generalmente mujeres, no es el mismo que algunos de estos abogados suelen tener en sus estudios, lo cual lamentablemente torna a la profesión en un mero intercambio comercial alejado de toda vocación. Idéntica situación uno puede comprobar en las diferentes Unidades de Defensa Penal de la Provincia de Buenos Aires, y en algunas Defensorías Oficiales nacionales, aunque el trato en estas últimas es muy diferente en algunas de ellas. A fuerza de ser sincero y objetivo, uno comprende que muchas de estás se encuentran saturadas de trabajo, pero esto no exime ciertas conductas que son muy poco profesionales. Así, lamentablemente, muchas personas que hubieran podido obtener una resolución judicial más beneficiosa de haber tenido asistencia legal, quedaron sin esta posibilidad garantizada en nuestra Constitución Nacional.
Si a este panorama judicial, sumamos los malos ejemplos de algunos miembros del Poder Judicial, Jueces, Fiscales y otros miembros que seducidos por el poder, inclinan su sana convicción a intereses políticos o personales, no hacen más que alejar la Justicia del común de los ciudadanos, aquellos que no tienen altos ingresos, aquellos que no tienen contactos políticos, judiciales, o de poder.
De que la Justicia funcione debemos participar todos, denunciando a los malos funcionarios, reclamando el respeto de toda persona que quiera acceder a la Justicia, en igualdad de condiciones y con todas las garantías, con políticas legislativas serias, y un control de los poderes tal como en teoría debería ejercerse. Basta con observar cuantos casos de mala administración de Justicia vienen ocurriendo y que pocos casos son juzgados por el Congreso, salvo aquellos que son impulsados por intereses políticos, mientras otros son sostenidos y hasta propuestos en cargos sin importar sus antecedentes.
Para finalizar, surge una duda ineludible en el análisis, ¿qué sentido tiene en el caso de los Centros de Asistencia a la Víctima, organizar toda una estructura de personal, insumos y espacios físicos, si su única función es la de asesorar a alguien, actividad que bien puede realizarse de forma gratuita en cualquier estudio jurídico?
Creo que es hora de que desde la Procuración General de la Nación, de quien depende la OFAVI, la Defensoría General de La Nación, y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires de quien dependen los Centros de Asistencia a la Víctima se replantee la forma de trabajo y adecuen la misma para beneficio de los ciudadanos. Y saber ¿por qué?, no se cumple con el Código Procesal en la Provincia de Buenos Aires.
Tengamos en cuenta que no he incluido en este análisis el tema de la CORRUPCIÓN, así que imaginemos que lejos está la Justicia de todos, si a los no corruptos, sumamos todo esta problemática estructural y falta cumplimiento de la Ley y los Tratados Internacionales, además de la vocación.
MARCELO RICARDO HAWRYLCIW
FELAP N° 496
