La medida fue tomada por el juez federal Julián Ercolini por la supuesta compra irregular del edificio situado en Ezeiza por 44 millones de pesos. Además, el magistrado ordenó un embargo de 7 millones de pesos sobre los bienes de la procuradora general de la Nación. El procesamiento alcanzó a otros cuatro imputados que participaron de la operación.
La procuradora Alejandra Gils Carbó fue procesada este jueves por la presunta comisión del delito de «administración fraudulenta» en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini en la causa por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la Procuración.
«La procuradora fue considerada coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», informaron fuentes judiciales que indicaron, además, que sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 7 millones de pesos.
El edificio, donde funciona actualmente la sede principal de la Procuración y el despacho de Gils Carbó fue adquirido a la empresa Arfinsa Argentina Financiera S.A, en una operación en la que intervino la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores S.A.
La empresa Jaureguiberry cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, suma que para el juez era «exorbitante», algo «totalmente inusual en el mercado inmobiliario».
De la comisión percibida por Jaureguberry, 3 millones fueron para Juan Carlos Thill, «persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de antecedentes en el mercado inmobiliario», medio hermano de Guillermo Alfredo Bellingi, un subdirector de la Procuración que intervino en la licitación, de acuerdo con la acusación.
El juez Ercolini también procesó por la maniobra a Thill, Bellingi, Bárbara Jaureguberry y a Adrían Fischer, ejecutivo de Arfinsa Argentina Financiera S.A., la empresa que se desprendió del edificio que adquirió la Procuración.
Para el juez «existen pruebas suficientes para afirmar» que los imputados «idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública», es decir, que direccionaron la licitación.
