Secreto de sumario en la causa de la explotación de trabajadores

La Justicia dictó el secreto de sumario en las dos causas que investigan si empresas agropecuarios incurrieron en los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre por las condiciones de trabajo en las que tenían a sus empleados.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dispuso el secreto de sumario en dos causas en donde se realizaron tres allanamientos a campos de las zonas de Ramallo y San Pedro.

Fuentes judiciales dijeron que el magistrado tiene en estudio la documentación secuestrada con vistas a avanzar en la investigación, pero dictó el secreto de sumario para evitar que trasciendan esas diligencias.

Hasta ahora no hay ninguna persona detenida en el marco de las investigaciones, en las que intervino el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, según reportó el Centro de Información Judicial.

En las últimas semanas, distintos operativos en los que intervinieron las carteras de Trabajo provincial y nacional detectaron casi 200 personas oriundas de Santiago del Estero viviendo en condiciones precarias en dos estancias del municipio de San Pedro, que pertenecían a dos importantes alimenticias.

Allí los empleados habían sido llevados a trabajar en el desflore de la semilla del maíz.

Sin embargo, a raíz de que algunos de ellos llegaron con lesiones o enfermedades al hospital de la zona, se hizo una investigación que derivó en un allanamiento dispuesto por el fiscal de San Nicolás Rubén Giagnorio.

En el campo, Giagnorio detectó que los empleados no tenían las condiciones mínimas de higiene y salubridad, vivían hacinados -muchos de ellos con sus hijos- y debían pagar por la comida que consumían.

«Estaban trabajando en forma indigna, dormían en cuchetas, no tenían baños. Se les retenía los documentos a las personas. Suponemos que eso es un elemento de coacción», sostuvo el fiscal.

Por eso se investiga si estaban privados de su libertad, mientras se analiza si, detrás de estos casos, existía una organización criminal dedicada a reclutar personas para trabajo esclavo en establecimientos rurales. Más tarde, por impulso de la fiscal Paula Moretti, se hizo un allanamiento en una estancia de Ramallo donde se encontró a 120 santiagueños que cumplían tareas en forma irregular.

Las empresas para la que trabajaban las víctimas son alimentarias, dedicadas a la exportación de semillas.

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