El fiscal en lo penal y contravencional porteño Ángel Carestía mandó hoy a juicio oral y público a la polémica jueza Rosa Parrilli, bajo los cargos de discriminación y amenazas contra dos empleadas de tránsito.
Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que el fiscal dispuso la elevación a juicio del expediente en el que la jueza puede afrontar penas de arresto, tareas comunitarias y multas.
Parrilli había sido citado a indagatoria para el jueves pasado ante el fiscal, pero en forma espontánea se presentó un día antes y entregó un escrito en el que reconoció su conducta inadecuada.
Mientras tanto, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura porteño abrió formalmente la acusación en contra de la jueza, quien había sido denunciada también ante ese organismo por el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.
Ahora, Parrilli debe realizar el descargo ante la Comisión, la cual luego evaluará si abre el proceso de remoción, si le aplica una sanción disciplinaria o bien rechaza las denuncias.
María Itatí Albe y Rocío Marlene Gómez, las dos empleadas de tránsito que padecieron los insultos y las actitudes presuntamente discriminatorias de la magistrada, ya prestaron declaración testimonial ante el fiscal, así como también en el sumario que instruye el Consejo de la Magistratura local.
Según las fuentes consultadas por NA, ambas empleadas ratificaron las acusaciones contra la jueza Parrilli, sumado a algunas aptitudes que fueron grabadas por una cámara.
Incluso, el ministro Montenegro se presentó en persona en el Consejo para ratificar en el expediente caratulado «SCD s/ denuncia efectuada por el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA».
El hecho tuvo lugar a fines de septiembre, cuando en un procedimiento le llevaron el vehículo marca Volkswagen a la jueza, quien lo había dejado estacionado en la ochava de la calle Rodríguez Peña al 400.
Al presentarse en la playa de infractores del Obelisco, en el subsuelo de 9 de Julio y Sarmiento, Parrilli increpó a los gritos y con insultos para que le devolviesen su auto, realizando una ostentación de su cargo.
En el episodio, que fue registrado por las cámaras, se le escuchó a Parrilli decirle a las dos empleadas «ganan 1.200 pesos para joder a la gente, ¡todas morochas, ni una rubia contratan!» -gritó- y le advirtió a Gómez que si cayera en su jurisdicción la metería presa ocho meses.
«Te hubiera metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta tontita que te dije que acá mando yo», dijo la jueza, sobre quien luego salió a la luz que acumuló casi una treintena de multas por infracciones de tránsito y no abonó ninguna.