Recondo y su doble intervención en las causas del Grupo Clarín

La gran polémica alrededor del juez Ricardo Recondo y su doble cargo en la Cámara Civil y Comercial y en el Consejo de la Magistratura que le habría permitido controlar la suerte del juzgado que lleva la demanda del Grupo Clarín contra la desinversión que le exige la Ley de Medios. Su participación en la suspensión de la caducidad de la licencia de Fibertel que solicitó una ONG trucha integrada por abogados de Cablevisión.

Ricardo Recondo es miembro de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura.  Adicionalmente también ocupa la Vicepresidencia de la Cámara que integra.

En virtud de este último cargo es que, junto al Presidente de la Cámara Martín Farrell, Recondo designó a Raúl Tettamanti, un ex magistrado que se encuentra jubilado, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal  n°1, donde tramita la lucha del Grupo Clarín contra la Ley de Medios. Más exactamente, el proceso de desinversión que exige al Grupo reducir la cantidad de señales de radio y televisión que posee para así ajustarse a los límites dispuestos por la normativa.

Los camaristas pidieron a la Corte que convalidara el nombramiento, pero  el tribunal manifestó que no está dentro de sus funciones intervenir en la designación de jueces interinos.

La postulación de Tettamanti fue el disparador anteayer de la denuncia y recusación de Recondo en el Consejo de la Magistratura como voto autorizado en la elección de los aspirantes a cubrir cinco juzgados civiles vacantes. Según María Lorena Gagliardi, una de las postulantes a la terna, Recondo realizó una maniobra para dirigir discrecionalmente las designaciones.

Un hecho que alimenta las sospechas sobre la falta de imparcialidad  del consejero es su intervención en la causa de Fibertel, donde la Sala integrada por Ricardo Recondo y Graciela Medina – Guillermo Antelo se encontraba en licencia-, hizo lugar a la medida cautelar requerida por una ONG trucha dirigida por Fernando Rosenkrantz y Gabriel Bouzat, abogados de Cablevisión y Grupo Clarín.  Así, los jueces dejaron sin efecto la Resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones que declaró la caducidad de la licencia de Fibertel, habilitando a la empresa a operar como cualquier otra a pesar de no tener la licencia requerida para hacerlo.

La parte actora era la “Asociación para la Defensa de la Competencia” la cual no estaba habilitada para interponer acciones en defensa de intereses colectivos.  Esta asociación nunca habría realizado actividades en defensa de intereses colectivos de la comunidad. De hecho, no tenía otra sede que el propio estudio jurídico Bouzat-Rosenbrantz. Tampoco había registros de que haya desarrollado las actividades propias de una verdadera Asociación Civil interesada en proteger los derechos de la sociedad antes que los de una empresa [ver nota anterior MyT].

Y, como si ello fuera poco, la asociación no estaba “registrada conforme a la ley” como lo exige la Constitución. La sentencia de la Sala integrada por el juez Recondo que dio por válida la inscripción societaria en la Inspección General de Justicia y omitió tener en cuenta que hay un Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la Secretaría de Comercio Interior en el cual no está registrada la aventurera asociación.

Por último, de acuerdo a los registros de la Inspección General de Justicia, la Asociación para la Defensa de la Competencia, no había presentado aún ningún balance, acta o constancia de actividad en los más de 10 años de su creación.

Fuente:Mercado y Transparencia, el derecho a saber

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