La Jueza federal Laura Inés Cosidoy, integrante de la Cámara Federal de Rosario, aseguró que «existe una guerra por el territorio y el poder entre uniformados». Dijo que hace años Hugo Tognoli le confesó que sus superiores le habían pedido que «recaudara», oportunamente la Jueza había denunciado a otros policías por sus vínculos con la droga, pero siempre todo siguió igual.
Mientras se despliega la crisis institucional en Santa Fe por los fuertes vínculos entre el narcotráfico y la Policía, la magistrada afirmó que ya hizo muchas denuncias para que se investigue la supuesta relación entre narcos y policías, aunque aseguró que «todo sigue igual».
Durante una entrevista con el diario La Nación, Cosidoy sostuvo que «esa vinculación nunca se dio de manera tan clara e impune como en la actualidad», y afirmó que «así como la hay entre los narcos, hay una guerra entre policías por el territorio y el poder».
Asimismo, detalló un episodio que vivió con el ex Comisario General Hugo Tognoli, detenido por sus vínculos con el narcotráfico.
«Hace cuatro años, Tognoli vino a verme cuando era jefe de la División Antidrogas en Rosario. Se lo notaba muy nervioso e inquieto. Parecía preocupado. Me confesó que sus jefes le habían exigido que recaudara para ellos. Entonces hice la denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos, que, 24 horas después, inició un sumario», contó la magistrada.
Pero cuando Tognoli fue llamado a declarar «se desdijo de todo. En su declaración agregó que nunca lo habían presionado. Me quedé tranquila porque tenía testigos de lo que él había dicho».
Cosidoy contó que recibió varias amenazas, y hasta dos atentados en su propia casa por investigar la connivencia entre grupos de la policía santafesina y bandas de narcotraficantes.
«A pesar de todas las denuncias que hice, nada cambió. Creo que actualmente el panorama es más negro. Nunca había visto una relación tan abierta y evidente entre narcos y algunos uniformados. Antes se cuidaban más», aseguró.
Desde El Sindical, pudimos investigar al respecto de las denuncias de la Jueza Cosidoy, y los vínculos de policías y narcos, de donde surgen otros nombres en este entramado de corrupción, por caso, en el año 2007, la Jueza acusó públicamente al segundo Jefe de la División Drogas Peligrosas un Comisario Aldo Monzón, quien por el estado público de las declaraciones de la Jueza, fue pasado a disponibilidad y apartado de la fuerza por orden del entonces Gobernador Jorge Obeid. Este oficial en el 2009, inició una demanda civil contra la Jueza por daños y perjuicios, ya que según sus palabras no se pudo comprobar ninguno de los dichos de la Jueza, y que ni siquiera el Fiscal federal inició investigación penal alguna en su contra.
Por su parte esta Jueza, ha denunciado año a año la connivencia de policías con el negocio de la droga, ha sufrido varios atentados en su contra, dos en su propio domicilio, un chalet en el barrio Paquerfield, donde siempre vivió, y hasta debió utilizar un chaleco antibalas.
La historia comenzó cuando Cosidoy tomó muy en serio —como hace con todo— la desarticulación de una banda de narcotráfico. Y no se detuvo en sus integrantes civiles, sino que indagó hasta encontrar la conexión policial. En la causa Salerno, así llamada porque uno de los jefes de la banda era José Luis Salerno, procesó al Subcomisario César Peralta, los Sargentos Aldo Rey y Miguel Masiello, los Comisarios Principales Jorge Daniel Benítez y Angel Roberto Cuello y el Subcomisario Miguel Feldman. Las derivaciones llegaban también al dirigente Jorge Lelli (ya fallecido), íntimo amigo del ex presidente Carlos Menem. Pero los problemas comenzaron cuando citó a declarar al Comisario Inspector Raúl Romero, que nunca se presentó. Allí recibió la primera amenaza.
Sin querer, una investigación termina rozando la causa por la muerte de Sandra Cabrera. Fue en la investigación a Roberto Juan Uzin, acusado de tenencia para comercialización, y propietario de una parrilla. La dirigente de Ammar concurría allí con Diego Parvluczyc, policía federal y único sospechoso que tuvo la causa, hoy desvinculado definitivamente por falta de pruebas. Es más, Sandra estuvo en ese lugar la misma noche de su muerte. “No se pudo probar quién la mató, pero en la causa que investiga su muerte está probado quiénes de la Policía Federal, de la provincial, quiénes de Gendarmería se reunían ahí todas las noches, llevaban remanentes de lo que habían robado de los procedimientos, y lo repartían entre las prostitutas y vendedores para que vendieran para ellos”, relató Cosidoy, que pidió el expediente de la muerte de Sandra para acumularlo en la causa contra Uzin. En ese expediente, el Tribunal que integra la jueza ordenó que se investigue a los efectivos de las tres fuerzas por encubrimiento.
Esta Jueza, oriunda de Chaco, fue propuesta por el Colegio de Abogados de Rosario, como la mejor candidata a la Procuración General de la Provincia de Santa Fe, pero ella ya sabia que no la nombrarían, porque es evidente que para que esta situación se produzca, se necesita de la complicidad política, motivo por el cual reconoce que la lucha contra el narcotráfico es difícil si no hay compromiso político.
Estas afirmaciones, que se acompañan con denuncias penales son muy fuertes, porque es sabido que el narcotráfico opera de forma similar en otras provincias, incluída la provincia de Buenos Aires, y que los lazos con las fuerzas federales no son nuevos, lo relevante de las declaraciones es que no se trata de alguien que denuncia sin conocimiento del tema, sino de una Jueza que lleva años de investigación, que sabe lo que dice y que obviamente, sus silencios son el verdadero escudo que la protege.
