Ordenan restituir a empleada despedida por su participación sindical

La Cámara consideró que la empresa empleadora tomó una decisión discriminatoria por lo que, además de la reinserción laboral, ordenó el pago de los salarios que no había percibido desde que inició su reclamo judicial.

La normativa vigente protege especialmente a aquellos empleados que realizan actividades sindicales frente a posibles medidas discriminatorias, tales como un despido. Esto significa que ante un reclamo laboral del trabajador cesanteado, la Justicia podría ordenar que le sea restituido su puesto o bien el pago de un resarcimiento.

En este marco, la Cámara del Trabajo condenó a la compañía a reincorporar a una empleada que tenía participación sindical en el ámbito de la firma y a pagarle los salarios que ésta había dejado de percibir mientras duró el juicio. El fallo obligó también a la empresa a resarcirla con un adicional por daño moral por considerar que fue un despido discriminatorio.

Para la decisión de la Cámara, fue fundamental el aporte de los testigos a la causa, ya que, para los magistrados, los testimonios daban cuenta efectiva de la actividad gremial desplegada por la empleada.

En este sentido, los magistrados señalaron que, según la propia Ley 23.592, basta una mera opinión gremial o política como tipificación de causa de la discriminación, por lo que debía otorgarse a este término un alcance amplio y evolutivo. Luego indicaron que, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema en el caso Pellicori, la empresa no logró acreditar que el despido no obedeciera a la actividad llevada a cabo por la actora.

Los jueces puntualizaron que “dicha decisión encubría, en realidad, la necesidad de la empresa de desprenderse de una trabajadora que pretendía llevar a cabo acciones gremiales, incluso, paralelamente a los delegados del sindicato” y remarcaron que “esta actuación en defensa de sus propios derechos y los de sus compañeros fue la que concluyó con el despido, constituyéndose así un acto discriminatorio que debe ser repelido con todo el alcance de la ley en el plano nacional, constitucional y supranacional que los tratados internacionales le confieren”.

Cabe mencionar que la ley 23.592 tiene por objeto sancionar el trato desigual en cualquier ámbito, incluso el laboral, por pertenecer a ciertos grupos, por la nacionalidad, raza, religión, sexo, tipo de caracteres físicos, ideas políticas, entre otros motivos, “en función de ello, tratándose precisamente de un supuesto de discriminación por la actividad gremial, corresponde hacer lugar a la apelación y disponer el reintegro de la trabajadora discriminada por esa causa, tal como lo autoriza la norma en cuestión”, indicaron los jueces.

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