Distintas organizaciones y referentes de la lucha contra la Trata de Personas y algunos periodistas, nos encontramos preocupados por el tratamiento que está teniendo una investigación judicial por parte del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 a cargo del Dr. Lijo, Ariel Oscar y la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo del Dr. Di Lello, Jorge Felipe, en el Expte. Nº 8667/2012, caratulado «Quintana Manuel S/ Priv. Ilegal de la libertad, Art. 142 inc. 1, Lesiones Leves, Coacción y otros».
Este tipo de delitos tan aberrantes, que han hecho no solo que el cine se preocupe por la temática, sino también que el mundo comenzará a comprender que es uno de los delitos más complejos de investigar y donde muchas veces las víctimas no solo no son recuperadas, sino que terminan asesinadas por estas organizaciones criminales que se sabe, para poder operar cuentan con la complicidad de políticos, autoridades policiales y hasta de funcionarios judiciales. En la Argentina como en muchos otros países donde la corrupción y la impunidad presentan elevados índices, las bandas dedicadas a este crimen comparten estructura y protección con las dedicadas al narcotráfico.
Por lo expuesto, es un deber de todo argentino, apoyar y tratar de garantizar que quienes han sido víctimas de este delito y los abogados que defienden sus derechos, como así también los testigos, tengan de parte del Estado y de las autoridades, las garantías debidas, para la protección de su integridad física y una investigación judicial que permita detener a todos los miembros de la banda y no solo a los perejiles que suelen quedar al cuidado de las mujeres o niñas.
Reproducimos el mail que hemos enviado al Juzgado Federal interviniente y a la Fiscalía Federal, convencidos de que se está trabajando a conciencia de que en estos casos se debe extremar toda medida de seguridad no solo física, sino también de los datos de víctimas, abogados y testigos.
Estimados funcionarios judiciales:
me dirijo a ustedes a los fines de solicitarles información sobre las medidas de seguridad que se han adoptado para la víctima y su abogada en el Expte. Nº 8667/2012 que tramita por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nacional Nº 4 a cargo del Dr. Lijo, Ariel Oscar con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 1 a cargo del Dr. Di Lello, Jorge Felipe.
Motiva la presente, el hecho de que distintas organizaciones contra la Trata de Personas han expresado su interés en la causa y el temor por la integridad de la profesional que lleva adelante la causa, la Dra. Laura Selene Chaves Luna y la adolescente involucrada como víctima.
Entendiendo que en el día de mañana se tomará declaración testimonial a personal policial que podría luego ser imputado, y en atención que el mismo se encontraría armado, solicitamos se nos informe si continúa vigente la disposición de la Cámara Federal en cuanto a que el personal policial citado a declarar debe entregar su arma en custodia de la División que la Policía Federal Argentina posee en los tribunales. También se informe si se han adoptado medidas tendientes a garantizar la integridad física de los abogados intervinientes, testigos y víctimas, como así también el manejo de la información «sensible» que garantice la seguridad de las mismas, tal como es el protocolo internacional en este tipo de causas, medidas que a nivel nacional han sido expuestas por distintos magistrados en los seminarios y encuentros sobre la materia.
La información solicitada no se encuentra dentro de las resoluciones o cuestiones que hacen a la privacidad de la causa y en nada perjudican su desarrollo, sino que hacen a mejorar el concepto de quienes podrían aportar su testimonio al saber que conforme lo garantiza la Constitución Nacional, se prioriza la vida de quienes participan del proceso judicial.
Sin más saluda atentamente.
Marcelo Ricardo Hawrylciw
Editor General del Multimedios El Sindical
155-751-5784
