Niños pobres bolivianos podrán trabajar desde los 10 años

trabajo-infantilEn el vecino país se promulgó una ley que lo permite. Aseguran que el objetivo del gobierno será erradicar la extrema pobreza para disminuir una de las causas que obligan a los niños a trabajar.

Los niños en pobreza extrema pueden, a partir de los 10 años, tener un trabajo por cuenta propia en Bolivia, que promulgó este jueves una nueva ley laboral infantil que despierta preocupación en entidades locales e internacionales.

La nueva ley, que retoma un Código del Menor de 1999, fija en 14 años la edad mínima para trabajar, en sintonía con la OIT, pero hace dos excepciones: el trabajo por cuenta ajena, a partir de los 12 años, y el trabajo por cuenta propia, desde los 10 años.

La norma también establece la imputabilidad desde los 14 años (reduce en dos al código anterior), e instituye la pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el adulto que provoque infanticidios violentos.

«Acabamos de promulgar una ley que ha costado elaborarla porque había un conjunto de convenios internacionales que el Estado ha firmado, referidos a los derechos de los niños, pero existe una realidad boliviana«, dijo el vicepresidente Álvaro García, a cargo del Ejecutivo por viaje de Evo Morales a Brasil.

García aseguró que el objetivo del gobierno será erradicar la extrema pobreza para disminuir una de las causas que obligan a los niños a trabajar.

Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica donde el propio presidente Morales, indígena aymara, tuvo que trabajar desde niño, primero como pastor de llamas y luego como fabricante de ladrillos en los Andes.

La pobreza extrema alcanza a 20% de los más de 10 millones de habitantes que tiene el país. La mayoría de los niños en Bolivia trabajan en tareas rurales y agrícolas en el campo, y un gran número lo hace por cuenta propia como vendedores ambulantes o en los mercados.

Según los últimos registros del Instituto de Estadística boliviano (2010) unos 850.000 niños y adolescentes, de entre 7 y 15 años, están en el mercado de trabajo.

La nueva ley pone límites al trabajo infantil en actividades de riesgo como la minería, la zafra de azúcar o castaña, y la fabricación artesanal de ladrillos o labores en los hospitales.

Críticas y observaciones 

La nueva norma fue blanco de observaciones de la estatal Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez de La Paz y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT anunció la semana pasada que investigará a Bolivia por esta nueva ley, pues sus convenios establecen la edad mínima para trabajar desde los 14 años, con excepciones desde los 12 en países en vías de desarrollo.

«Hay preocupación de que la ley pueda llevar a la reducción de la edad mínima para trabajar por debajo del mínimo indicado por las Convenciones de la OIT, ratificadas por Bolivia», afirmó en Ginebra su vocero Hans von Rohland.

Esta nueva ley «es una señal de que el Estado boliviano no es responsable con sus compromisos internacionales y de crear políticas de Estado serias», dijo a la AFP Marcelo Claros, de la Defensoría de la Niñez de La Paz.

Uno de los problemas centrales que afecta a los niños y adolescentes trabajadores es que pueden ver «comprometidas sus posibilidades de estudio y quedar expuestos a trabajos peligrosos por la naturaleza de la ocupación o por las condiciones en las que trabaja», según un reciente estudio de la estatal Universidad Mayor San Andrés de La Paz.

Cuatro condiciones 

El gobierno señaló que para evitar la explotación laboral infantil ha fijado cuatro condiciones: la decisión voluntaria del menor a trabajar, la autorización de padres y/o tutores, el registro en las defensorías municipales de la niñez, que certifican de la condición de pobreza extrema del niño, y en el Ministerio de Trabajo.

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, los adolescentes no podrán ganar un sueldo inferior al mínimo nacional de 1.440 bolivianos, cerca de 207 dólares. Además, el Ministerio de Trabajo obligará a la firma de contratos de trabajo, así como la inscripción en los sistemas públicos de salud.

Eddy Roman, un adolescente de la ONG privada de infantes y jóvenes UNATSBO, apoyó la norma y señaló que «se pide a voz en cuello la no erradicación del trabajo infantil desde hace cuatro años y más».

El gobierno espera aprobar un decreto reglamentario en las próximas semanas para viabilizar la aplicación de la nueva ley.

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