El hombre, que se encontraba prófugo por el crimen de Santiago Urbani y anoche fue detenido en Ingeniero Maschwitz, está internado con dos balazos en sus piernas y es custodiado por ocho policías, en el Hospital de Escobar. La madre del joven asesinado, y el intendente de Tigre, Sergio Massa, dialogaron con los medios de prensa.
Oscar Alberto Pérez Graham, el hombre que se encontraba prófugo por el crimen de Santiago Urbani y anoche fue detenido en Ingeniero Maschwitz, se negó a declarar ante el fiscal Mariano Magaz.
Fuentes judiciales informaron que el trámite se realizó en el Hospital de Escobar, desde donde esta tarde le van a dar el alta y será llevado a una comisaría de Tigre.
Pérez Graham (43) se encuentra desde el lunes en el Hospital Provincial Enrique Erill de Escobar, ubicado en avenida Eugenia de Cruz 21, de esa localidad del norte del conurbano.
La policía lo trasladó allí luego de que resultara baleado en ambas piernas durante el enfrentamiento que mantuvo con los efectivos que lo detuvieron.
Un jefe policial explicó a Télam que para evitar cualquier tipo de fuga, el imputado está siendo custodiado de cerca en su cama hospitalaria «por un subcomisario y siete efectivos más».
Pérez Graham tiene dos impactos de bala, uno en cada pierna, y si bien su estado no reviste gravedad, los médicos aconsejaron que debe quedarse al menos 48 horas internado.
El fiscal Iribarren, que lleva adelante el caso Urbani, actualmente está de licencia, aunque anoche se hizo presente en el lugar de la detención de Pérez Graham, al igual que su colega Andrés Zárate, el fiscal del Fuero Penal Juvenil de San Isidro que llevó adelante la acusación en el juicio que hace unos días terminó con dos menores condenados por el caso.
Pérez Graham, alias «El Gordo», fue detenido anoche en Ruta 26 al 800, de Ingeniero Maschwitz, por una comisión de policías de la comisaría 1ra. de Tigre, que trabajan en el caso desde el inicio. Fuentes de la investigación revelaron a Télam que los policías lo fueron a buscar a ese lugar a partir de una serie de tareas de inteligencia y datos aportados por informantes.
El sospechoso fue individualizado a bordo de un ciclomotor cuando hizo algún tipo de intercambio con una pareja que se movilizaba en una camioneta Renault Kangoo.
Cuando el personal policial se acercó para identificarlo, Pérez Graham extrajo una pistola, comenzó a disparar y se inició una breve persecución con tiroteo que terminó cuando el sospechoso cayó herido en ambas piernas.
Si bien el propio sospechoso dijo «bueno, me encontraron, soy yo», un equipo del Afis Zona Norte de la Policía Científica terminó de confirmar con la toma de sus huellas digitales que se trataba de Pérez Graham.
La policía le secuestró al acusado una pistola calibre 9 milímetros marca Browning que por su apariencia y algunas inscripciones limadas, podría tratarse de un arma reglamentaria robada a la Policía Federal. La semana pasada, el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense había aumentado la recompensa por datos que ayuden a localizar a Pérez Graham de 70 mil a 100 mil pesos.
Según lo acreditado en la causa Urbani, Pérez Graham era el mayor que reclutaba a los menores de un humilde barrio de Garín con los que salía a robar al «voleo». La noche del crimen de Urbani, Pérez Graham y los tres jóvenes que cometieron el hecho estuvieron tomando cerveza con «rivotril» durante cuatro horas hasta que salieron a buscar una víctima.
Como era el único que sabía manejar, Pérez Graham actuó de chofer de la banda y durante el robo que culminó en homicidio se quedó afuera de la casa de Urbani actuando de campana.
El crimen ocurrió la madrugada del 10 de octubre de 2009, cuando Urbani llegaba a su casa en la avenida Liniers 1988 de Tigre, en su auto Chevrolet Corsa azul y fue interceptado por cuatro delincuentes.
Los asaltantes lo obligaron a entrar en la casa, donde dormían su madre, Julia Rapazzini, y su hermana, Florencia Urbani, y mientras robaban algunos objetos, uno de los menores lo asesinó de un escopetazo en la cabeza.
Por el caso, el Tribunal de Responsabilidad Penal 3 de San Isidro condenó hace dos semanas a dos menores que al momento del hecho tenían 16 años por homicidio en ocasión de robo, pero difirió el tratamiento de la pena hasta que cumplan la mayoría de edad.
El fallo causó la indignación de la madre de la víctima y de algunas autoridades que ya iniciaron el proceso para pedir el juicio político de estos jueces.
