Por Marcelo Hawrylciw, periodista y sindicalista

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Una extensa lista de asesores de directivos de la entidad pública porteña, cobran suculentos contratos sin cumplir horario. Usufructúan los contactos por estar en esos puestos para sus negocios privados y defienden como abogados a otras empresas.

Atlas Copco, una empresa multinacional de origen sueco líder en su segmento empresarial, forma parte de las empresas de su país que se venden como transparentes y sin denuncias de corrupción. Con varias sedes en el mundo y fuertes contactos en la política de su país, ha sido privilegiada con apoyo estatal y hasta posee en el Parlamento de Suecia un lobista que llegó mediante operaciones de la firma. Pero en el continente americano esta imagen impoluta, ha comenzado a ajarse hace ya tiempo. Fue investigada por el gobierno norteamericano por hechos dudosos en su paso por Kuwait, y por el gobierno de México en una causa que vinculaba a la empresa con el lavado de dinero, en el cual se investigaba a un banco privado de capitales ingleses.
A esto se suma la actitud de la empresa para con los trabajadores. En 2009, pese a que el año anterior había tenido un aumento del 36% en sus ganancias –lo que representaba unos 74.177 millones de coronas equivalentes a 6.920 millones de euros–, anunció el despido de alrededor de 3.000 empleados. La única causa para esta decisión era el ahorro que la firma obtendría con ella. Las víctimas de esta avaricia, en su mayoría, son latinos. Muchas de las demandas laborales iniciadas en Venezuela, México, Brasil, Bolivia o Chile no han prosperado, por la diferencia de fuerzas entre los trabajadores y la empresa, que siempre consigue tener buenos “contactos” locales.
En la Argentina, el despido del ingeniero Daniel Atilio Yoan no fue la excepción a la regla. En este caso, si bien la firma en el plano jurídico demoró en apelar a sus “contactos”, prefirió recurrir a los servicios de una banda delictiva que actuaba en la Inspección General de Justicia (IGJ) desde hacía un tiempo. Estos servicios serían mucho más económicos que los de los abogados que se incorporarán a las causas ya que, por la exclusiva culpa y torpeza de la empresa, de la demanda laboral nació una causa penal que podría ramificarse por la suma de otros delitos. 

Un abogado con contactos. Mientras los procesados suman imputaciones por similares delitos, la empresa salió a buscar un salvador con los contactos necesarios para revertir la demanda laboral (expediente Nº 3598/08), y que además pueda maniobrar el expediente penal (Nº 7507/09). Para ello se contactaron con Juan Ernesto Curutchet, abogado y actual vicepresidente del Banco Ciudad, recomendado por los penalistas Jorge Anzorreguy y Juan José Sforza, abogados del Grupo Clarín. La participación activa de Curutchet quedó materializada en la grabación de la reunión que mantuvieron en el Hotel Sheraton de Retiro los empresarios y sus abogados.
Personalmente, llevo desde hace dos años una investigación periodística sobre irregularidades en la administración del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la que he reunido varios elementos que se encuentran en la Justicia y otros que se incorporarán. Cuando contacté, con cierta desconfianza profesional, a Daniel Yoan y su abogado Marcelo Domínguez en relación a la conexidad de algunos actores de las causas judiciales y mi investigación periodística, algunos puntos se volvieron más claros.
La extensa lista de asesores que posee el Banco Ciudad está integrada por profesionales, mayoritariamente abogados, que además de no cumplir un horario laboral y poseer suculentos contratos que van desde los 25.000 a los 50.000 pesos según los casos, forman parte del staff, por ejemplo, del estudio jurídico Curutchet & Odriozola. Este es el caso Gabriel Teófilo Rouillet (Cuil-20-26250789-1), quien asesora a su cuñado y presidente del Banco, Federico Adolfo Sturzenegger, en la estratégica Comisión de Asesoramiento Pre y Post Compra. Otros de los asesores fantasmas son Jorge Eduardo Anzorreguy (Cuil 20-04527845-0) y Mariano Mendilaharzu (Cuil 20-17546625-9), quienes asesorarían al Directorio. Resta ahora que el Banco cumpla con el pedido de información cursado invocando la Ley 104 de Acceso a la Información Pública, para poder tener el detalle requerido de los asesores, antecedentes, funciones y contratos.
Curiosamente, luego de que expusiera en otras publicaciones las vinculaciones de algunos asesores con el estudio Curutchet y la relación de éste con la empresa sueca Scania, la página del estudio jurídico fue modificada. Se suprimió parte del staff y se modificaron sus antecedentes laborales, como por ejemplo, donde se mencionaba que la relación laboral del vicepresidente del Banco Ciudad con Scania, y además se ofrecían entre los servicios, trámites ante la IGJ. Nada es obra de la casualidad.

Intereses privados. Para que se comprenda, no sólo el Banco Ciudad es utilizado como caja de negocios turbios en varias licitaciones importantes, sino que también es caja de abogados que defienden a empresas, dedican su tiempo a trabajos ajenos a temas de la entidad bancaria y hasta se financian acciones políticas.
Una de ellos es Gisela María Candarle (Cuil 27-253382044-1), quien actualmente es una de las consejeras del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. En una entrevista periodística reciente, esta abogada comentaba que su campaña fue dura ya que recorría los estudios jurídicos buscando apoyos, participaba de seminarios, conferencias e incluso estaba en mesas en las calles repartiendo volantes. Todo esto, mientras su contrato de asesora en materia bancaria de Curutchet se encuentra vigente y con fecha de vencimiento en 2011. Según el perfil de Candarle que figura en la red de Linkedin, se desempeña como jefa del Departamento de Investigaciones de la Fundación Bicentenario, que fundó y preside Curutchet, y que se hizo conocida por oponerse a la designación de Eugenio Zaffaroni y de Carmen Argibay como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A esta fundación, le fue rechazada por la IGJ su personería jurídica (Expediente Nº 1.724.649) por no quedar claro su financiamiento. A estas actividades hay que sumarle su actividad en el Colegio Público. ¿Cuándo le queda tiempo entonces para su trabajo de asesora?
La derecha judicial. Una simple consulta al Boletín Oficial arroja como resultado que Juan Ernesto Curutchet, es o ha sido miembro del directorio de varias empresas, todas de importante capital, cumpliendo diferentes roles, a veces como titular, y otras como suplente. Esto le ha permitido hacer excelentes relaciones, tal como explota ahora con su cargo en el Banco Ciudad, donde aplicando la tecnología y firmando convenios con el Colegio de Abogados y la Corte, cree obtener, además de una posición privilegiada, una porción de impunidad.
Es la Justicia la que deberá determinar si las acciones de este intrépido y ambicioso abogado, fanático de San Lorenzo y ávido de poder, que forma parte de los preferidos de Mauricio Macri para integrar la terna de jueces propuestos para desempeñarse en la Justicia porteña, debe responder por sus actos en un proceso judicial. Son muchos los que conocen perfectamente su historia, su forma de trabajar, los riesgos que asume para posicionarse y también, son muchos los que le temen por su frialdad. No hay dudas de que es un claro exponente de la derecha más conservadora, lo que lo ha llevado a formar parte de la Fundación Atlas (vinculada a la firma Atlas Copco) o a relacionarse con el Foro de Estudios para la Administración de Justicia.
Hace un mes y medio, al salir Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, y Curutchet de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Contencioso y Administrativa de la Ciudad, este último dijo en voz alta y con sorna al notar mi presencia y ser fotografiado: “Esto también es espionaje”. Hizo así alusión a las quejas de empleados del Banco que denuncian la instalación de cámaras para observar al personal y sus desplazamientos.

Dineros públicos. En definitiva, señor/ra vecino de la Ciudad, el dinero del Banco administrado por esta gestión es utilizado para financiar intereses privados y para establecer vínculos de negocios que no representan ganancias a la entidad. Aún a pesar de todo esto, la entidad tiene números positivos. Imaginen un banco sin esta gente, donde todos los ingresos sean para que el Banco crezca aceleradamente. Muchos de los involucrados no pueden justificar sus patrimonios por lo que, tal vez, sus declaraciones juradas son falsas, justamente ellos, que hicieron de esta herramienta de control ciudadano su arma, ahora regatean los datos, falsean los valores u omiten cuentas. Una investigación periodística que recién comienza y ya devela corrupción, soberbia e impunidad, de funcionarios de un Banco en el que Macri tiene puestas sus esperanzas de imagen y financiación política.

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