Una nueva y grave denuncia contra al actual titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, la coloca como el peor titular que tuvo a su cargo la dependencia que en teoría debería investigar aquellos hechos de corrupción en la Administración Pública.
Laura Alonso es la mejor muestra del doble discurso y el alto grado de corrupción e impunidad del gobierno macrista, que colocó a cargo de la OA a una persona sin los requisitos de idoneidad para cumplir su función, pero peor aún no fue removida a pesar de protagonizar varios escándalos mediáticos por no cumplir con su tarea y obligaciones como funcionaria pública, como por ejemplo el reconocer que no investigaría denuncias contra el gobierno que integra.
Se conoció que hace unos tres meses, el Fiscal federal Carlos Stornelli, venía demorando una nueva denuncia contra Laura Alonso donde se la acusa de actos de corrupción y malversación de caudales públicos, con la derrota política y la debilidad del macrismo, Stornelli se vio forzado a presentarse a declarar en Dolores donde se lo tiene como integrante de una asociación ilícita dedicada a la extorsión y ahora tuvo que dar curso a la denuncia de Laura Alonso, donde el Juez federal Sebastián Casanello impulso medidas de prueba, entre ellas allanamientos con resultados positivos para la investigación y que dejan muy comprometida la situación legal de Laura Alonso.
Laura Alonso, será investigada por presunta corrupción en la contratación de una firma de comunicación llamada CONSUASOR (con lazos en el Pro) por $82.500 mensuales para realizar tareas de comunicación estratégica, que incluyen prensa y manejo de redes.
La contratación irregular se habría llevado a cabo entre el 2017 y 2018, para disimular el vínculo comercial, Alonso extendió un contrato a los dos únicos dueños de esa consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice, por un monto mensual de $44.000 y $38.500, respectivamente, lo que anualizado suma $990.000.
En su momento, desde la OA señalaron: «Contratamos a dos personas profesionales para trabajar sobre esto. Fueron contratos de locación de servicios por tiempo determinado». Luego aclararon que ya no estaban contratados por el Estado. Desde la consultora prefirieron no brindar declaraciones a este medio.
A pesar de que solo fueron contratados de forma oficial Liprandi y Giúdice, «la coordinadora de Comunicaciones de Consuasor, Belén Alcácer, no figuró entre los abonados por la OA pese a que ejercía funciones como responsable de prensa de Alonso», afirmó el sitio web.
El trabajo de la consultora no se redujo solo al asesoramiento sobre la OA: también recibieron contratos similares «en media docena de organismos públicos. Como mínimo, los ubicuos Sosa Liprandi y Giuidice acumularon remuneraciones en los ministerios de Justicia, de Trabajo, de Medio Ambiente, de Defensa, del Gobierno de Salta y de la oficina del senador Federico Pinedo, el principal vínculo de ambos»
La principal hipótesis es que además de estos dudosos contratos se trato de una maniobra de retornos para la campaña de Laura Alonso como candidata a senadora en el 2020.
