El polémico senador radical Mario Cimadevilla, quien denunció a la Procuradora General de la Nación, afirmó que la funcionaria «sigue la lógica de poder del oficialismo, que no respeta ni la ley ni la Constitución». Otro impresentable, que ve la paja en el ojo ajeno, porque si de respetar la Constitución se trata, no es Cimadevilla el mejor ejemplo.
Después de presentar su denuncia en la Justicia, y en medio de la discusión por el avance sobre la Justicia, el legislador de la UCR fustigó a Gils Carbó, y afirmó que su accionar está directamente relacionado con la intención del oficialismo de no respetar las leyes.
«(Gils Carbó) se sentó frente a la máquina de escribir y empezó a hacer resoluciones para nombrar fiscales. Y eso no puede ser así. Para ser Fiscal, la designación del fiscal tiene un procedimiento muy parecido al de un juez. Primero tiene que concursar, después se hace una terna, se eleva al Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo lo envía al Senado», explicó Cimadevilla.
En diálogo con radio La Red, el senador dijo que el fiscal «necesita independencia para actuar, igual que un juez«, y puso en duda el accionar libre «de alguien que fue nombrado por una resolución de su jefe, y que está expuesto a que el jefe lo saque cuando una investigación no avanza en el sentido que él quiere».
Para Cimadevilla, el accionar de Gils Carbó «sigue la lógica de poder del oficialismo, que piensan que ni la Constitución y ni la Ley son límites al poder». «Entienden que el poder está por encima. Y para poder transgredir la Constitución y la Ley, necesita de jueces que avalen esas transgresiones», aseveró.
La denuncia del senador ante la Justicia Federal por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», y quedó a cargo del Juez federal Sebastián Casanello, el mismo que tiene a cargo la investigación por lavado de dinero que implica a Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar».
Es justamente el senador radical, un personaje que tiene una baja productividad como legislador y suele tomar partido por algunos miembros de la «corporación», llegando al absurdo de desvirtuar su función como consejero de la magistratura al afirmar sin titubear mentiras de «patas» muy cortas.
