Mantener vagos

Central-922Panorama judicial | La inacción de los fiscales y jueces genera escándalo en la opinión pública. Cobran fortunas por casi nada, y los números que intentan esconder son elocuentes. Archivan y descartan la mayoría de los expedientes: así, simplemente trabajan menos.

La población está escandalizada. Cada persona que sufre un hecho de inseguridad se plantea la misma disyuntiva: ¿hacer la denuncia?, ¿para qué? La misma policía expone que ni siquiera la detención del culpable en flagrancia genera resultados. Les echan la culpa a las leyes blandas. Responsabilizan al poco criterio de otros eslabones de la cadena de responsabilidades. Proponen modificaciones a los códigos. Se desgarran las vestiduras, y dicen que el delito aumenta por vaya a saber qué determinación del cosmos. Pero la verdadera tragedia es que dentro de los tribunales hay poca gente que ejecute su trabajo. La mayoría de los funcionarios de alto rango cobra sueldos siderales para hacer casi nada, o por hacer mal lo poco que hace.

La sensación que deja en la sociedad es la de la impunidad: esta frase hecha de que los delincuentes entran por una puerta y sale por la otra. Porque hay expedientes que no tienen siquiera las hojas marcadas por la lectura, que pasan por tribunales sin pena ni gloria. Sobre todo sin pena, acumulan tierra y terminan en la basura. Porque no solamente no hay condena, ni siquiera hay proceso: de cada 10 causas, archivan 9. Eso quiere decir que de cada diez veces que hay un delito, que usted llama a la policía, que corre el patrullero, que se busca al responsable con mayor o menor éxito, que el damnificado se molesta en ir a la comisaría a reclamarle al Estado por la situación de inseguridad que derivó en que padezca el delito, nueve terminan en nada. Pero nada de nada.

Claro que todo el mundo se queja de que el Departamento Judicial Mar del Plata no actúa, y encima declaran los responsables que todos los números que se filtran son falsos. Los mismos profesionales del derecho denuncian que es imposibles acceder a los informes evaluativos de actuación de las diferentes fiscalías -información pública a la que la sociedad en su conjunto debería tener acceso- porque rige el criterio corporativo: nadie deja al descubierto la vagancia de nadie.

Desde hace años, el Colegio de Abogados intenta acceder a información estadística sobre las tareas que lleva a cabo este departamento judicial, y funda su pedido en las incontables quejas que recibe sobre la ineficacia de los funcionarios, y su inacción. Por esa razón, las autoridades de la institución que reúne a los profesionales de la ley se dirigieron en varias oportunidades al fiscal general de cámaras Fabián Fernández Garello, con el fin de solicitar el informe de lo actuado por las fiscalías locales desde el 2007 hasta el 2014. Las respuestas siempre han sido evasivas: el fiscal general responde en sucesivas misivas muy formales que la solicitud será elevada a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Año tras año de pedidos que se elevan sin ningún resultado, hasta que harto de la insistencia de los profesionales, Garello terminó diciendo que si querían alguna información, la buscaran por Internet. Un caballero.

Un ejemplo

Recientemente, la población se horrorizó por la historia de una mujer del barrio Bernardino Rivadavia, que denunció ante la prensa que su manzana era una zona liberada para una banda de narcos. Los delincuentes estarían vinculados a un ex integrante de los tristemente célebres Doce Apóstoles, aquellos que protagonizaron la sangrienta toma del penal de Sierra Chica. Se trata de Lucio Bricka, liberado por el privilegio del 2 por 1, seguramente muy merecido. Se lo sindica como responsable de proveer las armas de guerra con la cual la denunciante fue atacada en más de una oportunidad.

El episodio es muy grave, ya que no sólo están amenazadas ella y su familia, sino que su casa fue incendiada y atacada con bombas molotov, fusiles FAL y hasta una granada que se encontró entre los escombros.

En esa misma nota de prensa, se difundió con preocupación que Mar del Plata archiva nueve de cada diez causas. El fiscal general, por toda respuesta, indicó que “hay que tener cuidado con esas expresiones”. No hay que tener cuidado con los narcos, cuidado con los asesinos, cuidado con los policías que no concurrieron a los llamados de auxilio. No hay que tener cuidado con las armas de guerra que estos individuos consiguen. Según él, hay que tener cuidado con “estas expresiones”, y seguramente lo dijo el desde su lujoso despacho con calefacción.

La damnificada por estos hechos no tiene nada ni a nadie. Nadie responde por ella. Nadie la protege. Está sola frente a una banda de narcos que quieren su terreno para instalar un búnker: “quedamos mal porque somos pobres, y quedamos peor de lo que estábamos. Tengo mi hija con 6 criaturas acá porque no puede volver a su casa por miedo. Otra hija que quedó en la calle, otra que tiene parte de la casa rota y los techos lloviéndosele con 6 chicos. Todavía tengo que soportar los tiros, no poder salir a la calle ni mandar chicos grandes al colegio”, relató.

El hecho se inició hace un par de meses, pero las consecuencias no se detienen: “El 7 de marzo empezó todo esto con tiros y botellas con fuego, sifones. Empecé a llamar a la policía a las 10 de la noche sin tener respuesta, parecía que tenían miedo también o estaba liberado para que nosotros tuviéramos miedo y nos fuéramos”, dijo la mujer.

Tras estos hechos, que se difundieron en la prensa nacional, el fiscal general expresó que ellos se habían ocupado, que habían hecho allanamientos en los domicilios vinculados al tal Lucio Bricka, pero que no habían encontrado nada. Claro, como Bricka no tenía a la vista los fusiles FAL ni las balas, esas que todo el mundo vio cuando llegaban al predio atacado escondidas en baldes de helado, entonces Fernández Garello dio por terminado el tema. Seguramente pasó a una cuestión que consideraba más importante que ver cómo aun más pobres se quedaban si casa. Punto final. Eso sí, cuando la prensa lo fue a cuestionar, explicó que de ninguna manera “dejaban pasar estas cosas”. Ellos van y le preguntan al acusado si tiene un FAL, y si no lo tiene, mala suerte.

Lo cierto es que ninguno de ellos se enfrenta a una banda organizada de narcotraficantes que desembarca en esta ciudad, y se desplaza a su gusto por los barrios periféricos en los que encuentra cada vez mayor nivel de impunidad. Total, en tribunales nadie ve nada.

Los números de la desidia

Por esa razón, todo el mundo quiere ver las estadísticas, para comprobar en cifras cuántos son los casos que las fiscalías marplatenses llevan  a proceso, y de esos, qué cantidad son aquellos en los que efectivamente se condena a los culpables. Pero las estadísticas se ocultan año tras año.

El Colegio de Abogados, tapado de copias de reclamos sin respuesta, se dirigió durante el 2014 al ministro de Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, y le refirió la reseña de las presentaciones ante la Fiscalía General, así como ante la procuradora general María del Carmen Falbo. Las notas databan de los años 2012 y 2013, y permanecían sin respuesta.

Recién en fecha abril de 2014, la procuradora respondió con el informe de lo actuado por el Departamento Judicial Mar del Plata durante el 2012; es decir, tarde. Ese informe indica que el departamento inició 30.755 IPP en 2012, contra 23.856 que se habían iniciado en 2009, y 27.140 que habían tenido  lugar en 2011. Pero en el apartado que da cuenta de las formas de finalización de las causas, incluye el dato del escándalo: un 73,11% fueron a archivo, es decir quedaron en la nada porque alguien en tribunales decidió que no iba a poner tiempo en investigar más. Otro 17,38% del total de causas corresponde a denuncias desestimadas. Juntas constituyen un 90,49% del total de causas, que van a parar a la basura. Sólo un magro 5,10% terminaron con la elevación a juicio de los responsables. Si consideramos que de ese 5%, sólo una parte será condenado, y que a su vez, sólo una parte recibirá una condena a cumplir, es decir mayor a tres años de prisión, llegaremos a una triste conclusión: es muy factible que la enorme cantidad de personas que cobra sueldos suculentos por parte de las arcas del Estado, y reposa su humanidad por varias horas al día en el edificio tribunalicio, logra meter preso a menos de un 1% de los autores de los crímenes. ¿Alguien habló de mantener vagos?

En abril de 2014, María del Carmen Falbo se había reunido con el gobernador Scioli, Alberto Pérez y los ministros Casal y Granados. En la nota de prensa que cubre el acontecimiento, en el cual los funcionarios se proponen “atender las demandas de la sociedad en materia de inseguridad”, se hace constar lo siguiente: “Falbo anunció que cada tres meses la Procuración difundirá datos estadísticos sobe el delito, en los que se diferenciarán los hechos vinculados a inseguridad, de otros como de violencia familiar o ajuste de cuentas”. Si tomamos en cuenta que recién en 2014 pudo enviar al Colegio de Abogados –una institución con respaldo, autorizada para solicitar con firmeza los informes que atañen a toda la comunidad- el resumen de lo actuado en 2012, podemos concluir que su propósito no se está cumpliendo.

Quizá es verdad, como dice el abogado Martín Ferrá, que tomarse una demora de 29 meses para enviar un simple informe de gestión puede ser tomado como un acto corporativo de ocultamiento de información que ponga en duda no sólo la efectividad de los agentes el Estado, sino además su idoneidad y su predisposición al trabajo. O son vagos, bah.

 

Fuente: Noticias y Protagonistas

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