El hotel Cañonero tiene tres causas federales por narcotráfico más tres clausuras del Gobierno porteño. La venta de estupefacientes se disputa a los tiros a metros del Mariano Acosta. Los reclamos vecinales y el cuestionado rol de la Comisaría 8va.

Entre sus ropas calza una navaja de mango negro. Desde hace meses que no va a trabajar a Once sin ella. La muestra para espantar las dudas de los más incrédulos, aunque rechaza de plano que lo fotografíen con ella. “¿Querés que te diga la posta?, Once es la meca de la drogas y el mercado negro de las armas. No hay otra. Ni vos como periodista, ni la asociación vecinal Balsud, y mucho menos yo, podemos hacer algo. Por eso me voy. Mis clientes no quieren venir. No puedo hacer nada. Acá, la Comisaría 8va. no va a mover un dedo. El Gobierno de la Ciudad se cansó de venir. Y nada. La Justicia, bien, gracias. Encima Mauricio Macri inspecciona al resto de los comercios menos al hotel Cañonero. La última vez, los inspectores se fueron corriendo cuando vieron a un tipo con un puñal clavado en la espalda en plena tarde”, relató un comerciante de Urquiza al 100 a Noticias Urbanas.

Sus dichos reflejan una convivencia obligada y no deseada desde hace siete años, con “la sede narco más importante de Once: el ilegal hotel y bar Cañonero”, de acuerdo a la definición de un vecino del lugar.

A una cuadra y media de la avenida Rivadavia, a cuatro de la Seccional 8va. y a media cuadra del colegio Mariano Acosta, sigue intacto el negocio ilegal de la venta de droga. Según parece, no lo afectan las tres causas federales que pesan en su contra. Tampoco las tres clausuras del Gobierno porteño.

Así, los ladrones que esperan el alquiler de armas escondidas en un tanque de agua y los que quieren consumir droga se juntan en la mano impar de Urquiza, llegando a Alsina, y en la vereda de enfrente, junto al supermercado chino, donde hay otro aguantadero narco. También en un hotel de pasajeros copado por travestis.

Al hotel Cañonero lo gerencia desde 2002 el clan familiar peruano Rodríguez Fernández. Hasta el 28 de diciembre el líder era Ángel. Una balacera encabezada por un narco colombiano que opera en Constitución, conforme a la versión judicial, lo instaló en el hospital Ramos Mejía: quedó fuera de juego de los narcóticos y ya no frecuenta la canchita de fútbol de Moreno y Urquiza.

La versión policial del ataque ocurrido en Cañonero fue conocida a través del diario Crónica. Los agentes de la Comisaría 8va. describen a Ángel Rodríguez Fernández, a quien no nombran puntualmente, como un simple “comerciante que fue baleado en la espalda por un grupo de hombres, quienes lo atacaron por negarles el ingreso al local, porque se estaba limpiando y ya había cerrado”, y dejaron trascender a la prensa que “ante la negativa del comerciante (Ángel), los sujetos, enfurecidos, extrajeron armas de fuego y uno de ellos disparó tres veces hacia adentro, hiriendo al propietario en la espalda y en un brazo”. Sólo una pelea.
 
Sin embargo, ante la consulta de NU a los conocedores del hampa que habita en Once, la respuesta contradice la versión policial: “En realidad, la policía no intervino en la balacera sobre Ángel. Si cuando agarran un rastrero (arrebatador) llegan tres patrulleros, con Ángel apareció una sola patrulla. Cerraron el local un par de horas sin ninguna faja y se fueron al toque. Después quedó todo en la nada. Bah, funcionando igual que antes, ¡ja!”.

Las versiones del barrio dicen que el negocio quedó en manos de los padres de Ángel y su esposa. “Hasta Johny, hermano del capo, vino de Estados Unidos. Estuvo unos días y dejó un mulato yanqui. Lo puso como custodio, aunque hace días que no lo veo”, cuentan a NU. Y dan más detalles de la balacera: “El sicario colombiano apareció con un peruano que antes estaba con Ángel. Lo tirotearon, y no justamente por no darles cerveza, como dijo la cana en Crónica. Después, todos los de Cañonero salieron desesperados a la calle. Frenaron un auto cualquiera y se fueron a las chapas para el Ramos Mejía. En la vereda quedó uno de la banda hablando por celular a los gritos. Decía: ‘Él no dijo nada. Te juro que no’”.

Muchos atribuyen ese “no dijo nada” a la versión que reprodujo este medio: la legalidad para lo ilegal en Cañonero, tiene costo. En ese sentido, hasta el año pasado, se trataba de 40 mil pesos por mes para la Comisaría 8va.   

Por otro lado, la fiscal de Instrucción Elsa Nilda Areu Franco y su secretaria Graciela Monasterio informaron a NU que están llevando adelante la investigación sobre tres hechos que sucedieron con Ángel. Entre ellos, un episodio previo al último tiroteo y otro a los pocos días de que Ángel quedara internado. Desde la Comisaria 8va. también indican que están investigando el asunto. Todos dicen investigar: policía, fiscalía contravencional, fiscales de Instrucción, jueces federales.   

Pero tanta exposición mediática (incluídas las declaraciones polémicas desde la Seccional que apuntan a que “los vecinos discriminan porque los Cañonero son peruanos”), sumada a la presión vecinal, hizo saltar a los popes de la Comisaría.

La cúpula policial, con Pedro Zabala a la cabeza, ya había sido desprestigiada cuando el juez federal Norberto Oyarbide utilizó a la Gendarmería para desalojar otro aguantadero narco en Once: La Lechería. A la desconfianza de la justicia sobre la Federal se sumaron las denuncias de la Asociación vecinal Balvanera al Sudoeste (Balsud), que hasta se animó a marchar con La Alameda y los familiares de las víctimas de Cromañón contra los negocios de Rafael Levy, el dueño del boliche, quien a través de terceros sigue explotando un prostíbulo.

El recambio en la Comisaría 8va. deja sus sospechas. El nuevo comisario Durán fue subcomisario en la Seccional 38, con jurisdicción sobre la villa del Bajo Flores, que ha sido señalada en diversos informes periodísticos y denuncias por complicidad policial. En tanto, el subcomisario y la brigada también fueron reemplazados en la comisaría ubicada frente al hospital Ramos Mejía, quienes ya conocieron a los miembros de Balsud. En ese encuentro, reconocieron las deficiencias de la gestión de Zabala y pidieron “tiempo para actuar”. Los federales prometen por lo bajo que Cañonero deja de existir este mes. De todos modos, hasta el cierre de esta edición, todo sigue igual.
 
Causas sin conexión

Por otra parte, tres jueces federales tienen descansando en sus despachos de Comodoro Py los expedientes que involucran a Cañonero con la droga. Mientras, la joven Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la Ciudad tramita otras causas contra Cañonero por las habilitaciones del bar y del hotel.

Como el tráfico de drogas es un delito federal, cuando la justicia porteña intervino en el caso Cañonero y descubrió estupefacientes, tuvo que desligarse de la investigación. NU fue hasta los despachos judiciales de Retiro. Allí, en el juzgado de Sergio Torres, afirmaron que no pudieron avanzar. Una fuente judicial reconoció que mandaron a investigar a una división de la fuerza policial sospechada de complicidad.

Entonces, las tareas de inteligencia de la Federal fueron (como sería de esperar) nulas. Mientras, cualquier persona que transita por Urquiza 163/5 puede ver las rondas de merca y venta. Sin disimulo. Todo daría a entender que ningún fiscal investiga. Sin embargo, sí se solicitó a los vecinos que aportaran más pruebas para “poder avanzar”.

En un operativo ordenado por el juzgado de Julián Ercolini secuestraron un kilo de cocaína. “Cuando allanamos, los tipos creyeron que éramos la Justicia. Empezamos a golpear la puerta de cada habitación y en una no abrían. Había una pareja. Hasta que escuchamos un golpe seco. Cuando entramos, vimos que habían tirado una mochila al patio. Adentro tenía las bochas de merca”, reveló una fiscal del fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño.

Desde el juzgado de Ercolini aún están tratando de determinar cuál de las dos personas arrojó la mochila al vacío. El tercer juez que lleva causas contra Cañonero es Octavio Aráoz de Lamadrid.

Las causas por los mismos delitos que involucran a Cañonero nunca fueron unificadas. “Estamos investigando”, repiten al respecto, desde Comodoro Py, los funcionarios judiciales, como los de la fiscalía de instrucción de Areu Franco. “Más datos no podemos brindar para no entorpecer la investigación”, advierten.

Lo que viene

En ninguna de las clausuras de Cañonero se avanzó sobre las habilitaciones del hotel y bar, aunque se sabe que no están habilitados. Tampoco nada se ha hecho en relación al peligro de derrumbe de la construcción. “La mampostería exterior e interior de los balcones se cae, y hay un agujero que pasa del primer piso hacia planta baja”, expresó Leonardo Dattoli, quien encabeza las denuncias de Balsud contra Cañonero.

“Hasta se puso una pileta de 40 mil litros en la terraza. Lo vecinos ya hicimos la denuncia. Pero todo sigue igual”, relató una vecina con décadas en el edificio lindero a Cañonero, cuyas causas son tramitadas en distintas fiscalías que, como en el fuero Federal, no se unifican.  

Tras insistir, se pudo saber que, en cuanto al proceso judicial firme, Cañonero viola las clausuras. En tanto, a fines de marzo, la jueza Cristina Nazar realizará el juicio oral. Ella es quien mantuvo un conflicto de alto voltaje con la fiscal Guagnino, justamente por Cañonero. En su momento, la fiscal se disponía a allanar las áreas de control. La jueza no la autorizó, pero la fiscal avanzó en el trámite administrativo. A los pocos días, la jueza Nazar levantó la clausura de Cañonero. Desde su juzgado la defienden diciendo que ese proceso lo inició Guagnino con un prosecretario que no tiene la potestad para hacerlo, mientras que la fiscal señala que apeló el levantamiento de clausura y la Cámara le dio la razón.

En fin, lo concreto es que la violación de clausura del hotel será juzgada, se estima, a fines de marzo. En los dos juicios habrá 50 testigos, ninguno de Balsud, la organización barrial denunciante. El acusado es Johny Ruperto Fernández Rodríguez, hermano de Ángel, y quien defenderá los intereses de los porteños será la fiscal subrogante Florencia Zapata. Ahora bien, el peor escenario es que se confirme la información que maneja este medio: que el imputado se encuentra fuera del país, algo que llevaría a suspender el juicio oral. Así, la suerte de Cañonero, continúa sin definirse.

Por Lucas Schaerer

Fuente: Noticias Urbanas

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