Quilmes: Echan 5 policías por extorsionadores

La medida fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y Cristian Ritondo, titular de la cartera, ordenó la intervención de la comisaría 3ª de ese distrito, de la cual los cinco efectivos formaban parte.

Cinco policías bonaerenses que se desempeñaban en una comisaría del partido de Quilmes fueron desafectados al estar acusados de extorsionar a un grupo de vecinos a cambio de modificar una carátula que los imputaba por el delito de “trata de personas”, en connivencia con una fiscal.

La decisión fue tomada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y Cristian Ritondo, titular de la cartera, ordenó la intervención de la comisaría 3ra. de Quilmes, de la cual los cinco policías formaban parte.

Todo comenzó a partir de una denuncia realizada por un grupo de vecinos, en la que sostienen que fueron extorsionados por integrantes de dicha comisaría y en presencia de una fiscal del Departamento Judicial Quilmes.

Voceros de la fuerza informaron que los policías les exigían una importante suma de dinero para cambiar una carátula que los imputaba por el delito de “trata de personas”.

Los denunciantes sostienen además que fueron golpeados y amenazados por los uniformados frente a la representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense.

Según la investigación realizada por Asuntos Internos, esta operatoria se repitió en al menos cinco allanamientos denunciados por otras víctimas ante la Auditoría, que involucraba a los mismos efectivos señalados y en los que la funcionaria judicial fue la fiscal a cargo de la instrucción.

Los policías desafectados son el jefe de calle oficial principal Hugo Enrique Coll; y los oficiales Diego Damián Appella, Víctor Emilio Tévez, Jonatan Eduardo Ocampo y el Teniente Claudio Ramón Lugones.

En tanto, el ministro Ritondo ya había denunciado a la misma funcionaria judicial ante la Procuraduría, cuando en octubre del año pasado no permitió que la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego de Azar Ilegal clausurara un local en el que se realizaban apuestas clandestinas.

Además, el mencionado organismo le había señalado a la fiscal que en esa zona había al menos once puntos en los que se recepcionaba quiniela clandestina, y ninguno fue incorporado por la representante del Ministerio Público Fiscal a los allanamientos que dispuso.

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