En un caso sin precedentes, la directora del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires, Romina Rodríguez, que depende del ministerio de Gobierno que encabeza Federico Salvai, fue denunciada durante una decena de oportunidades por “violencia laboral” luego de expulsar o instar a la renuncia a una incontable cantidad de funcionarios y empleados del organismo.

Según comienza indicando la presentación realizada en sede administrativa a la que tuvo acceso REALPOLITIK, “el personal estable del organismo indicado recibió con beneplácito los ‘nuevos aires’ de una gestión que parecía prometedora (…). Con el transcurrir de los meses, todo ello fue quedando solo en buenas intenciones”

Y agrega: “El equipo de trabajo se integró por nuevas figuras al menos en su designación como ‘coordinadores’, cargo por cierto inexistente”. El decreto Nº 50/2015 suscripto por la gobernadoraMaría Eugenia Vidal designó como coordinadores a Martín Lepera (Delegaciones), Antonella Tosso (Prensa), María Carmona (Técnica), el coronel retirado del ejército Edgar López  (delegada DGA), la ex alakista Paula Parisi (General), José María Barcia Amuchastegui (DT), Yanina Galucchi (delegada DGA), Eduardo Colombo (Documentación) y Susana Gangi (Auditoría). Además se creó sin ley la figura del “jefe de Gabinete”, con relación jerárquica sobre los directores, cargo que ocupaba Florencia Quiroga, quien era secundada por Magali Antonowicks. Tras sacar a la luz la irregularidad, Quiroga fue nombrada directora de la DGA y, aunque suene insólito, la denuncia asegura que “prestaría funciones mediante un contrato de Ciudad de Buenos Aires”.

Los denunciantes hacen referencia a “la cantidad de renuncias, expulsiones y limitaciones, ocurridas en escasos seis meses de gestión, sin perjuicio de lo cual todas y cada una de ellas podrá ser debidamente corroborada por vía instrumental”, y enumera: Alejandro Morena (Informática), Cristian Batista, Natalia Panella (Delegaciones), Jimena Domínguez Silvapobas (subadministración),Magali Antonowicks (íntima de la directora), Oscar Rodríguez (chofer de dirección) y Edgardo Markusek (reemplazante del anterior).

“Siguiendo con el triste derrotero de bajas, sufren embestidas algunos jefes de departamento, quienes en su gran mayoría y ante la inexistencia de concursos, ocupan cargos durante cuantiosos años de manera interina”. Así también eliminan a Valeria Fernández y Fabiana Vietri, “bajo pueriles argumentaciones”, que se detallan con gran exactitud a lo largo de la denuncia.

“El camino de los violentados”, según las mismas palabras utilizadas por los denunciantes, es seguido por el subdirector de Arquitectura, Sergio Ferreti; el director de Documentación, Eduardo Colombo; su reemplazante Martín Festa; el coordinador de la DGA, Edgar López; su sucesor de nombre Federico (renunció el mismo día que asumió); su reemplazante José Zabala (también retirado del ejército); el director Técnico, José María Barcia Amuchastegui (“soportó duros embates (…) con la única finalidad de hacerlo renunciar”) y Marisa Calvo (a cargo durante diez años de la subdirección de Registración).

Todas estas personas “han quedado a la merced de un superior por lo menos arbitrario en el peor y más despectivo de los alcances de la calificación (…) Quedaron atrapados en una ingeniería de poder y mandato perverso, cobijada por el estado y en cabeza de la señorita Romina Rodríguez, siendo  víctimas directas de la mencionada”.

No sin detallar lo ocurrido caso por caso, en la denuncia concluye: “La cronología de los hechos aquí explicitada, no refleja la totalidad de las situaciones sufridas por funcionarios y agentes de la dependencia. Así podríamos indicar el manejo de las horas extras de manera discrecional y arbitrario, traslado de agentes no por razones de mejor servicio debidamente justificadas como requiere la ley, sino a modo de sanciones encubiertas, infringiendo temor en los restantes agentes, situaciones de destrato, pedidos de informes absurdos que se reiteraban hasta el hartazgo, mudanzas sin razón”.

En tanto, los empleados aseguraron ante REALPOLITIK que, tres días después de presentar la denuncia, dos directoras del RPP recorrieron las oficinas pidiendo notas de respaldo a Romina Rodríguez, en una actitud que catalogaron como “extorsiva” y que está prohibida por las leyes 10430 y de Ética Pública.

Finalmente, vale destacar que está semana una empleada de Técnica y su respectivo director se sumaron a la ola de denuncias por violencia laboral contra la titular del Registro de las Personas.  (www.REALPOLITIK.com.ar)