Repercusiones por la violenta represión a trabajadores estafados y despedidos de curtiembre Becas S.A

represión-Avellaneda-trabajMás de 1000 trabajadores agrupado en el Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) se habían concentrado en las puertas del Polo Judicial de Avellaneda, para protestar por el violento desalojo contra 8 trabajadores que se encontraban preservando la fuente de trabajo ante un vaciamiento fraudulento del dueño de las curtiembres Néstor Alberto Castro, situación de la que este medio se había ocupado anteriormente.

«Estábamos reclamando pacíficamente por la fuentes de trabajo y contra el Juez Luis Carzoglio, que dictaminó el desalojo de los trabajadores, cuando empezaron a tirarnos balas de goma y gases lacrimógenos», contó el secretario de prensa del sindicato, Gabriel Navarrete.

Los incidentes se produjeron en las puertas del edificio municipal, ubicado en las calle Mitre al 2600 y dejaron a «trabajadores heridos por tiros de bala de goma en la cabeza, la boca, la espalda», aseguró. «Le pegaron a todo el mundo; al que pasaba le pegaban por las dudas», detalló el dirigente gremial sobre la represión.

El conflicto del gremio lleva larga data. El delegado Jorge Loto hizo responsable de lo sucedido al Juez Carzoglio que «no quiere escuchar a los trabajadores pese a que sabe que el dueño de la curtiembre («Pocho» Castro) ingresó tres veces en la planta y les pegó y amenazó de muerte a los empleados», lo cual «fue denunciado».

El delegado sostuvo que «lo único que queremos es que nos paguen los sueldos, aguinaldos y vacaciones atrasadas; no es que pedimos un aumento ni quedarnos con la fábrica».

Además, Loto señaló que «hay empleados a punto de jubilarse y les faltan aportes» y que «hemos pedido audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero el dueño nunca ha presentado un proyecto para pagarnos».

«Hace tres meses que estamos con esta medida de cuidar la fábrica de un posible vaciamiento, no es una toma. Hemos visto cómo se ha ido desmantelando la curtiembre, no hay mercadería adentro», explicó.

En medio de este reclamo pasivo de los trabajadores ocurrieron hechos muy graves, como por ejemplo la llegada una noche del dueño con un camión, autos y camionetas de apoyo con personas armadas para romper un portón y llevarse documentación de la empresa que la Justicia aún no había allanado.

Durante años, la fábrica recibió subsidios del Estado Nacional que nunca fueron invertidos, ni se pagaron sueldos a los trabajadores, por el contrario se priorizaron con ese dinero negocios en el rubro gastronómico de la esposa del dueño y los seguros que se cobraron por daños en los techos producto de una fuerte granizada tampoco se utilizaron para repararlos, quedando el lugar con agujeros que permitían el paso del agua los días de lluvia dañando los pocos materiales existentes.

Según un cable de la agencia estatal Télam, los dirigentes denunciaron «connivencia» entre el dueño de la empresa, el Juez y el ex intendente de Avellaneda Baldomero «Cacho» Álvarez, en perjuicio de los trabajadores.

En ese marco, señalaron que Álvarez, quien recientemente se fue del sciolismo y se incorporó a las filas del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, busca que «se generen conflictos y disturbios para mostrar que (Jorge) Ferraresi (actual jefe comunal) actúa contra los trabajadores, cuando es todo lo contrario».

Lo cierto es que tas la movilización y los incidentes con la policía, los trabajadores acordaron una audiencia con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, y regresaron a la planta de la curtiembre para continuar con medidas de fuerza.

Fuentes del sindicato y partidos políticos que apoyan a los trabajadores evaluaban presentar denuncias penales contra el Juez de la causa el Dr. Carzoglio por la represión y por su vinculación con el dueño de la fábrica (compartirían country) y los abogados de este. También denunciar al Jefe Distrital Manuel Canosa por la conducta de varios efectivos policiales.

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