La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que contempla penas que van desde multas hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones públicas. También sancionó la prórroga de la emergencia territorial indígena.
La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley por 144 votos contra 6 y 31 abstenciones el proyecto que penaliza a empresas por delitos contra la administración pública con sanciones que van desde multas hasta la suspensión de la actividad y de la participación en licitaciones de Estado.
La sanción se logró luego de que los diputados aceptaran los cambios introducidos por el Senado al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria al cosechar los votos favorables del interbloque Cambiemos, del bloque Justicialista, y del Frente Renovador.
El Frente para la Victoria que había votado en contra cuando se aprobó el proyecto en Diputados, ahora decidió abstenerse aunque la mayoría de los kirchneristas prefirieron retirarse del recinto de sesiones, mientras que la izquierda votó en contra de esta iniciativa.
Diputados también convirtió en ley por unanimidad, con 215 votos, el proyecto que extiende por cuatro años la denominada Ley de Tierras Indígenas, que vence el 13 de noviembre, con el fin de evitar los desalojos en las tierras que ocupan los pueblos originarios.
La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
La medida suspende por el término de la duración de la emergencia el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas.
