Estaba acusado de usufructuar un dispositivo para hacer cámaras ocultas que pertenecería al ministerio de Seguridad bonaerense. Este mediodía se leyó el veredicto.
El Comisario Inspector retirado de la Policía Bonaerense, Luis Ernesto Vicat, fue absuelto este martes al mediodía en el marco del juicio oral que se le llevó adelante por el presunto delito de “peculado”. El veredicto fue leído por el Tribunal Criminal III de La Plata. La acusación había pedido tres años de prisión, y la defensa planteó la nulidad del alegato de la fiscal y pidió la absolución.
La Fiscal de juicio Victoria Huergo acusó a Vicat de “peculado”, delito contemplado en el artículo 261 del Código penal que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.”
Pero los jueces Ernesto Domenech y Andrés Vitali sostuvieron en el veredicto que sostuvieron que no se pudo acreditar esa conducta delictiva. “Propongo un veredicto absolutorio al no haberse probado fuera de toda duda razonable que la agenda secuestrada en la casa” de Vicat durante el allanamiento realizado allí el 16 de noviembre de 1998 “perteneciese al patrimonio del Estado Provincial”, concluyó el Juez Domenech en el veredicto.
La Fiscal dio por probado el delito en base al expediente administrativo incorporado a la causa que permitía acreditar que el dispositivo de filmación y grabación camuflado en una agenda de cuero había ingresado al patrimonio público.
Pero una pericia determinó que el dispositivo en crisis tenía sus “componentes modificados” que estaba “incompleto, carente de numeraciones u otros indicios que permitan determinar su origen”. La cámara oculta “se encuentra en mal estado de funcionamiento y sus componentes han sido sometidos a modificaciones rudimentarias”.
Tampoco figura en la causa orden de compra alguna del equipo por parte del Estado ni remitos que certifiquen la entrega del mismo al ministerio de Seguridad.
Ante esas conclusiones los jueces entendieron que “severas dificultades de forma (…) y de identificación de los objetos remitidos impide asignarle valor a toda esta documentación como para concluir que la agenda secuestrada fuese propiedad del Estado Provincial, y que fuese realmente entregada al mismo”.
“Ni la existencia de una orden de compra, ni ninguna otra circunstancia permite desvirtuar la debilidad grande” de la documentación valorada y analizada por el Juez “máxime cuando no existió inventario alguno de esta agenda y mucho menos en el Área Especial” de Investigaciones donde cumplía funciones Vicat.
Por su parte la Jueza Florencia Butiérrez no compartió el criterio de sus pares y coincidió “en un todo” con los argumentos de la Fiscal Huergo.
La Jueza resaltó que “no es necesaria la prueba directa o testimonial para dar por acreditado un hecho, y que, como” en esta causa “los indicios, cuando son concordantes, inequívocos y analizados en forma conjunta, pueden permitir arribar a la certeza requerida” en un juicio oral “para el dictado de un veredicto condenatorio”. Para sostener esa postura citó fallos de la sala III de Casación bonaerense.
Butiérrez dio por probado que el dispositivo fue adquirido “mediante contratación directa” y que fue entregado “al ministerio de Seguridad y pagado por la Administración Pública”. Esa postura encuentra su correlación por el “expediente administrativo Nro. 2722965/5” del que “surge que con fecha 1 de agosto de 1997” Luis Vicat “en su carácter de Comisario Inspector Jefe del Área Especial solicitó al Secretario de Seguridad, en ese momento, Carlos Brown, equipamiento” para realizar “tareas de inteligencia”.
La empresa proveedora de ese tipo de equipamientos “vendía solo al Estado y entregaba mercadería al Estado” y entonces “no había otras empresas que compitieran al respecto con esa calidad de equipamiento, que no hubo entrega para uso personal de un funcionario ni a personas en particular y que la compra en cuestión fue oportunamente abonada”, según concluyó la jueza al evaluar la declaración de Mario Pedro Goldhar, representante de la firma.
En su declaración indagaría, Vicat sostuvo que el dispositivo se lo había prestado el empresario “a modo personal”, pero la Jueza no creyó esa versión. “Obviamente” los relatos del acusado “se hallan “impregnados de un interés exculpatorio que no posee el testigo Goldhar” y porque “no existen probanzas que permitan avalarlos”.
“No tengo dudas de que el equipo secuestrado en la casa de Vicat se trata de un bien público que el encartado desvió de su efectivo curso”. Concluyó Butiérrez. “No se trata ni de una lapicera, una carpeta común y corriente o de material de librería fácilmente confundible con elementos de propiedad personal. Ni siquiera se trata de un fácilmente fundible o de un elemento de simple acceso al público en el mercado al momento de los hechos, puesto que se requerían autorizaciones especiales para su ingreso al país (…)”.
Al finalizar la lectura, Vicat dijo a Diagonales que está “conforme” con la absolución y adelantó que pedirá se inicie el proceso de destitución al Juez de Garantías César Melazo, quien fue el magistrado que controló el proceso durante la investigación penal preparatoria.
