El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, rechazó la decisión del gobierno porteño de avanzar con sanciones a trabajadores que impidan la salida de los darlos, y advirtió que el alcalde capitalino, Mauricio Macri, «no puede establecer un delito a través de un decreto».
A su criterio, «no debería haber polémica», porque sostuvo que «está claro que ha habido un avance inadmisible del Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires arrogándose facultades que de ninguna manera tiene y que significa retroceder 200 años en materia de división de poderes en una democracia».
El titular de la cartera laboral aseguró a radio Del Plata que «está muy claro que no se puede establecer un delito de esta forma».
Así se refirió al decreto de necesidad y urgencia publicado ayer en el Boletín Oficial de la Ciudad que incluye en el Código Contravencional penas de arresto de hasta 10 días y sanciones que llegan a los 50 mil pesos a quienes «convoquen, organicen o apoyen logísticamente» el bloqueo de diarios o amenacen a periodistas.
Tomada subrayó que «el Poder Ejecutivo (porteño) fijó por decreto que tal conducta debe ser penada con prisión y con una sanción pecuniaria», y puntualizó que «la creación de una figura penal a través de un decreto es claramente inconstitucional».
Explicó que «va más allá de ser una norma que afecta a los trabajadores de los medios».
Precisó que el decreto «dice que no pueden ejercer sus derechos laborales los trabajadores que lo hacen en medios periodísticos».
Así remarcó que «se crean dos clases de trabajadores, los que tienen derecho a la protesta; y los gráficos, de diarios y de televisión, que no lo tienen».
«Se crea una subcategoría de trabajadores. Inadmisible», concluyó Tomada.
