Omar «Caballo» Suárez: «No quiero morir en prisión»

  El ex titular del SOMU dijo que su causa es utilizada por el Gobierno para promover la candidatura a senadora de Gladys González.

Omar «Caballo» Suárez rechazó los nuevos cargos por administración fraudulenta vinculados con el manejo de la Obra Social y la mutual del Sindicato de Obreros Marítimos.

El ex titular del SOMU declaró por videoconferencia ante los jueces de la Cámara Federal y pidió: «No quiero morir en prisión».

Suárez prestó una breve declaración indagatoria ante la Cámara Federal I, negó haber cometido los delitos que le imputaron y se quejó también por las condiciones de detención y se definió como un preso político.

Además, aseguró que las causas en su contra son utilizadas por el Gobierno para impulsar la candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires de la interventora del sindicato, Gladys González, segunda candidata a senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires, dentro de la fórmula con Esteban Bullrich

El sindicalista se encontraba visiblemente desmejorado de salud, a raíz de un episodio comparable a un accidente cerebro vascular (ACV)

La audiencia fue para apelar la decisión de Canicoba Corral, quien rechazó su pedido de prisión domiciliaria, mientras que su defensa, a cargo del abogado Carlos Broitman, en la sala de audiencias del tribunal, describió los motivos de salud para que el sindicalista acceda al beneficio de la prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales señalaron que el ex titular del SOMU está acusado de haber desviado fondos de la Obra Social del Sindicato a través de préstamos a empresas vinculadas agente de su entorno, a pesar de que esa no era una facultad legal de la Obra Social.

En su descargo, el sindicalista dijo que él «no era el único responsable de las decisiones financieras del sindicato y que los organismos de contralor no señalaron irregularidades en el manejo de la mutual y de la obra social».

Detenido con prisión preventiva desde septiembre pasado, Suárez ya tiene un procesamiento firme por «entorpecimiento de la navegación» y por poner en riesgo la seguridad de la misma, a raíz de haber negado asistencia a barcos que intentaban ingresar al puerto de Buenos Aires aduciendo medidas de fuerza.

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