Treinta policías santafesinos fueron procesados por la desaparición forzada de Franco Casco en 2014, la justicia federal investiga sus responsabilidades en el asesinato, el ocultamiento del cadáver y el encubrimiento del hecho.
Franco Casco, de 20 años, oriundo de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, fue interceptado y detenido por efectivos de la comisaría 7° de Rosario en algún momento entre el 6 y el 7 de octubre de 2014. No se lo volvió a ver con vida.
Según recuerda el CELS, el 30 de octubre del mismo año su cuerpo fue encontrado flotando en el río Paraná, en el mismo momento en que una movilización reclamaba su aparición.
El lunes 2 de octubre de este año, treinta policías, entre ellos el jefe de la comisaría y cuatro integrantes de la división de Asuntos Internos, fueron procesados por el juez federal Carlos Vera Barros como autores, coautores o encubridores de la desaparición forzada de Franco. A varios de ellos se les dictó también la prisión preventiva para evitar que entorpezcan el curso de la investigación.
El delito de desaparición forzada implica no sólo la actuación de funcionarios estatales para ocultar un cuerpo para así borrar las evidencias de las violencias a las que fue sometido, sino también las acciones de los mismos u otros funcionarios para encubrir esta situación y/o evitar dar información sobre el paradero de la persona, tal como actualmente se da con la desaparición de Santiago Maldonado.
En el caso de Franco, los policías de la comisaría 7° aseguraron que lo habían liberado y que nada tenían que ver con su ausencia. Sin embargo, los registros de la dependencia policial tenían muchas irregularidades. En los días posteriores, cuando la denuncia tomó estado público, los funcionarios de Asuntos Internos de la policía provincial intervinieron en la investigación para ocultar y manipular evidencias, buscando instalar hipótesis que exculparan a los efectivos policiales.
En su momento, la justicia provincial avaló la versión policial, aunque la investigación sólo empezó a avanzar cuando gracias al empuje de la familia, del entonces defensor provincial Gabriel Ganón y de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional de Rosario, se logró que la causa fuera caratulada como desaparición forzada y pase a ser investigada por la justicia federal. Las pericias posteriores demostraron que Franco ya estaba muerto cuando fue arrojado al río y que habría sido golpeado en la comisaría.
Por último, el CELS sostiene que el asesinato de Franco muestra los extremos de violencia a los que puede llegar una fuerza policial cuando se siente impune porque es sistemáticamente apañada por las autoridades políticas y judiciales que deberían controlar su actuación.
