Cada día se producen en el país un promedio de tres robos cometidos por “piratas del asfalto”, mientras que estas bandas son asistidas además por ingenieros contratados exclusivamente para desactivar los sistemas de rastreo de los vehículos y por contadores, que tras los asaltos “blanquean” el botín, evitando los controles.

Según un informe publicado por un matutino, los “piratas del asfalto” argentinos están “cada día más preparados: estudian los golpes al detalle, con inteligencia previa y contando con logística precisa, al tiempo que poseen centros de distribución propios y la capacidad para generar circuitos donde colocar la mercadería robada”.

Así lo señaló el abogado Víctor Varone, quien junto a su socio Gabriel Iezzi, están al frente de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, donde se estudian estrategias para prevenir los robos de camiones con carga.

Además, según datos con que cuentan en este sector, los robos con la modalidad de “piratas del asfalto” se están trasladando de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires hacia el interior del país, “especialmente en zonas como Córdoba, Santa Fe y la región mesopotámica”.

“El promedio de lo robado por camión asciende a los 50.000 dólares, que representa fuertes pérdidas para las empresas”, explicó Varone.
“En la seguridad del transporte intervienen innumerables factores. No se trata sólo de la estadística, que es importante, sino también de cuestiones relacionadas a la logística, las medidas de seguridad de quienes cargan la mercadería y aquellos que la reciben, el esquema legal y otras cuestiones fundamentales del proceso”, dijo el letrado en declaraciones a Diario Popular.

Y agregó: “Una lectura de las últimas estadísticas de robos a camiones permite determinar que la modalidad bajó en determinadas zonas y subió en otras. Pero no queremos detenernos en esta discusión, sobre si baja o sube, sino avanzar con medidas concretas para estar a la altura del desafío que representan las bandas de piratas que operan en la actualidad”.

Un dato importante en ese panorama, es que los grupos de piratas están “federalizando” los golpes. Es decir, cada vez más se alejan de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano para actuar en el interior del país, especialmente en zonas como Córdoba, Santa Fe y la región mesopotámica.
Se destacó en ese sentido, que “hasta hace un par de años atrás, los informes de la Mesa Interempresarial mencionaban que el 63 por ciento de los robos se registraban en el ámbito del Gran Buenos Aires, mientras que el 28 por ciento ocurría en la Capital Federal. El restante 9 por ciento se daba en el interior del país”.

Pero ahora eso cambió: “Hay un corrimiento importante al interior que estamos cuantificando. Estamos en reuniones permanentes para que se abran fiscalías especializadas, como las que funcionan en San Martín y Campana, de excelente desempeño”, dijo Varone.

“La apuesta que hacemos es a trabajar en equipo, entre las empresas, las organizaciones privadas y los organismos oficiales. Es la única manera. Estamos planteando, por ejemplo, la urgencia de una ley de inhibidores, porque actualmente las bandas cuentan con equipos sofisticados que bloquean los sistemas de rastreo satelital”, explicó el experto.

En ese sentido, reveló que “los recursos tecnológicos ya son parte de la mayoría de las bandas, que contratan profesionales que sólo cumplen la tarea de liquidar los sistemas de rastreo en autos que se colocan a la par de los camiones en las rutas, y una vez realizado ese trabajo dejan abierto el camino para la etapa siguiente, el golpe, a los delincuentes”.

Como no existe una normativa precisa, nadie controla la venta de estos inhibidores y tampoco hay un castigo penal para quienes lo utilizan.

“Otro tema es el después de cada atraco. Las bandas cuentan con contadores que dibujan los números, presentan boletas y todo lo necesario para blanquear la mercadería, que retorna al circuito comercial. La policía puede tener la sospecha de que en determinado lugar hay mercadería robada, pero cuando concurre se encuentra con que todo está en regla. Ahí deben intervenir los mecanismos oficiales, con peritos contables, para cortar la cadena”, sostuvo Varone, precisando que “organismos como la AFIP o ARBA, por citar dos ejemplos, están trabajando bien en ese sentido, pero aún falta”.

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