Pauta oficial: opacidad y descontrol federal

Dato Duro relevó provincia por provincia el estado de situación. El foco estuvo puesto sobre si regulan la distribución de la pauta oficial a través de una ley o decreto, si difunden los respectivos informes sobre cómo se asigna y si poseen un marco normativo que garantice el acceso a la información pública.

La pauta oficial no regulada permite que se financie la subsistencia de medios de comunicación, que se haga propaganda partidaria con fines proselitistas utilizando recursos públicos, que se premie a unos y se penalice a otros, que se censure, etcétera. Ahora bien, si al descontrol, se le suma que conocer los informes de todos los distritos resulta una tarea imposible, se convierte en un problema de magnitud.

Con una finalidad didáctica, los puntos salientes del panorama nacional respecto de este tema están expuestos debajo a través de preguntas y respuestas.

¿En cuántas provincias una ley regula la distribución de la pauta oficial?

En dos: Río Negro y Chubut.

¿En cuántas, un decreto?

En ocho: provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego.

¿Cuántas informan el gasto en redes sociales?

Una: Santa Fe

¿Qué provincias exponen por medio de sus páginas web lo que gastan en publicidad oficial?

Dos: Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.

¿Qué provincias informaron discriminadamente cuánto y a quiénes destinaron la pauta oficial en 2018?  

Ninguna.

¿Cuántas provincias tienen una normativa que garantice el acceso a la información pública?

Dieciocho: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, San Luis, Chaco, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca y Misiones, lo hacen por medio de una ley. Salta y Santa Fe, a través de un decreto.

¿Qué provincia tiene una ley de Impersonalidad Política?

Neuquén. Sancionada en 2016, la  Ley 3017[fue presentada oficialmente por el gobernador Omar Gutiérrez como la herramienta para que los funcionarios no puedan usar la publicidad oficial con fines de propaganda política. De esa manera, el artículo 1 prohíbe “la incorporación de nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de autoridades o funcionarios públicos”.

 ¿En qué provincia el director de Información Pública reconoció que la pauta se entregaba por “costumbre”?

En Corrientes. Quien lo confesó fue Julio Burna.

¿Cuántas provincias no tienen ley ni decreto que rija la pauta ni garantice el acceso a la información pública?

Cuatro: San Juan, Tucumán, Formosa y La Pampa

¿Qué gobernador pidió una ley de pauta oficial cuando era opositor y no cumplió cuando llegó al poder?

El de Jujuy, Gerardo Morales.

¿La secretaria de Comunicación de qué provincia admitió que la pauta oficial es una forma de mantener los puestos de trabajo?

La de Tucumán, Valeria Zapesochny.

Diagnóstico

El presente de la pauta oficial en las diferentes provincias de Argentina es diverso y complejo. En la mayoría se siguen entregando, luego de una larga espera, en papel.

En provincias como la de Buenos Aires y Córdoba se pueden conocer los montos por medio de los presupuestos y el ejercicio de gastos, pero no quiénes la reciben y mucho menos qué cantidad.

En otro caso, el titular de Salta Transparente, Gonzalo Guzmán Coraita, presentó tres recursos de amparo para acceder a la información sobre el gasto en este concepto de parte del gobierno de Juan Manuel Urutubey. Con demora, le entregaron un informe en papel. Actualmente, tardan 30 días en responder, indicó a Dato Duro. En ninguna de las planillas a las que accedió aparece el monto invertido en redes sociales. Cuando lo solicitó, no consiguió acceder a la información a pesar de que es notoria la publicidad del Ejecutivo provincial en Facebook, por ejemplo.

En varias provincias hay causas judiciales en curso por irregularidades en la entrega y la contratación de consultoras cercanas al poder de turno.

Por ejemplo, en Río Negro, en 2016, quedaron en el centro de las críticas los pagos recibidos por la empresa de productos televisivos Antaxus SA, radicada en Trelew, Chubut. La denuncia puso la lupa sobre el vínculo entre un gerente de Antaxus, Nicolás Humphreys, y el entonces secretario de Medios rionegrino, Guillermo Campetti. El eje de la acusación era que la publicidad pagada por el Ejecutivo resultaba más cara que la abonada por la Legislatura a la misma firma. En ese contexto, el denunciante Juan Carlos Jutton, representante de la firma en Viedma, explicó el sistema: se libraban órdenes de publicidad, por medio de las cuales facturaron a lo largo de cuatro años un servicio que no se daba. En una entrevista concedida al diario Río Negro, Jutton indicó que lo hizo “por obediencia debida, porque, si me negaba, me quedaba sin trabajo” . Según la presentación, durante los años electorales la pauta publicitaria pasaba de 20 mil pesos a 400 mil pesos, 200 mil pesos por Lotería y 200 mil pesos por Gobierno.

En Entre Ríos, en 2018, el juez de Transición Nº1 de Paraná, Gustavo Maldonado, decidió procesar al ex gobernador Sergio Urribarri, al ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y al presidente de la firma Global Means SA, Germán Buffa, en la causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de la publicidad oficial. La denuncia data de 2013 y fue realizada por el ex diputado nacional de la UCR, Jorge D’ Agostino, quien los acusó de haber direccionado, en 2011, dos contrataciones por la suma de 118.000 pesos en beneficio del empresario Buffa, actual presidente de la sociedad editora del matutino paranaense El Diario, que pertenecía a la familia Etchevehere.

A fines del año pasado, el titular de la Dirección de Información Pública de Corrientes, Julio Burna, se destacó por su sinceridad cuando le tocó declarar en la causa conocida como “Publicidad oficial”, en la que se investiga la distribución de pauta. Ante el Tribunal Oral Penal Nº 1, Burna explicó: “El marco jurídico legal es la ley de Administración Financiera: no tenemos una ley específica” que regule la entrega. A lo que añadió una apreciación reveladora: “No es necesario ser proveedor del Estado (para recibir pauta). El porqué no lo sé: será la tradición; la forma de hacerlo”.

Solamente dos, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, permiten acceder, a través de la web, a algunos de los datos de los años anteriores, aunque están expuestos desagregados y poco prácticos para ser leídos y comprendidos. Dicho de otra manera, 21 provincias no permiten conocer cuánto gastan en este concepto. La excepción que representan ambas son a medias: en el caso de la provincia gobernada por Miguel Lifschitz, conduce a un archivo Excel caótico y desorganizado. En el del estado porteño, la pauta publicitaria se encuentra encuadrada en Buenos Aires Data  en múltiples entradas que conducen a archivos Excel. Es prácticamente imposible conocer con algún grado de precisión cuánto creció en la torta de fondos destinados a la publicidad oficial la inversión en las redes sociales. Mientras Santa Fe informa que contrata publicidad en redes sociales  por medio de Global Mind en Facebook e IMS Argentina en Twitter, CABA lo omite.

Gobierno nacional

A nivel nacional, no hay ley que regule la distribución de la pauta oficial. La última modificación data de 2016, cuando, por medio de la Resolución Nº247, la Secretaría de Comunicación Pública, que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, estableció nuevos mecanismos y criterios de asignación a lo largo de seis carillas.

Brevemente: el artículo 3 establece: “Podrán ser destinatarios de la pauta oficial, solamente aquellos medio y/o productoras de contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios, que al momento de la asignación se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO)”.   Los cuatro criterios para la distribución aparecen en el artículo 8: el alcance del medio; la pertinencia del mensaje; zona geográfica y el fomento del federalismo y la pluralidad de voces.

Por otro lado, la mencionada resolución, en su artículo 12, indica que la Secretaría de Comunicación Pública debe difundir dos veces al año “la información relativa a la distribución de publicidad oficial, consignando quienes resultaron destinatarios de la pauta en relación a la totalidad de los postulantes”.

Cuando se conoció la resolución, la Asociación por los Derechos Civiles emitió un comunicado marcando un matiz fundamental: “Consideramos esta resolución un significativo avance en la materia, sobre la que venimos alertando desde la sociedad civil desde hace años. Sin embargo, solo a través de un proceso participativo, amplio y plural que resulte en una ley sancionada por el Congreso de la Nación, podremos garantizar cabalmente el derecho de libertad de expresión en relación a la publicidad oficial, así como delimitar al máximo la posibilidad de decisiones discrecionales y arbitrarias. Dicha ley deberá dar cuenta, en forma clara y específica, de los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluir un fuerte componente de transparencia y acceso a la información para beneficio del sistema democrático” .

En 2018, el Poder Ejecutivo nacional gastó 2250 millones de pesos (1473 millones de pesos en el primer semestre y 777 millones de pesos en el segundo). Entre los matutinos porteños, el que más percibió fue Clarín, con 68 millones de pesos; entre las radios fue Mitre con 42 millones de pesos; entre los canales abiertos fue Telefe con 105 millones de pesos, seguido muy de cerca por Canal 13 con 103 millones de pesos. La particularidad es que Clarín, Mitre y Canal 13 pertenecen al Grupo Clarín. Se confirmó la presencia de Facebook con 27 millones de pesos; Youtube con 27 millones de pesos mientras que Google recibió casi 25 millones de pesos.

Fuente: Dato Duro

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