Un relevamiento sobre las 53 comisarías de la Ciudad, al que accedió en forma exclusiva “Democracia”, revela que hay menos de un policía pala vigilar cada una de las manzanas que componen el territorio porteño. El informe fiscal destaca que la mitad de los móviles no funcionan y que la Fueza no previene los delitos, sino que va detrás de los problemas de inseguridad.
La Policía Federal Argentina, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), no investiga redes de trata ni a bandas narcos. Tampoco realiza tareas de prevención contra el delito. Sus principales tareas son acudir a los llamados de emergencia de víctimas de la delincuencia y realizar los trámites ordenados por los magistrados, como citaciones, comparecencias o allanamientos. Para colmo, más de la mitad de los patrulleros –al menos el año pasado– estaban fuera de servicio. Si se compara el número total de efectivos con el territorio porteño, hay menos de un efectivo para controlar una manzana de extensión. Esta impactante radiografía fue elevada hace apenas unos días a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El análisis fue realizado en base a información oficial entregada a la Fiscalía Federal número 6 a cargo de Federico Delgado por los jefes de las 53 comisarías de la Ciudad. De su lectura queda muy claro por qué hay cada vez más inseguridad en las calles.
Lo que sigue es un diagnóstico preciso, aunque seguramente insuficiente, del funcionamiento de la Policía Federal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, más precisamente del secretario de Estado, el coronel médico Sergio Berni.
Quizás por este estado de anemia de la Federal, no reconocida en público por las autoridades, el propio Berni decidió desplazar a efectivos de la Gendarmería para recorrer algunas zonas de la CABA a las que denominó “cinturón sur”.
También por esta misma circunstancia, cada vez que un hecho de inseguridad estalla en la Ciudad de Buenos Aires, desde el Gobierno nacional le exigen a Mauricio Macri, jefe del gobierno porteño, que de una vez por todas la Policía Metropolitana se haga cargo de la seguridad en la CABA.
Por todas estas falencias, en el territorio capitalino conviven cuatro fuerzas de seguridad: la Policía Federal, la Metropolitana, la Gendarmería y la Prefectura. Pero, según el relevamiento que desde la fiscalía de Delgado elevaron a la Procuración, por lo general las vigilancias en las calles la hacen en forma descoordinada, no de manera complementaria para potenciar la seguridad de los ciudadanos.
La Federal por dentro
En su introducción, el trabajo de los once funcionarios judiciales que componen la Fiscalía Federal 6 recuerda que, en términos generales, se quiso obtener información relativa a la configuración de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de establecer “correlaciones ilustrativas entre fenómenos delictuales y la inversión de recursos públicos en materia de seguridad (…). Ello en relación a dos manifestaciones del crimen organizado en materia federal: la trata de personas y el narcotráfico”.
La intención de la fiscalía era responder una serie de preguntas, como por ejemplo si al Estado “realmente le importa incidir y erradicar tales problemáticas”; y de ser así, ¿cómo estamos?, ¿en qué estamos fallando?, ¿qué nos falta?
Antes de responder parte de ese cuestionario, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal destacan que, por lo general, los funcionarios del Poder Ejecutivo “usualmente prefieren otro tipo de análisis, uno más positivista, aquel que los deja siempre bien parados. Por eso la insistencia, incluso la repetición tediosa –el horizonte de estas líneas está lejos de la autocomplacencia, sino todo lo contrario–, es crítica y contracultural y surge de una profunda inquietud: las enormes distancias entre la voluntad y su realización”.
Es decir que mientras desde los estamentos más altos del Estado se declama una lucha a brazo partido contra las mafias narco y de trata de personas, las estadísticas de la Policía Federal hablan de un escaso combate contra esos dos flagelos.
Por esa razón en el informe se lee: “Basta cotejar la enorme distancia entre el país real y el país legal. El país real parece sentir que el derecho es un edificio exterior que le enreda la vida en vez de mejorársela. El país real no comprende los tiempos de la ley. El país real no entiende el significado de la ley. El país real siente que la ley estorba, traba, complica, defiende al poderoso e ignora al débil”.
Y destaca que “las agencias estatales correspondientes a los distintos poderes constituidos actúan en forma fragmentaria de acuerdo a las competencias formales. Existe escasa cooperación, coordinación y socialización de la información, el efecto concreto es el reduccionismo de los problemas, la simplificación y la ineficacia de las políticas públicas cuyo norte sea la inclusión social”.
Entendiendo que si la propia policía que a diario está en la calle no denuncia o detecta redes de trata y de narcotraficantes esta tarea deberá ser encabezada por jueces y fiscales, la fiscalía abrió “una de las tantas líneas de investigación, identificada como IP 87546 (NN s/trata de personas y graves afectaciones a la salud pública)”.
Una de las razones de esta tarea, se explica en el informe, “consistió en intentar conocer el despliegue territorial de posibles redes de trata de personas en el ámbito de la Ciudad”, pero, ante la sorpresa del fiscal Delgado, desde la Policía Federal Argentina se le respondió que para investigar las redes de trata y narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires se les debía indicar “un domicilio puntual”, ya que “nosotros –por la fuerza federal– lo investigamos, pero no podemos ir de lo general a lo particular porque además son las comisarías del lugar las que tienen la obligación de actuar por prevención”.
Esa respuesta oficial se contradecía con las estadísticas de las fuerzas solicitadas a cada una de las 53 comisarías capitalinas, donde la investigación de oficio, es decir de prevención, por esos delitos es prácticamente inexistente.
Delgado le asegura a su jefa, la procuradora Gils Carbó, que después de esa respuesta inesperada por parte de la Federal “nos concientizamos sobre nuestra ignorancia en torno a cuáles son las posibilidades concretas de trabajo por parte de esas fuerzas, de manera que difícilmente podíamos definir una estrategia de investigación compleja y factible cuando desconocíamos los recursos asignados y utilizados por el Estado”.
Fue por esa razón, y por las denuncias que se realizaron desde la fundación La Alameda, cuyo titular es el legislador porteño Gustavo Vera, donde se señalaban unos cien domicilios desde los cuales se vendían drogas en la Ciudad de Buenos Aires, que desde la fiscalía se les hicieron a los jefes policiales a cargo de cada una de las comisarías porteñas las siguientes preguntas: “¿Cómo están conformadas y estructuradas las fuerzas de seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuáles son sus funciones y qué es concretamente lo que hacen?”.
También se solicitó información sobre la distribución de los policías, qué tareas desempeñan, las acciones que realizan, los recursos y equipos de trabajo, la cantidad de personal, los servicios adicionales y el presupuesto con el que cuentan, la cantidad de móviles, los sumarios iniciados por prevención y a instancia de órdenes judiciales/fiscales.
Números que preocupan
Menos de un policía por manzana
La información acopiada por la fiscalía de Delgado revela que las 53 comisarías porteñas tienen aproximadamente 11.691 efectivos y 13.614 manzanas aproximadamente bajo su jurisdicción, de población y conflictividad variables, en general ligada al nivel socioeconómico de los habitantes. La división da como resultado 0,85, es decir, menos de un policía para patrullar, vigilar o prevenir el delito por manzana.
46,88 sumarios por tenencia de droga por cada comisaría, en un año
Según los registros estadísticos de las comisarías se iniciaron 2.485 sumarios por infracción a la Ley 23.737, esto es por tenencia y tráfico de estupefacientes. Aquí también, si se divide ese número por las 53 comisarías, da como resultado 46,88 sumarios por comisaría por año, prácticamente nada.
1,33 por trata de personas, por cada comisaría, en un año
De un total de 145.164 sumarios labrados por las 53 comisarías de la PFA durante el año 2013, sólo 61 fueron por posible infracción a la ley de trata de personas. Si ese resultado se divide por cada una de las comisarías, el resultado es lamentable: apenas 1,33 sumarios por comisaría al año.
50% de las patrullas no sirven
El resultado también fue inquietante: las comisarías cuentan con 1.123 vehículos, de los cuales alrededor de 698 están en servicio (por baja permanente o por encontrarse temporalmente “radiados”), es decir que funcionaban menos del 50% de los vehículos.
Las respuestas
Después de varios meses de espera, las respuestas llegaron a la fiscalía. El resultado, lamentablemente, fue el que los funcionarios del Ministerio Público Fiscal esperaban y que se puede resumir de la siguiente manera:
– Como contrapartida, se labraron 18.950 sumarios por diligencias judiciales, que en general reflejan órdenes de los jueces y fiscales a la policía, que abarcan desde una citación a una tarea de investigación precisa. Esto es, unas 353 diligencias judiciales por comisaría.
– Por otra parte, según los registros estadísticos de las comisarías se iniciaron 2.485 sumarios por infracción a la Ley 23.737, esto es por tenencia y tráfico de estupefacientes. Aquí también, si se divide ese número por las 53 comisarías, da como resultado 46,88 sumarios por comisaría por año, prácticamente nada.
– El dato anterior queda diluido a la mínima expresión si se tiene en cuenta que, tal como recuerda el fiscal Delgado, “entre el 60 y 70% de los casos en los que intervienen las fuerzas de seguridad son de tenencia para el consumo, en los cuales actúan ante el ‘consumo en la vía pública’ o por ‘actitud sospechosa’. Esos casos, como consecuencia de lo dispuesto por la Corte Suprema en el fallo Arriola, terminan, luego de la utilización de muchísimos recursos (que podrían derivarse a un destino más útil), en sobreseimientos seriados (y estadística policial). En los informes, los casos de tenencia para el consumo surgen bajo las voces ‘apología’, ‘consumo’ o ‘tenencia’.”
Asimismo, del remanente de casos, es decir aquellos por posible comercialización, entre el 50 y el 80% se inician por denuncias anónimas y un gran porcentaje termina en un archivo, porque la información no es constatada por las fuerzas de seguridad, y para cuando la Justicia lo ordena, “para decirlo maradonianamente, ya se escapó la tortuga” (según el último de los informes elaborados por la fiscalía).
Por último, el cúmulo de ese trabajo registrado mayoritariamente involucra la tenencia de marihuana, siguiéndole, pero en muchísima menor medida, la cocaína (de la que por otra parte nunca se discrimina su calidad, si se trata de clorhidrato, paco o pasta base, drogas sintéticas o precursores químicos).
– Como se ve, las propias estadísticas policiales y judiciales demuestran que los esfuerzos de los organismos de seguridad y de la Justicia se emplean en perseguir a los tenedores de drogas, sobre todo marihuana, para consumo personal, o a los pequeños distribuidores.
– La persecución y arresto de más mafias narco o de los grandes distribuidores, como queda expuesto, no existe.
El prolijo trabajo elevado a la Procuración General de la Nación enfatiza que “la proporción de sumarios policiales iniciados por prevención estrictamente hablando, en relación con aquellos iniciados por denuncia en la comisaría o telefónica, es dramáticamente pequeña. Si a eso les restamos además los casos de flagrancia, es decir ‘con las manos en la masa’, que son la mayoría, concluimos rápidamente que pese a las funciones de prevención y seguridad que una y otra vez aparecen en los informes como destino específico de una buena cantidad de efectivos, la Policía Federal no previene, es decir, no actúa de manera proactiva sino por mera reacción”.
Algunos ejemplos
A lo largo de las 30 fojas que contiene el trabajo de los fiscales, se desgranan también algunos ejemplos que desnudan cómo funciona la Policía Federal.
– “En la Comisaría 6ª, de 3.457 sumarios conformados, 7 fueron por ley de profilaxis (esto es presunta explotación sexual); 5 por trata; 52 por drogas –de los cuales sólo 5 no fueron por tenencia o consumo–. También se labraron 852 sumarios por robo; 748 por amenazas; 652 por hurto; 217 por lesiones culposas”.
De estos datos la fiscalía resalta que “los números más altos responden a delitos que se denuncian o accidentes en la vía pública”. Es decir que no fueron por actos preventivos, sino cuando los delitos ya se cometieron.
– “La Comisaría 10ª, si bien no envió listado de sumarios, sí informa un total de 5.828, de los cuales 338 responden a órdenes judiciales y 5.381 a denuncias. Es decir que sólo en 109 oportunidades actuó por prevención estrictamente hablando”.
– “En la Comisaría 11ª, de un total de 4.459 sumarios, sólo 362 se iniciaron por prevención o flagrancia. Y de aquel total –es decir no de este último grupo más específico–, 19 fueron por drogas (sólo 3 por tráfico o comercio); 13 por ley de profilaxis y 1 por trata”.
Los recursos
La información acopiada por la fiscalía de Delgado revela que las 53 comisarías porteñas tienen aproximadamente 11.691 efectivos y 13.614 manzanas aproximadamente bajo su jurisdicción, de población y conflictividad variables, en general ligada al nivel socioeconómico de los habitantes. La división da como resultado 0,85, es decir, menos de un policía para patrullar, vigilar o prevenir el delito por manzana.
Visto así, el número de policías que recorren las calles resulta irrisorio. Sin embargo, a vista de la fiscalía, el tema es aún más grave, “porque al total de efectivos por comisaría hay que restarle las faltas permanentes, así como una buena cantidad de personal de oficina que realiza trabajos administrativos y no cumple labores de seguridad y prevención”.
Para el fiscal, la escasa cantidad de policías destinados a las calles porteñas justifica “el Operativo Cinturón Sur dispuesto por el decreto 864/11 y que se desplazó a las jurisdicciones a cargo de las comisarías 12ª, 24ª, 30ª, 32ª, 36ª y 52ª”.
Por último, sostienen desde la fiscalía en el informe ya en manos de Gils Carbó, “la cantidad de personal destinado a las brigadas (que son las que en teoría prestan auxilio a la Justicia en las tareas de investigación) es notablemente reducido, y lo mismo en relación al personal técnico”.
– La Comisaría 1ª, por ejemplo, tiene jurisdicción en un lugar estratégico de la Ciudad, delimitada por la calle Esmeralda, Av. Córdoba, Av. Leandro N. Alem, Av. Rábida Norte y Av. Rivadavia. Está formada por 4 oficiales jefe; 22 oficiales subalternos; 183 suboficiales y agentes; 11 auxiliares y técnicos; 4 efectivos destinados a la Brigada. Esta comisaría tiene a su cargo 49 manzanas y 230 efectivos, esto es, 4 por manzana.
– “La comisaría 42ª (cuyo límite jurisdiccional son las calles Ramón L. Falcón, Escalada, Cnel. Ramón L. Falcón, Manzoni, José Enrique Rodó, Oliden, Av. Eva Perón, Av. Gral Paz, Humaitá y Tonelero) tiene bajo su jurisdicción 966 manzanas y 325 efectivos. La cuenta en principio da 0,33 policías por manzana. Sin embargo, hay que agregar que en este caso hay 38 faltas permanentes y 44 efectivos abocados a tareas administrativas o internas. Es decir que en rigor la operación es 224 dividido 966: 0,23. Con 0,23 policías por manzana –destaca el fiscal Delgado– se vuelve más complejo hablar de ‘zona liberada’ porque el número habla por sí mismo”.
El fiscal aclara también que “esos números requieren cualificación en relación a variables como población y conflictividad. Nuestras afirmaciones son generales. Pero aun así, desde una mirada superficial no deja de resultar llamativo. La Comisaría 1ª tiene jurisdicción en una zona céntrica de la Capital (entre Av. Córdoba, Rivadavia, Esmeralda y Alem). La 42ª, además de ser inmensa, tiene bajo su jurisdicción al barrio Los Perales –próximo a Ciudad Oculta–; Los Peralitos (muy conflictivo); al Club Atlético Nueva Chicago; nueve plazas y cuenta con 0,23 policías por manzana…”.
Ahora bien; además de a pie, ¿con qué recurso cuentan las comisarías para recorrer sus respectivos radios jurisdiccionales?, se preguntaron desde la fiscalía. El resultado también fue inquietante: las comisarías cuentan con 1.123 vehículos, de los cuales alrededor de 698 están en servicio (por baja permanente o por encontrarse temporalmente “radiados”), es decir que funcionaban menos del 50% de los vehículos.
“Si alguna razón de ser tiene este trabajo es hacer las veces de disparador”, culmina el informe. Ojalá cumpla su objetivo. No sería poco, máxime en momentos en que la inseguridad es el mayor problema que tienen los ciudadanos y será uno de los ejes de los debates electorales con vista a las elecciones presidenciales de 2015.
Fuente: Crónica
