En todos los gobiernos han existido irregularidades en la Oficina Anticorrupción, algo que siempre ha parecido una contradicción, por su dependencia de las autoridades ejecutivas de turno, sus funciones han sido más una cuestión de imagen que de transparencia y eficacia.
La llegada de Laura Alonso a la dependencia de la mano del PRO, fue la que más criticas despertó en la historia de la OA, sus declaraciones a los medios en hechos puntuales, ayudaron a desprestigiar la oficina y a que se discuta varias veces su idoneidad para el cargo.
Ahora nuevamente Alonso vuelve a disponer de una medida polémica y hasta de dudosa legalidad, como es el prorrogar la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.
A través de la Resolución 10-E/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial, Alonso prorrogó hasta el día 31 de julio de 2017 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales y Bajas 2016 aduciendo problemas “con los formularios de carga“.
Es muy sospechosa la conducta de Laura Alonso en su rol de titular de la oficina o secretaría encargada de la transparencia y la lucha contra la corrupción, ya que ha hecho todo lo posible por justificar irregularidades en las declaraciones juradas de funcionarios con inconsistencias, su posición frente a las denuncias de cuentas en paraísos fiscales por parte de funcionarios, sus consejos por televisión de como evitar incompatibilidades, no se puede especular con desconocimiento si tenemos en cuenta que fue director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.
La publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales a pesar de tener datos escasos han permitido descubrir irregularidades de las cuales el organismo no había emitido opinión por ejemplo, encontramos que Mariano Federici, nombrado por Macri al frente de la UIF, y que es el máximo responsable en Argentina de la lucha contra el lavado, declaró que su LanRover vale $0,02 y tiene su dinero en un paraíso fiscal. Federici consignó en su última DDJJ poseer el 50% de una LAND ROVER DEFENDER 2,4 por valor de $0,01, dinero en el país por $1200, el 50% de una casa de 205m2 en Estados Unidos por un valor de $1.159.950,00 (U$S 72.500) y dentro del apartado “Títulos y acciones en el Exterior” declaró tenencias en “CASTLERIGG INTERNATIONAL LIMITED” por $1.796.317,60, pero dijo que ese fondo opera en Estados Unidos, cuando en realidad el funcionario volcó sus inversiones a un paraíso fiscal dependiente de los Países Bajos.
El fondo “Castlerigg International Limited” tiene sede en la calle Kaya Flamboyan 9 en la isla de Curazao, en la misma dirección donde opera el fondo Citco cuya principal inversión es el petróleo crudo y el gas natural “SEC SIC CODE: 1311-CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS”. La isla de Curazao formó parte hasta el año 2010 de lo que se conocía como Antillas Holandesas.
Los funcionarios tendrán hasta el último día del mes de julio para poder ordenar sus DDJJy presentarlas segun exige la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y seguimos esperando que Laura Alonso cumpla con su función y solicite aclaraciones a los funcionarios con inconsistencias o conflicto de intereses.
Desde El Sindical la respuesta oficial de una empleada de la OA fue que el problema era de la AFIP y su sistema de carga de formularios, desde la AFIP a la fecha no nos han informado los motivos por los cuales al mes 5 no se han ocupado de solucionar dicho problema.
