Es la del titular del INAES, el cual depende del Ministerio de Desarrollo Social. Un fiscal pidió que en indagatoria explique por qué hubo inconsistencias en subsidios estatales otorgados a distintas mutuales.
Una causa que avanzó a paso lento pero que toca de cerca a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Un fiscal pidió la indagatoria de Patricio Griffin, titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), un organismo que depende de aquel, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios estatales a distintas mutuales.
Delgado sospecha que por medio de la creación de mutuales como «excusa» o «fachada», el INAES otorgó subsidios desde 2006 de manera irregular. El caso se inició en 2009 pero en las últimas semanas llegó a manos del fiscal un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que advierte de ciertas irregularidades.
Algunas son la falta de presentación por parte de las mutuales de la rendición de cuentas de los gastos efectuados con el dinero público, las discordancias existentes entre los proyectos presentados inicialmente y los que luego se llevaron a cabo en la práctica, y la falta de aporte de capital propio por parte de la beneficiada, que según la ley es del 25 por ciento.
En abril el informe llegó a manos del fiscal y el juez Sebastián Ramos decidió citar a declarar como testigos a los expertos de la SIGEN para que amplíen su dictamen y se explayen sobre las irregularidades que detectaron.
Al fiscal le llamó la atención que ni los expertos de la SIGEN, «pese a su conocimiento y experiencia sobre la materia, no pudieron dar explicaciones sobre las diferencias detectadas entre los proyectos presentados por las mutuales y lo que luego efectivamente se llevó a cabo en la práctica«.
Otra gran porción de las irregularidades tiene que ver con que no se pudo determinar si el dinero fue destinado a la necesidad del proyecto porque no se rindió cuentas por parte de las distintas mutuales.
«Existe un hiato entre las previsiones legales y el destino que efectivamente se le aplicó a los fondos públicos provenientes de los subsidios. Esta cuestión, hasta el momento, no pudo ser zanjada», reprochó Delgado.
El fiscal consideró en consecuencia que «quien debe brindar explicaciones sobre las anomalías detectadas en los expedientes es, precisamente, quien ejercía la máxima autoridad en el INAES», o sea Griffin. «Tenía el efectivo poder de disposición sobre el dinero y además, debía velar por su correcta aplicación», replicó.
Griffin fue acusado por supuesta malversación de caudales públicos, una figura penal que prevé una pena de hasta diez años de prisión. Ahora es el juez Ramos quien debe decidir si lo cita a indagatoria.
