Santa Cruz:Gremios docentes resisten multa y amenazas de sanciones

Los dos sindicatos desoyeron a la Justicia y a los funcionarios de esa provincia y mantienen la medida de fuerza desde el pasado 15 de abril. La sanción económica fue de 750.000 pesos.

Gremialistas docentes santacruceños en paro desde el 15 de abril por demandas salariales seguían hoy con la protesta pese a la intimación a acatar la conciliación obligatoria y las multas de 1.000 pesos, impuesta por la justicia, y de 50.000 y 700.000 que dispuso ayer la Secretaría de Trabajo local.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), en un congreso provincial que retomó ayer en la norteña ciudad de Pico Truncado el debate iniciado el sábado en Río Gallegos, se disponía a sostener el paro, dijo el secretario adjunto, Alejandro Leone.

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Pública (AMET), también en paro, analizaba su respuesta en asambleas convocadas en las regionales norte y sur de la provincia.

Ambos sindicatos iniciaron las clases el 28 de febrero con medidas de fuerza en reclamo de un aumento del 50% y rechazaron sucesivamente ofertas del 20, el 23 y el 25, cifra que pactada con el resto de los sectores salvo para la administración central, que recibió el 30 por ser el más rezagado.

Desde entonces realizaron paros por 24, 48 y 72 horas y el 15 de abril lanzaron otro por tiempo indeterminado, que aún sigue. El 2 de mayo la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria, a lo que se resistieron con recursos legales mientras piden un ámbito de discusión «sin condicionamientos» e incluso un «arbitraje».

La semana pasada el juez Carlos Arenillas, titular del juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, intimó a ambos sindicatos a acatar la conciliación, les impuso una multa de 1.000 pesos diarios a cada uno y les advirtió que puede haber acciones penales si persisten en su actitud.

Ese fallo también fue apelado. La AMET –con unos 170 maestros– explicó que su recurso no fue negado, como autoridades locales indicaron ayer, sino que estimó «improcedente» darle el trámite de «amparo» porque aún debe expedirse la Cámara de Apelaciones.

El otro recurso en trámite es el de la Adosac, que nuclea a unos de 5.000 de los más de 9.000 educadores de Santa Cruz.

Ayer la cartera laboral local notificó la aplicación de sanciones administrativas de 700.000 pesos al sindicato mayoritario y de 50.000 a la AMET, que deberán depositar en la cuenta «Multas» del Banco Santa Cruz.

El Gobierno cuestiona la actitud de los sindicatos y asegura que con el aumento ofrecido, que lleva el sueldo de bolsillo a unos 4.700 pesos para el maestro inicial, están a la cabeza de los haberes del sector en el país.

Pero ambas entidades se preparaban para resistir también esa sanción, en el caso de la Adosac con «acciones legales y medidas políticas para sostener esos reclamos», dijo Leone desde Pico Truncado mientras aún deliberaba el congreso.

Una de esas medidas, anticipó a esta agencia, será «un cabildo abierto educativo» el 25 de mayo y un «cacerolazo» esa misma noche.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) dictó la semana pasada un acuerdo que entre otras medidas faculta a las juntas de clasificación a sesionar sin quórum e inscribir suplentes, lo que enojó a los docentes que desde entonces hacen guardias frente al organismo para desalentar a los postulantes.

Aunque según las autoridades la adhesión al paro se mantiene por debajo del 50%, la asistencia a clases es irregular por las complicaciones que implican para los padres que trabajan llevar y buscar a los chicos en horarios inusuales, determinados por la actividad de los maestros que no adhieren a la medida.

Los docentes sostienen la protesta con presencia en entidades escolares, cortes en rutas de acceso a yacimientos de petróleo y pasos fronterizos, reparto de volantes, charlas y marchas.

Mientras tanto, en toda la provincia se alzan voces de padres, estudiantes e instituciones reclamando el fin de conflicto, que ha consumido ya más de un mes en lo que va del ciclo lectivo y pone en serio riesgo los 180 días efectivos de clases comprometidos en el Consejo Federal de Educación.

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