Repudio al archivo de la denuncia contra Fernández Garello

La AJB expresa su rechazo a la resolución del Procurador General.

A través de la resolución 728/18, el Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conté Grand, dispuso el cierre y archivo de las actuaciones seguidas a Fabián Fernández Garello, actual Fiscal General del departamento judicial Mar del Plata. El magistrado había sido denunciado ante las autoridades del Ministerio Público por su participación en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que el organismo de derechos humanos gestiona desde el año 2001.

Los documentos de la DIPPBA involucran al actual Fiscal General de Mar del Plata en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982, y de la detención de otros tres militantes de la misma organización el 23 de Julio de 1981. El entonces oficial subinspector Fernández Garello participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores. También fue partícipe en acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos.

Fernández Garello reconoció en el jury de enjuiciamiento haber participado en procedimientos de detención de personas en julio de 1981. Sin embargo, intentó minimizar su intervención afirmando que la misma se había limitado a la redacción de las actas de procedimientos en los domicilios donde se producían las detenciones, mientras que la custodia de los detenidos se encontraba a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía con sede en Caseros.

Durante todos los procesos judiciales donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar quedó de manifiesto que la tarea de espionaje desplegada por los organismo estatales de inteligencia fue clave para la ejecución del plan represivo. Por ello resulta llamativo que frente a las pruebas obrantes en contra del Fiscal, el Procurador Julio Conte Grand haya decidido cerrar el sumario disciplinario sin profundizar la pesquisa de esos hechos, justo en momentos en que la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, Alicia Vence, dispuso recientemente la ampliación de la declaración indagatoria del magistrado en la causa penal donde se investigan los mismos hechos denunciados ante la Procuración General..

Inexplicablemente, a pesar de conocer todo este material probatorio el Procurador General, Julio Conté Grand, resolvió desestimar la investigación en base a meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen la gravedad institucional de este hecho, sino que contrarían las obligaciones propias de la Procuración General en su rol de superintendencia.

“Resulta preocupante que Conté Grand argumente que el tema excede los límites de su actuación por tratarse de hechos anteriores y ajenos a la función actual de Fernández Garello, dada la gravedad institucional que implica que un Fiscal General de la democracia haya sido parte del aparato represivo y que, además, haya ocultado su condición de ex espía de la DIPPBA en sus antecedentes al momento de concursar por ese cargo”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB

“La propia Constitución provincial indica que todxs lxs funcionarixs judiciales deben acreditar solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los Derechos Humanos. Es por eso que la decisión tomada implica, en los hechos, la protección del Fiscal y la tolerancia de actos contrarios al estado de derecho por parte un miembro destacado del Ministerio Público Fiscal, cuya función esencial es defender los intereses generales de la sociedad”, finalizó Fernández.

Es por ello, que la Asociación Judicial Bonaerense repudia la decisión tomada por el Procurador General y reitera el pedido de destitución del Fiscal General de Mar del Plata.

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