“La sobrepoblación en cárceles se traslada a comisarias”

detenidos-cárceles  Así lo advirtieron desde la Comisión Provincial por la Memoria tras la publicación del décimo Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Hace unos días la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su décimo informe anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires durante 2015, en el que se muestran datos alarmantes sobre los niveles de sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario.

Entre los principales números que señalan el colapso del sistema de encierro en la Provincia se encuentran “el récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 cada 100.000 habitantes, de los cuales un 56 por ciento está detenido en prisión preventiva”. Además, expone que 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.

Por otra parte, señala que “de 145 muertes por cárcel el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse, mientras que en total se registraron “18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención” y “12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM”.

El informe, al que tuvo acceso este medio, precisa también que “de 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves.

Por último, precisa que “2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes y que 79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos.

“La política criminal no se ha modificado”. En diálogo con Info Región la directora general de la (CPM), Sandra Raggio, explicó que el informe que expone la situación en 2015 tuvo, entre otros objetivos, mostrar al nuevo gobierno cómo estaba la situación. Sin embargo, advirtió que el panorama no ha cambiado, salvo en que ahora «se reconocen los problemas que antes se negaban”.

“Cuando salió el decreto de Emergencia en Seguridad sabíamos que iba a generar un colapso en el sistema carcelario, mayores niveles de violencia policial y casos de tortura. Esto se corroboró con el trabajo de monitoreo que hicimos en 2015, en el cual muestra que cerca de 40 mil fueron los detenidos en 2015, un récord lamentablemente histórico. Esta política criminal no se ha modificado estructuralmente con la nueva gestión. La única diferencia es que sí reconocen el estado gravísimo de los lugares de encierro y del accionar policial. Sin embargo, la población carcelaria sigue creciendo”, advirtió.

Explicó que actualmente “al haber mayor presencia policial en el territorio los efectivos captan más gente al sistema”, pero advirtió que el problema radica en que “esas detenciones son en su mayoría por delitos menores, que no tienen que ver con la persecución de los grandes mercados ilegales o los circuitos delictivos principales”.

“Solo el 10 por ciento de las personas que entran en el sistema penal son aquellas que surgen de una investigación judicial, el resto, el 90 por ciento son casos menores que lamentablemente sirven para nivelar para arriba las estadísticas del comisario de turno, que no están ligadas con un objetivo serio de reducir el delito o desmantelar el crimen organizado”, enfatizó.

En este sentido, advirtió que “el problema de sobrepoblación se traslada a las comisarias”. Ejemplificó lo sucedido en una comisaría de Tolosa, La Plata, en donde con una orden de clausura para la detención de personas un hombre falleció cuando se encontraba encerrado junto a otras 24.

“Nosotros entendemos que es inconstitucional que haya personas detenidas en comisarías porque no son los lugares de alojamiento. Sin embargo ocurre porque el sistema penitenciario está colapsado y se sigue encarcelando gente”, finalizó.

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