Ministerio Público Fiscal CABA, cuando las cosas funcionan mal

Cuando se aprobó la reforma del Código Procesal Penal de CABA, varias fueron las criticas sobre las amplias facultades que se delegaba en las Fiscalías y en la Policía de la Ciudad.

Puntualmente se denunciaba que la reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.

Pero poco se hablo de la difusa condición de víctima que padece quien pretenda acceder a la justicia ante un hecho que lo pone según la interpretación de la Fiscalía de turno en igualdad de condiciones con el denunciado por eso de que existen dos versiones y hasta que no se avance en la investigación ambas partes comparten igualdad no solo de derechos, sino de sospechoso, aunque parezca ridículo que si vas conduciendo y otro te choca al cruzar un semáforo en rojo, ambos son imputados en el caso de que existan lesiones, no importa si el responsable reconoce el hecho, para muchos fiscales el criterio es que ambos sean demorados, se secuestren los vehículos hasta que el Fiscal lo disponga.

Si estas medidas desproporcionadas que deberían ser analizadas en cuanto a su constitucionalidad, parecen excesivas, hay otras que directamente son ridículas.

Un caso de lesiones y daños, donde un conductor de una moto, molesto por haber recibido a sus insultos y amenazas un gesto despectivo, persiguió varios kilómetros al conductor de un auto y al alcanzarlo en un peaje, aprovechó la imposibilidad del conductor de descender y defenderse para agredirlo con el casco, intentando golpear su cara, romper su vidrio y produciendo daños en el auto a patadas, todo frente a la cabina de peaje y las cámaras, los bocinazos de otros conductores que avisaban sobre la agresión hizo llegar a la policía que curiosamente permitió que el agresor delante de ellos no solo reconociera la agresión sino se lamentara de no haberle roto la cabeza, según los policías, a pesar de que el agresor reconocía los hechos, para la Fiscalía y por el Código Procesal no hay víctima, sino que ambos son considerados parte de un proceso caratulado Lesiones y Daños, aún cuando exista como en este caso un solo lesionada y un solo vehículo dañado, en el hecho se dió intervención a la Fiscalía en turno con la actuación del Secretario Fernándo Pérez Bustos Drew de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 11 a cargo de la Fiscal Andrea Verónica Scanga, con intervención de la Comisaría 3B ex 20, es un compendio de medidas de investigación que no tienen un criterio coherente, incluso la policía apunta “nosotros no tenemos nada que ver, no se entiende, pero lo ordenó el Fiscal”, ante la insistencia de que según lo normado en todo Código Procesal incluso en el propio Código Procesal de CABA, Art. 114 sobre la restitución da como opción el hecho de entregar el objeto secuestrado en condición de depositario judicial, pero a veces esa opción queda relegada por el abuso que algunos funcionarios judiciales hacen de esa amplia facultad discrecional. En el caso testigo relatado, el Secretario de la Fiscalía 11, dispuso el secuestro de los vehículos, a pesar de que no existió relación causal de los rodados y los delitos denunciados, la moto no chocó el auto y no existieron señales de que hubiera existido un roce, con lo cual si por determinar el daño se trata lo coherente y lógico de un funcionario judicial con conocimientos hubiera sido el secuestro del calzado del motoquero y no de la moto que peritada no arrojaría resultado de interés para la causa, respecto al daño del auto, resulta irrelevante la intervención de la División Vial, cuando su peritaje es necesario en casos donde se deba determinar la casuística de un accidente vial, que no es el caso, se trata de una clara acción ilegal, injustificada, tipificada, pero desarrollada por una persona, el peritaje sobre el bien dañado se extingue en el simple hecho de certificar su existencia por medio de fotografías sin otros trámites que generen en el Estado un gasto innecesario.

Todo esto, además genera en la víctima un estado de indefención, al ponerlo en igualdad de condiciones con quien lo agredió, privando incluso a la víctima de las garantías que sí tiene el imputado o denunciado, pero como no hay un control superior, nadie se ocupa de auditar las decisiones judiciales y que se jodan los afectados, la Policía de la Ciudad, también abusa de su poder y si alguien quiere hacer lo correcto, a joderse, el agresor del caso testigo, se retiró dos horas antes que la víctima según la policía para evitar un cruce entre ambos. Al vehículo secuestrado no le realizaron un inventario como corresponde porque no tenían más espacio y mientras la víctima firmaba el retiro de elementos personales, desaparecieron sus lentes, eso sí, la policía le dijo que si aparecían lo llamaban por teléfono, así de buenos son los muchachos y así de eficientes que dentro de la misma comisaría te desaparecen pertenencias, pero nadie se hace responsable.

Intentamos comunicarnos con el jefe de la Comisaría 3B, pero ni el Comisario o alguno de los Subcomisarios reciben gente, algo muy distinto a lo que publicita Larreta gastando millones en publicidad sobre la seguridad, por esta respuesta y la intención de evadir explicar cómo se pueden extraviar pertenencias en la comisaría o la conducta coactiva de los policías para que los ciudadanos desistan de denunciar, son temas que merecen una explicación.

De yapa el teléfono para denuncias del Ministerio Público Fiscal para denuncias 0800-33 FISCAL (347225) un dato no menor y del cual la Fiscalía General de la Ciudad debería ocuparse de corregir, 5 horas sin atender, con un mensaje grabado que están todos ocupados es un chiste y si atienden tantos llamados entonces todos mienten cuando aseguran que en la Ciudad de Buenos Aires el delito bajo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

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