El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, que hoy condenó a perpetua a dos delincuentes por el crimen del ingeniero, ordenó que se inicie una pesquisa para determinar si un imputado que fue excarcelado por el juez Sal Lari, pagó $10 mil.

Se trata del condenado Sebastián Ernesto Bordón, quien en la última jornada del juicio aseguró que cuando en marzo de 2008 se entregó a la Justicia por una causa por portación de armas, su abogado le pidió 10.000 pesos para lograr la excarcelación que finalmente le otorgó el magistrado Sal Lari.

Bordón junto con Julio Omar López fueron sentenciados a cadena perpetua como coautores de homicidio calificado criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito y lograr la impunidad.

También fueron condenados por la tentativa de homicidio calificado de Carla Regis -la hija del ingeniero que sufrió dos roces de bala en el mismo hecho- y por los delitos de robo calificado y tenencia de armas de guerra.

El caso tuvo mucha repercusión no sólo por el homicidio, sino porque luego se determinó que ambos imputados debían estar presos al momento del crimen por una causa de portación de armas ocurrida el 25 de enero de 2008 en jurisdicción de la comisaría 10ma. de Martínez.

Los dos fueron sorprendidos merodeando en un auto donde se secuestraron dos pistolas con mira láser y balas de punta hueca. López fue excarcelado en ese momento por el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, pero Bordón logró escapar de la policía y recién se entregó en marzo de 2008.

Cinco días más tarde, fue excarcelado por el juez Sal Lari, pese a que estuvo dos meses prófugo y a sus antecedentes -estaba con libertad condicional por una condena por robo calificado-.

En relación a este punto, el TOC 2 de San Isidro ordenó hoy la formación de una nueva causa para que se investigue si Bordón pagó 10.000 pesos por esa excarcelación.

Es que el último día del juicio, Bordón pidió declarar y aseguró que cuando él se entregó a la Justicia en marzo de 2008, su abogado le dijo que consiguiera 10.000 pesos para pagarle “a los fiscales” y que así lograría la excarcelación.

Si bien Bordón comentó que el supuesto pago era para los fiscales de esa causa -Jorge Ariel Apolo y Diego Grau-, fuentes judiciales explicaron a Télam que el único que tenía potestad para otorgar una excarcelación era el juez de Garantías, que era Sal Lari. 

 

Fuente: Télam

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