La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, revocó el sobreseimiento administrativo con el que había sido beneficiado el personal de la Policía Federal que participó en el operativo de la denominada «masacre de Pompeya».
El hecho ocurrió el 25 de enero de 2005, cuando un supuesto ladrón que huía de la policía atropelló y mató a tres personas, entre ellas, un niño, frente a la Parroquia de la Virgen del Rosario de Pompeya.
El 7 de junio de 2007, el único acusado de la tragedia, Fernando Carrera, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 14 a la pena de 30 años de prisión.
Según la acusación, Carrera cometió un robo, huyó con un vehículo a su nombre, se tiroteó con la policía, recibió un balazo en la cara y atropelló a las tres víctimas, a las que mató. Por eso, además de por los tres homicidios, fue sentenciado por robo agravado, lesiones, abuso de arma y portación ilegítima de un arma de fuego.
La sentencia fue confirmada en mayo de 2008 por la Cámara de Casación Penal. Carrera siempre dijo ser inocente y denunció que la causa fue armada por la Policía Federal para ocultar un caso de «gatillo fácil». Negó que él huía de un procedimiento policial y que hubiera protagonizado una salidera bancaria.
Ahora, la familia de Carrera y su defensa, representada por los abogados Federico Ravina y Rocío Rodríguez López, piensa que la resolución de Garré puede ser un aval para el recurso extraordinario que presentaron en 2008 ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre otros puntos, en el informe firmado por Garré el 23 del mes pasado, se sostuvo: «Se ha cuestionado la utilización de los autos no identificables utilizados en el cerrojo policial inicial, en la persecución y en el tiroteo, la ocurrencia misma de disparos contrarios a las normas que regula la intervención policial, la utilización irregular de armamento y la propia racionabilidad en el empleo de la fuerza».
Ante «el grave mal desempeño», Garré resolvió dejar sin efecto el sobreseimiento parcial con el que se había beneficiado a siete integrantes de las brigadas de la comisaría 34a. y 36a.
La medida también alcanzó al por entonces jefe de la seccional 34a., Comisario Daniel Villar, hoy en disponibilidad. Según la ministra, el oficial cometió «graves faltas», La resolución de Garré ya la tiene la Corte Suprema de Justicia..
